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Bolivia vuelve a medir su crisis en carreteras cerradas, mercados tensionados y hospitales con insumos insuficientes. Tras cumplirse un mes de bloqueos y protestas, el país no solo enfrenta una disputa política prolongada, sino una fractura económica y social que empieza a sentirse con mayor dureza en los hogares que viven al día, en las mujeres que sostienen el cuidado familiar, en las niñas y niños que dependen de la alimentación diaria, en pacientes que esperan atención médica y en productores que ven perderse su trabajo antes de llegar al mercado.
La pregunta ya no es únicamente cuánto tiempo más durará el conflicto, sino cuánto daño acumulado puede soportar una sociedad antes de que la crisis deje de ser coyuntural y se convierta en deterioro permanente. Al cierre de mayo, distintos reportes confirmaban que Bolivia cumplía alrededor de 30 días de bloqueos, con La Paz como uno de los departamentos más golpeados por el cerco y con dificultades en el ingreso de alimentos, carburantes y medicamentos. La Central Obrera Boliviana ratificó la continuidad de las medidas, aunque anunció la apertura de corredores humanitarios para ambulancias, alimentos, medicamentos y oxígeno; al mismo tiempo, otros sectores campesinos evaluaban si acudían o no al diálogo convocado por el Gobierno.
Imagen generada por IA.
El origen inmediato del conflicto se encuentra en una combinación de demandas económicas, políticas y sectoriales que fueron escalando hasta convertirse en una presión nacional sobre rutas estratégicas. Los sectores movilizados expresan rechazo a la gestión gubernamental, al deterioro económico, al encarecimiento de la vida y a la falta de respuestas concretas frente a problemas que se arrastran desde hace meses: escasez de combustibles, inflación, falta de dólares, incertidumbre productiva y desconfianza institucional. En ese contexto, los bloqueos dejaron de ser una medida aislada para convertirse en un mecanismo de presión extendido, con impacto directo sobre la circulación de alimentos, medicamentos, oxígeno, combustibles e insumos productivos.
La dimensión económica es una de las más visibles. Un informe difundido por Correo del Sur estimó que las pérdidas nacionales por los conflictos y bloqueos fluctúan entre 19,30 millones y 83,64 millones de dólares por día; bajo un escenario de 28 días de conflicto, las afectaciones acumuladas a nivel nacional oscilarían entre 540 millones y 2.341 millones de dólares. En Chuquisaca, el daño diario fue estimado entre 1,02 millones y 4,43 millones de dólares, con pérdidas acumuladas de entre 28 millones y 124 millones en ese mismo periodo.
Estas cifras muestran una realidad que muchas veces se pierde en el debate político: un bloqueo no paraliza solamente al Gobierno. Paraliza al productor que no logra transportar su cosecha, al comerciante que no puede abastecer su puesto, al chofer que deja de generar ingresos, al restaurante que cierra por falta de provisiones, al hospital que reduce procedimientos por falta de insumos y a la familia que termina pagando más por comer menos. En La Paz, la crisis de abastecimiento llevó al cierre temporal de restaurantes del centro por falta de provisiones, mientras que el sector agropecuario alertó que más de 1.000 toneladas de carne permanecían varadas en puntos de bloqueo.
El turismo también comenzó a registrar pérdidas severas. El Ministerio de Turismo reportó Bs 900 millones de afectación durante 27 días de movilizaciones, mientras que semanas antes Abatur había advertido pérdidas de Bs 3,8 millones por día por cancelaciones y reconsideración de viajes de visitantes. La industria, las exportaciones, la agropecuaria, la gastronomía, el transporte y el comercio informal forman parte de una misma cadena golpeada por la interrupción prolongada de rutas. Cuando esa cadena se rompe, el daño se distribuye de forma desigual: las empresas pueden registrar pérdidas contables, pero las familias pobres enfrentan consecuencias inmediatas en alimentación, salud y estabilidad diaria.
La seguridad alimentaria es el punto más sensible. La Paz y El Alto dependen de rutas interdepartamentales para sostener el ingreso regular de alimentos desde distintas regiones productivas. El problema no se reduce a que haya o no alimentos en los puestos de venta. La seguridad alimentaria implica disponibilidad, acceso económico, estabilidad y calidad nutricional. Una ciudad puede seguir teniendo comida y al mismo tiempo, entrar en riesgo alimentario si los precios se vuelven inaccesibles para una parte importante de la población.
No son pocos quienes han comenzado a mencionar uno de los episodios más conocidos de la historia boliviana: el cerco de Túpac Katari a La Paz en 1781. Aquel sitio, que se prolongó por aproximadamente 109 días, quedó grabado en la memoria colectiva por sus efectos sobre el abastecimiento y la vida cotidiana de la ciudad. Salvando las enormes diferencias históricas y políticas entre ambos acontecimientos, la referencia reaparece porque pone en evidencia una preocupación recurrente: qué ocurre cuando una ciudad depende de rutas que pueden quedar interrumpidas durante largos periodos de tiempo.
Desde la mirada de Cecasem, esta crisis tiene un rostro profundamente desigual. Las mujeres suelen cargar con la administración cotidiana de la escasez: decidir qué se compra, qué se reemplaza, qué comida se estira, qué gasto se posterga y cómo se sostiene emocionalmente a la familia cuando la incertidumbre se instala en la mesa. En contextos de crisis, el cuidado se encarece y se intensifica. No es solo que suban los precios; aumenta también la presión sobre quienes sostienen la vida diaria. Una madre que debe recorrer mercados buscando alimentos más baratos, una abuela que cuida niños mientras no hay clases normales, una comerciante que pierde mercadería por falta de abastecimiento o una trabajadora informal que deja de vender porque no hay transporte están viviendo la crisis desde el cuerpo y el tiempo, no desde los discursos.
La niñez es otro sector directamente expuesto. Organizaciones de la sociedad civil advirtieron que niñas, niños y adolescentes están sufriendo los efectos de la violencia y los bloqueos, con restricciones en acceso a salud, alimentación y protección, interrupciones educativas y contextos de encierro, miedo e incertidumbre. Esa advertencia debería tomarse con seriedad. Los conflictos prolongados no solo suspenden clases o dificultan el transporte; también alteran rutinas, generan ansiedad, exponen a niños a discursos de odio y reducen la capacidad de los hogares para garantizar alimentación y cuidado estable.
El impacto sanitario agrega una capa más grave. El Hospital del Niño anunció la suspensión temporal de cirugías y procedimientos que requerían oxígeno medicinal debido a las dificultades de abastecimiento por bloqueos y movilizaciones en La Paz. Otros reportes alertaron que cuatro recién nacidos estaban en riesgo por falta de oxígeno. Cuando una medida de presión impide que oxígeno, medicamentos o pacientes lleguen a tiempo, el conflicto deja de ser una disputa política y se convierte en una amenaza directa al derecho a la vida. El corredor humanitario anunciado por la COB es importante, pero llega después de semanas de tensión y no resuelve por sí solo el problema estructural: Bolivia no puede depender de permisos excepcionales para garantizar alimentos, salud y atención de emergencia.
La situación también expone el límite de la respuesta estatal. El Gobierno anunció medidas como la creación de un Consejo Económico y Social para enfrentar la crisis y buscar acuerdos, además de haber recurrido a mecanismos logísticos para sostener el abastecimiento en momentos críticos. Sin embargo, la persistencia del conflicto muestra que la gestión institucional sigue llegando tarde frente a una conflictividad que avanza más rápido que la capacidad de diálogo. Un país no puede enfrentar cada crisis alimentaria, sanitaria o energética como si fuera un episodio aislado. La repetición de bloqueos demuestra una debilidad de fondo: falta de acuerdos mínimos, rutas humanitarias preestablecidas, sistemas de abastecimiento resilientes y mecanismos institucionales capaces de prevenir que la protesta social termine castigando a quienes menos responsabilidad tienen en el conflicto.
El daño a largo plazo será más difícil de medir que las pérdidas diarias. La economía puede calcular millones de dólares perdidos, pero no siempre mide el deterioro nutricional de una familia que dejó de comprar proteína durante semanas, la ansiedad de niños encerrados por miedo a enfrentamientos, la pérdida de ingresos de una comerciante informal, la deuda acumulada de pequeños productores, el cierre de negocios familiares o la pérdida de confianza en la convivencia democrática. Tampoco mide plenamente el efecto sobre mujeres cuidadoras, que absorben en silencio la administración doméstica de la crisis.
Bolivia necesita discutir con mayor seriedad los límites éticos de la protesta y las obligaciones del Estado. El derecho a la movilización existe y debe ser protegido en una democracia, pero no puede ejercerse a costa de bloquear indefinidamente alimentos, oxígeno, medicamentos o atención de emergencia. Del mismo modo, el Estado tiene la obligación de garantizar el diálogo, evitar la violencia y proteger derechos fundamentales sin convertir la crisis en una excusa para profundizar la confrontación. La salida no puede ser únicamente policial ni únicamente discursiva. Debe ser política, social y humanitaria.
Después de más de 30 días, el país ya no está frente a un simple conflicto sectorial. Está frente a una prueba de responsabilidad colectiva. Los bloqueos han mostrado la fragilidad del sistema económico, la dependencia extrema de rutas carreteras, la vulnerabilidad del abastecimiento urbano y el peso invisible que recae sobre mujeres, infancias, adultos mayores, pacientes y trabajadores informales. También han mostrado algo más incómodo: en Bolivia, los costos de las disputas políticas casi siempre terminan pagándolos quienes menos capacidad tienen para protegerse.
La pregunta de fondo no es solo cuánto pierde Bolivia por día. La pregunta es cuántas vidas se deterioran mientras el país calcula pérdidas.
Por: Brian C. Dalenz Cortez
