Bolivia atraviesa uno de los momentos económicos más difíciles de las últimas décadas. El aumento constante de precios, la escasez de combustibles, la falta de dólares y un sistema económico agotado han puesto a prueba la resistencia de la población. A medida que la crisis se intensifica, los hogares bolivianos enfrentan una canasta familiar inalcanzable, mientras las tensiones sociales crecen en todo el país.
Hasta abril de este año, la inflación interanual superó el 15%, con un alza del 24% en productos alimenticios. Bolivia se ubica ya entre los países con mayor inflación de Sudamérica, solo por debajo de Venezuela y Argentina, según datos de El País.
Los precios de productos esenciales como el arroz, la carne y el pescado han subido hasta un 58% en los últimos doce meses. Este encarecimiento ha obligado a muchas familias a reducir sus comidas diarias, afectando gravemente su nutrición y su calidad de vida, tal como reportó Reuters en un reciente informe desde los mercados paceños.
La crisis energética se ha convertido en un factor crítico del deterioro económico. Bolivia importa actualmente el 86% del diésel y el 56% de la gasolina que consume. La escasez de divisas ha hecho cada vez más difícil la adquisición de estos recursos en el mercado internacional.
Las consecuencias se sienten en todos los sectores: largas filas en estaciones de servicio, transporte interrumpido y cosechas en riesgo por falta de maquinaria operativa. Aunque el gobierno ha autorizado la importación privada de carburantes y priorizado el suministro para áreas estratégicas, estas medidas no han logrado estabilizar el abastecimiento ni frenar la frustración ciudadana.
La caída de las exportaciones de gas y minerales ha reducido de manera alarmante las reservas internacionales. Ante la imposibilidad de acceder a divisas por vías oficiales, ha emergido un robusto mercado negro donde el dólar duplica el valor fijado por el Banco Central.
Este fenómeno ha encarecido aún más las importaciones —particularmente de alimentos y maquinaria—, retroalimentando la espiral inflacionaria y debilitando el ya frágil poder adquisitivo de la población. La información fue confirmada por El País, en un informe publicado a inicios de mes.
Desde 2005, el Estado boliviano ha sostenido subsidios al precio de los combustibles, vendiéndolos internamente a 0,53 dólares el litro, a pesar de que su costo real supera los 1,20 dólares. Si bien esta política buscó proteger a la población, hoy se ha convertido en un pasivo fiscal insostenible.
Además, el diferencial de precios ha incentivado el contrabando hacia países vecinos como Perú, Chile y Brasil. Las pérdidas por este fenómeno superan los 600 millones de dólares anuales, según estimaciones de analistas independientes.
La crisis ha generado una ola de movilizaciones en todo el territorio. Transportistas, gremiales, productores agrícolas y cooperativistas mineros han salido a las calles exigiendo respuestas inmediatas. Los bloqueos, marchas y paros sectoriales son ya parte del paisaje diario.
La gestión del presidente Luis Arce sufre un fuerte desgaste. Según encuestas recientes, un 87% de los bolivianos cree que el país necesita un nuevo rumbo económico. El malestar social crece, y con él, el riesgo de un estallido más profundo.
Propuestas para salir del laberinto
Expertos coinciden en que Bolivia necesita tomar decisiones urgentes y estructurales. Algunas medidas clave incluyen:
Bolivia se encuentra ante una encrucijada histórica. El modelo que sostuvo cierta estabilidad durante años muestra claros signos de agotamiento. Las familias bolivianas ya no pueden esperar. Superar esta crisis no será fácil, pero exige un compromiso real de todos los sectores para diseñar una salida que priorice la dignidad y el bienestar de la gente.
Por Brian Dalenz C.| Cecasem
