El caso de Marcos Uzquiano Howard, un experimentado guardaparque boliviano, ha puesto
bajo el microscopio la situación de los defensores del medio ambiente en el país. Uzquiano,
con más de dos décadas de servicio, fue removido de su cargo como jefe de protección de la
Reserva de la Biosfera Estación Biológica del Beni el 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, tras
un fallo judicial en su favor, ha sido reincorporado. Este desenlace, aunque alentador, deja
interrogantes sobre las condiciones estructurales en las que trabajan los protectores de la
biodiversidad.
El tribunal que resolvió a favor de Uzquiano no solo ordenó su reincorporación, sino que
también dictó medidas de protección para garantizar su seguridad. Este fallo, impulsado por la
Defensoría del Pueblo, representa un avance importante en la lucha por los derechos de los
defensores ambientales. Sin embargo, Uzquiano continúa enfrentando un entorno laboral
marcado por el hostigamiento y la falta de recursos.
Su destitución, ampliamente criticada por sectores ambientalistas, expuso las tensiones entre
los intereses de conservación y las presiones económicas que favorecen actividades ilícitas
como la minería y la caza furtiva. Aunque su reincorporación es un triunfo simbólico, plantea
una pregunta crítica: ¿es suficiente proteger a una persona sin abordar las causas profundas de
la desprotección de quienes defienden el medio ambiente?
La cobertura mediática del caso Uzquiano fue crucial para presionar a las autoridades y
visibilizar los riesgos inherentes al trabajo en las áreas protegidas de Bolivia. Este caso no debe
ser solo una noticia más, sino un punto de partida para un análisis más profundo de la relación
entre el Estado, las comunidades locales y los intereses privados.
El periodismo puede desempeñar un papel transformador en este contexto. Documentar no
solo los casos individuales, sino también los patrones sistemáticos de persecución y
desprotección, es esencial para generar cambios. Además, los medios pueden amplificar la voz
de comunidades afectadas, muchas veces invisibilizadas, que dependen directamente de la
conservación de los ecosistemas.
La experiencia de Uzquiano es emblemática de un desafío estructural. Bolivia, uno de los países
más biodiversos del mundo, enfrenta una creciente presión sobre sus áreas protegidas debido
a la expansión de la frontera agrícola, la minería ilegal y la explotación forestal. Mientras los
guarda parques luchan en la primera línea, su labor es constantemente socavada por la falta de
financiamiento, políticas inconsistentes y, en ocasiones, complicidad estatal.
Desde Cecasem, enfatizamos que proteger a los defensores ambientales no puede limitarse a
medidas individuales. Es necesario un enfoque integral que incluya un fortalecimiento
institucional, un marco legal efectivo y un cambio cultural que valore y respalde la
conservación ambiental.
El caso de Marcos Uzquiano nos recuerda que, aunque las victorias legales son importantes, no
son suficientes. Se necesita un compromiso sostenido por parte de todos los sectores de la
sociedad. La reincorporación de Uzquiano debe ser vista como un paso adelante, pero no como
la solución definitiva.
Los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones públicas
tienen la responsabilidad de garantizar que los defensores del medio ambiente no solo sean
protegidos, sino también empoderados para continuar su labor vital. Este es un momento para
reflexionar sobre el tipo de desarrollo que queremos para Bolivia y el lugar que ocupan
nuestros recursos naturales en ese futuro.
