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TIERRA, PODER Y EL CONFLICTO ESTRUCTURAL QUE BOLIVIA VUELVE A IGNORAR
En Bolivia, las marchas indígenas nunca han sido hechos aislados. Son, más bien, el punto visible de tensiones profundas que el país arrastra desde hace décadas. Hoy, una nueva movilización avanza desde la Amazonía hacia la ciudad de La Paz, atravesando carreteras, comunidades y silencios. No es solo una caminata de protesta. Es una advertencia.
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La actual marcha indígena y campesina tiene su origen inmediato en la promulgación de la Ley 1720, el pasado 8 de abril, una normativa que modifica la clasificación de la propiedad agraria en el país. Presentada por el gobierno como una herramienta para fortalecer al pequeño productor, facilitar el acceso al crédito y dinamizar la economía rural, la ley ha sido recibida con desconfianza por una amplia articulación de organizaciones indígenas, campesinas y ambientales.
El cuestionamiento no es menor. La norma permite que tierras consideradas pequeñas puedan ser recategorizadas como propiedades medianas, manteniendo ciertos beneficios previos y flexibilizando controles. Entre los aspectos más sensibles se encuentra la suspensión de la verificación de la Función Económico-Social por un periodo prolongado, lo que en la práctica reduce la capacidad del Estado para fiscalizar el uso de la tierra. Este elemento ha sido señalado por especialistas como una puerta abierta a la expansión de la frontera agrícola, la reconversión de suelos y el incremento de la deforestación en regiones ya altamente presionadas.
Para comprender la magnitud del conflicto, es necesario mirar más allá de la ley. Bolivia tiene una historia marcada por disputas en torno a la tierra. Desde la Reforma Agraria de 1953, que buscó redistribuir la propiedad agraria tras siglos de concentración, hasta los procesos de saneamiento y reconocimiento de territorios indígenas en las últimas décadas, el acceso y control de la tierra ha sido un eje central de conflicto político, económico y social. La expansión del modelo agroindustrial, particularmente en el oriente del país, ha intensificado estas tensiones, consolidando a sectores productivos con alta capacidad económica y creciente influencia en la toma de decisiones.
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En ese contexto, la Ley 1720 no aparece como un hecho aislado, sino como una pieza más dentro de un proceso de reconfiguración del modelo agrario. Diversos análisis coinciden en que la norma podría favorecer a sectores agroindustriales que, durante años, han operado bajo esquemas de fragmentación de tierras para beneficiarse de la categoría de pequeña propiedad. La posibilidad de recategorizar estos predios, sumada a la flexibilización de controles, plantea un escenario donde la tierra se consolida como un activo económico cada vez más integrado a lógicas de mercado.
Sin embargo, esta visión contrasta profundamente con la concepción que tienen los pueblos indígenas sobre el territorio. Para estas comunidades, la tierra no es únicamente un medio de producción, sino un espacio de vida, identidad y continuidad cultural. La posibilidad de que estos territorios entren en dinámicas de hipoteca, venta o reconversión productiva no representa una oportunidad, sino una amenaza estructural.
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A esto se suma un elemento crítico: la ausencia de consulta previa, libre e informada. La aprobación de la norma sin este proceso ha sido interpretada como una vulneración directa de derechos colectivos reconocidos en la Constitución y en convenios internacionales. Este hecho no solo ha generado rechazo, sino que ha terminado de activar la movilización.
La marcha, que comenzó en el departamento de Pando, ha ido sumando adhesiones a lo largo de su recorrido. Más de treinta organizaciones indígenas y campesinas han articulado sus demandas en torno a la abrogación de la ley, pero también a una discusión más amplia sobre el modelo de desarrollo en Bolivia. El 14 de abril, un encuentro nacional por la tierra y el territorio consolidó este respaldo, evidenciando que el conflicto trasciende una coyuntura específica.
El recorrido ha estado marcado por dificultades significativas. Las largas distancias, la falta de recursos, las condiciones climáticas y la limitada cobertura mediática configuran un escenario donde la movilización avanza con esfuerzo, pero con escasa visibilidad. Esta invisibilización no es un hecho menor. Refleja una constante en el país: las problemáticas que afectan a territorios alejados del eje central suelen quedar fuera del debate público hasta que alcanzan niveles de conflicto más altos.
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En paralelo, el gobierno ha intentado abrir espacios de diálogo. Comisiones de alto nivel se han desplazado hacia puntos estratégicos de la marcha, logrando acuerdos parciales con algunas comunidades. Sin embargo, el núcleo de la movilización se mantiene firme, lo que evidencia que el problema no responde únicamente a desinformación o falta de comunicación, sino a diferencias estructurales en la comprensión del territorio.
La postura oficial ha sido clara: la ley no será revertida. Desde el Ejecutivo se sostiene que la normativa no afecta territorios indígenas ni áreas protegidas, y que su objetivo es fortalecer la producción y el acceso a financiamiento. No obstante, estas afirmaciones no han logrado reducir la desconfianza, en parte porque no abordan las preocupaciones centrales sobre control territorial, impacto ambiental y concentración de tierras.
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El componente ambiental del conflicto es particularmente relevante. Bolivia se encuentra entre los países con mayores tasas de deforestación en la región, especialmente en la Amazonía y el oriente. La expansión de la frontera agrícola, impulsada por la demanda de cultivos como la soya, ha sido uno de los principales motores de esta transformación. En este contexto, cualquier medida que flexibilice el uso del suelo o reduzca los controles estatales tiene implicaciones directas sobre los ecosistemas, la biodiversidad y el equilibrio climático.
Para las comunidades indígenas, estos impactos no son abstractos. Se traducen en pérdida de bosques, degradación de suelos, reducción de fuentes de agua y alteración de sus formas de vida. La defensa del territorio, en este sentido, no es solo una demanda política, sino una necesidad de supervivencia.
Al 27 de abril, la marcha continúa su avance hacia La Paz. No hay señales claras de una resolución inmediata. Las demandas se mantienen, el gobierno sostiene su postura y el conflicto sigue abierto. Lo que sí ha quedado en evidencia es una brecha persistente entre las decisiones tomadas a nivel central y las realidades vividas en el territorio.
Desde una perspectiva institucional, lo que está en juego no es únicamente una ley, sino la capacidad del Estado para construir políticas públicas que reconozcan la diversidad territorial del país. Las comunidades que hoy marchan no solo reclaman la abrogación de una norma, sino un lugar real en la toma de decisiones.
Bolivia enfrenta, una vez más, una pregunta que ha evitado responder de manera estructural: ¿quién define el futuro del territorio? Porque cuando quienes lo habitan y lo cuidan deben recorrer cientos de kilómetros para ser escuchados, el problema deja de ser normativo y se convierte en una señal clara de desconexión entre el Estado y su propia base social.
Y esa desconexión, más allá de cualquier ley, es el verdadero conflicto que el país sigue sin resolver.
Por: Brian C. Dalenz Cortez
