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Santa Cruz vuelve a estar bajo el agua. Y no es una metáfora. La declaratoria de desastre departamental, oficializada mediante el Decreto Departamental N° 512, confirma lo que desde hace semanas se percibía en las comunidades: la emergencia superó toda capacidad de respuesta local. Las lluvias intensas, las crecidas sostenidas de ríos, los desbordes y los deslizamientos ya no son episodios aislados, sino parte de un escenario que se repite con una frecuencia cada vez más alarmante.
Fuente: EFE
Municipios como El Torno, Porongo, Warnes y Montero han sido golpeados con fuerza. Viviendas inundadas, familias evacuadas, animales perdidos, caminos destruidos y extensas áreas productivas bajo el agua son hoy parte del paisaje cotidiano. El reconocimiento oficial de que la situación ha sobrepasado la capacidad técnica, operativa y financiera del Gobierno Autónomo Departamental no solo evidencia la magnitud del problema, sino que desnuda una realidad incómoda: Bolivia sigue reaccionando a los desastres, pero no gestionando el riesgo.
Los informes técnicos son contundentes. Santa Cruz enfrenta un desastre hidrometeorológico en desarrollo, marcado por una variabilidad climática extrema y por la modificación crítica de los cauces de los ríos. El río Grande, junto a los ríos Piraí, Yapacaní, Ichilo y Parapetí, concentra gran parte de los 198 puntos críticos activos identificados en el departamento. No se trata solo de agua que sube; se trata de sistemas naturales alterados, de cuencas debilitadas y de una planificación territorial que no ha incorporado el riesgo como eje central.
Las cifras son calaras y al mismo tiempo, alarmantes. Se estima un área susceptible de inundación de 356.409 hectáreas, con 254.972 personas en riesgo directo y más de 2,2 millones en riesgo indirecto. A esto se suman los daños en infraestructura vial, comunidades rurales, ecosistemas estratégicos y zonas productivas que sostienen la economía regional y nacional. El impacto ya no es solo local: existe un riesgo interdepartamental, especialmente hacia el Beni, lo que confirma que las emergencias climáticas no respetan límites administrativos.
En este contexto, la gestión de riesgos deja de ser un concepto técnico y se convierte en una cuestión de derechos humanos. Cuando una familia pierde su casa, cuando una comunidad queda aislada por la destrucción de caminos, cuando la producción agrícola se pierde bajo el agua, no estamos solo ante un evento natural. Estamos ante la vulneración del derecho a la vivienda, a la alimentación, a la salud y a la seguridad económica.
Fuente: Abya Yala
La declaratoria de desastre departamental también expone otro problema estructural: la falta de recursos. La Gobernación cruceña ha reconocido que no cuenta con fondos suficientes para atender nuevas emergencias con recursos propios. Esta situación revela la fragilidad financiera de los gobiernos subnacionales frente a eventos cada vez más frecuentes y severos. La gestión de riesgos no puede depender únicamente de la disponibilidad coyuntural de fondos, ni de decretos que llegan cuando el agua ya lo cubrió todo.
Desde la perspectiva de Cecasem, lo ocurrido en Santa Cruz obliga a una reflexión profunda. Bolivia sigue apostando por respuestas tardías, cuando lo que se necesita con urgencia es prevención, planificación y educación comunitaria en gestión de riesgos. Las inundaciones no son una sorpresa. Los mapas de riesgo existen, los puntos críticos están identificados y las advertencias se repiten año tras año. Sin embargo, las acciones estructurales siguen siendo insuficientes.
Las comunidades más afectadas suelen ser también las más vulnerables: familias rurales, mujeres jefas de hogar, niños y niñas, personas adultas mayores, productores pequeños que pierden en días el trabajo de años. Para ellas, un desastre no termina cuando baja el agua. Continúa en la pérdida de ingresos, en la inseguridad alimentaria, en el desplazamiento forzado y en la exposición a nuevas formas de violencia y precariedad.
Fuente: Agro Sinergia
La gestión de riesgos no puede seguir siendo entendida solo como respuesta a la emergencia. Debe ser una política transversal que articule ordenamiento territorial, protección ambiental, inversión pública, participación comunitaria y enfoque de derechos. De lo contrario, Santa Cruz —y otros departamentos— seguirán entrando y saliendo de declaratorias de desastre sin que cambie el fondo del problema.
Hoy, Santa Cruz pide auxilio. Pero más allá de la ayuda inmediata que sin duda es necesaria, el país necesita aprender. Cada inundación debería dejarnos una lección. Cada decreto de desastre debería empujarnos a repensar cómo habitamos el territorio, cómo protegemos nuestros ríos y cómo reducimos la exposición de las personas más vulnerables.
Desde Cecasem, reiteramos que la gestión de riesgos es también una forma de justicia social. Prevenir desastres es proteger vidas, es cuidar la seguridad alimentaria, es garantizar que las comunidades no sigan pagando el precio más alto de un modelo que prioriza la reacción antes que la prevención. Santa Cruz está bajo el agua hoy, pero si no cambiamos el enfoque, mañana puede ser cualquier otro rincón del país.
Por: Brian C. Dalenz Cortez - Cecasem
