Mientras los ojos del país se enfocan en las elecciones, la economía o los conflictos políticos, un enemigo silencioso avanza entre nosotros: el sarampión. Esta es una enfermedad que creíamos del pasado, pero que hoy vuelve a poner en riesgo la vida de niñas y niños en Bolivia. Esto no es una casualidad, es una consecuencia ya que el brote actual no solo revela una crisis sanitaria, sino también el fracaso de un sistema que no logra garantizar un derecho básico: la vacunación.
Según el viceministro de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, Max Enríquez, informó que Bolivia registra 148 caso confirmados de sarampión en Bolivia, una cifra que refleja la verdad de nuestra salud pública y esto significa la reaparición de una enfermedad altamente contagiosa y que por sobre todo pudo ser evitable. Desde 2002 no se registraban casos de transmisión autóctona en el país y hoy volvió por fallas, no por azar.
La cobertura de vacunación ha disminuido dramáticamente en los últimos años. Según un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en 2023, menos de la mitad de los niños recibió las dos dosis necesarias para estar protegidos. Y aunque se hable de casos “importados”, lo cierto es que esos virus encontraron terreno fértil en un país donde miles de niñas y niños no tienen un acceso digno a servicios de salud, mucho menos a esquemas completos de inmunización.
En comunidades rurales y territorios indígenas, la situación es aún más grave. Las brigadas no siempre llegan, los puestos de salud no tienen personal y las familias a menudo no tienen información clara ni recursos para trasladarse. En la Amazonía, por ejemplo, madres jóvenes deben caminar horas para acceder a un centro de salud, solo para descubrir que las vacunas aún no llegaron. Y en zonas urbanas de ciudades como El Alto o Santa Cruz, muchas familias trabajadoras viven al día, sin posibilidad de faltar al trabajo para llevar a vacunar a sus hijos.
Las consecuencias ya se sienten: niiños hospitalizados, escuelas en alerta y la población angustiada ante este hecho. Esta no es solo una alerta sanitaria, es también una alerta social puesto que los más afectados, siempre son los más vulnerables.
La mala planificación en salud, el abandono a las comunidades y la ausencia de campañas informativas efectivas son parte de una cadena de decisiones fallidas. Porque vacunar no es sólo aplicar una dosis, es garantizar acceso, información y acompañamiento.
Porque una vacuna que no llega a tiempo, también es una forma de violencia, porque la salud también es sinónimo de soberanía y porque ningún niño o niña debería enfermar por falta de voluntad de las autoridades. Prevenir es un derecho y en Bolivia garantizar debería ser una prioridad real.
Autor Monserrath Murillo
