El municipio de San Borja del departamento de Beni, presenta desafíos socioeconómicos, por lo que se planteó desarrollar un proyecto para prevenir la trata de personas con fines de explotación sexual. Liderado por mujeres del área urbana y rural, adolescentes, jóvenes y adultas. Con el proyecto se redujo los factores de riesgo mediante acciones de prevención y sensibilización, en colaboración con autoridades locales, operadores de justicia, la comunidad educativa y organizaciones sociales.
Una de las acciones clave del proyecto fue el fortalecimiento de la Organización de Reivindicación Social de los Derechos de las Mujeres (ORSDM). Esta organización se convirtió en un actor importante en la incidencia política, situando los intereses y la calidad de vida de las mujeres en el centro de la política pública municipal. A través de procesos participativos sostenibles, la comunidad educativa ha generado una reacción crítica frente a las desigualdades que atentan contra los derechos fundamentales de las mujeres y afecto la vida de adolescentes y jóvenes.
El proyecto también ha potenciado las capacidades de los operadores de justicia, permitiéndoles cumplir con las obligaciones de la política pública nacional contra la trata de personas. Este esfuerzo incluyó la formación y preparación de fiscales, policías y otras autoridades locales para identificar, prevenir y actuar ante situaciones de trata, con un enfoque de derechos humanos y de género.
El contexto de San Borja, caracterizado por la pobreza extrema, desigualdades de género y falta de oportunidades educativas, hace a sus habitantes, especialmente a las y los jóvenes, vulnerables a las redes de trata. Muchos de ellos migran a otras ciudades en busca de mejores oportunidades, sin estar conscientes de los peligros asociados a empleos precarios y sin información adecuada. Esta migración, motivada por sueños y expectativas de una vida mejor, los convierte en víctimas potenciales de explotación.
Para combatir este problema, el proyecto ha establecido una red de prevención que incluye unidades educativas, sociedad civil, operadores de justicia, autoridades locales indígenas originarias campesinas, juntas vecinales y municipalidades. Esta red trabaja activamente en la sensibilización sobre los riesgos de la trata de personas y en la creación de mecanismos de protección para los jóvenes.
El proyecto en San Borja fue un avance en la lucha contra la trata de personas. Que fortaleció las capacidades de las mujeres y de los operadores de justicia, y al fomentar la participación activa del municipio, se ha creado una base sólida para la prevención y protección de los jóvenes vulnerables.
