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En Bolivia, el año apenas ha cruzado su segundo mes y la cifra ya pesa como una advertencia: 11 mujeres asesinadas por violencia machista entre el 1 de enero y el 17 de febrero de 2026, según el Ministerio Público. Son 11 historias interrumpidas, 11 familias que entran —a la fuerza— en un laberinto de trámites, duelo y exigencia de justicia, y un país que vuelve a mirarse al espejo en el peor momento.
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El caso más reciente se registró en Rurrenabaque, Beni, una región que conoce de cerca las brechas de acceso a justicia, atención especializada y prevención sostenida. Ruth Y. M. S., de 25 años, fue hallada sin vida en el domicilio que compartía con su concubino, Noel J. G. A., de 40, actualmente aprehendido. El reporte fiscal y policial preliminar señala lesiones visibles y la hipótesis de golpes como causa de muerte, en un contexto donde, de acuerdo con la declaración inicial del sospechoso, hubo consumo de alcohol y una discusión la noche anterior. La investigación está en curso, pero la escena ya resulta dolorosamente familiar: una mujer muerta en el espacio que debía ser refugio, y un entorno que llega tarde, como tantas veces, cuando el daño es irreversible.
Lo que vuelve esta cifra aún más inquietante no es solo el número, sino el ritmo. Once feminicidios en los primeros 40 y tantos días del año colocan la violencia en modo “urgencia” desde enero, sin esperar a que el calendario avance. Y el mapa también dice mucho: La Paz encabeza el registro con cuatro casos; Cochabamba, Santa Cruz y Oruro reportan dos cada uno; Beni ingresa este año con el caso de Rurrenabaque. Pando, Potosí, Chuquisaca y Tarija, de acuerdo con el reporte, no registran casos en el periodo analizado.
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Detrás de esos conteos se repite un patrón que no se puede maquillar con eufemismos: la mayoría de los hechos ocurre en contextos de relación afectiva o convivencia, donde el agresor forma parte del círculo íntimo de la víctima, y donde la violencia previa suele existir aunque no siempre haya quedado registrada. El propio resumen oficial de casos difundido por ABI describe recurrencias que se han vuelto constantes en Bolivia: agresiones extremas, hechos dentro del entorno familiar o de pareja, y escenarios atravesados por consumo de alcohol, fiestas o discusiones domésticas.
El balance de los 11 casos de 2026 —tal como se ha ido reconstruyendo desde reportes fiscales y cobertura periodística— dibuja una cadena de violencia que cambia de lugar, pero no de lógica. En enero, por ejemplo, se reportó un caso en Puerto Quijarro (Santa Cruz) con un componente letal directo y brutal. En El Alto, se registró el asesinato de una joven que llegó sin vida a un centro médico tras una golpiza atribuida a su esposo, posterior a una actividad social; en Charazani (La Paz), se investiga la muerte de una mujer con hipótesis de asfixia y búsqueda del sospechoso. En Cochabamba se reportaron casos bajo investigación en espacios de alojamiento o vivienda, y en Oruro dos hechos reflejan el mismo hilo conductor: violencia ejercida por la pareja, con desenlaces fatales.
Oruro ilustra otro elemento preocupante: cuando la violencia intenta camuflarse. Un caso en carretera, inicialmente reportado como accidente, fue reencauzado por pericias que detectaron lesiones incompatibles con esa versión, derivando en aprehensión del esposo. Ese detalle no es menor: significa que, incluso después de la muerte, todavía hay intentos de borrar el rastro, torcer la historia, convertir el crimen en “fatalidad” para eludir responsabilidad penal.
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Este panorama se vuelve todavía más sensible por el momento del año. Febrero suele traer carnavales y una agenda social intensa. En muchas ciudades y municipios se activan campañas para prevenir excesos, accidentes, peleas y violencia. Sin embargo, la realidad vuelve a recordar que los mensajes, cuando no van acompañados de presencia institucional efectiva, atención oportuna y sanción, se quedan cortos. El caso de Rurrenabaque aparece precisamente en este tramo, y vuelve a poner sobre la mesa el rol del consumo de alcohol como factor de riesgo en dinámicas violentas, sin convertirlo en excusa: el alcohol no “causa” feminicidios por sí solo, pero sí aparece reiteradamente como contexto que agrava agresiones, facilita la pérdida de control, incrementa la vulnerabilidad y reduce la reacción del entorno. Lo decisivo sigue siendo la violencia machista y la impunidad que la sostiene.
Para dimensionar el problema, basta mirar el año anterior. En 2025, reportes vinculados a Fiscalía y cobertura internacional mencionan 81 feminicidios en el país, además de decenas de miles de casos enmarcados en la Ley 348. Dicho de otro modo: no estamos ante episodios aislados, sino ante una crisis sostenida que, cada enero, vuelve a empezar como si nada hubiera cambiado lo suficiente.
Y aquí es donde el debate deja de ser solo estadístico y se vuelve político, institucional y ético. ¿Qué más se puede hacer para que estas situaciones no avancen hasta el punto de no retorno? La respuesta no puede reducirse a “más patrullajes” o a “más campañas” como si fueran parches estacionales. Se necesita un enfoque que corte la violencia antes de que llegue al golpe final: alertas tempranas reales, rutas de denuncia que no revictimicen, medidas de protección que se cumplan, y sanciones rápidas cuando existen riesgos claros.
El Estado, en todos sus niveles, tiene responsabilidades concretas que no admiten discursos repetidos. La justicia debe actuar con celeridad, sin dilaciones que desgastan a las familias y sin fallas que permitan que agresores reincidan. La Policía y la FELCV requieren recursos, formación permanente, y presencia territorial efectiva, especialmente en zonas donde denunciar implica recorrer kilómetros o exponerse al agresor. Los municipios deben sostener —no improvisar— servicios de atención psicológica, legal y social, con presupuesto y personal suficiente, y con redes comunitarias que acompañen a la víctima cuando todavía está viva y buscando salida. El sistema de salud tiene que detectar señales de violencia en consultas y emergencias; y el sistema educativo debe trabajar prevención con enfoque de género desde edades tempranas, no como “tema extra”, sino como parte de la protección integral.
La sociedad civil también tiene un rol incómodo pero imprescindible: dejar de mirar a un lado. En demasiadas historias, alguien escuchó gritos, vio moretones, supo de humillaciones, normalizó amenazas, o pensó que “es cosa de pareja”. Esa indiferencia es terreno fértil para el agresor. Y en épocas como carnavales —cuando el ruido social lo tapa todo— el silencio se vuelve todavía más peligroso.
Desde Cecasem, este golpe nos toca doblemente porque Rurrenabaque es un territorio de trabajo y de compromiso. Y justamente por eso el mensaje debe ser claro: la prevención no es un eslogan, es una tarea diaria; y la lucha contra la violencia no puede depender del calendario, de una fecha conmemorativa o de un titular. Cecasem reafirma su apuesta por la protección de derechos, la prevención comunitaria, el fortalecimiento de redes de apoyo y la exigencia de respuestas institucionales efectivas. Hoy, cuando el país suma 11 feminicidios en menos de dos meses, lo mínimo que podemos hacer como sociedad es negarnos a la costumbre: nombrar lo que ocurre, exigir justicia sin demoras, proteger a quienes aún pueden ser protegidas y construir entornos donde pedir ayuda no sea un salto al vacío, sino un camino seguro.
Por: Brian C. Dalenz Cortez
