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Este lunes marcó el inicio oficial de las clases en Bolivia bajo una nueva normativa que marca la agenda educativa de la gestión 2026: la Resolución Ministerial Nº 0001/2026, emitida por el Ministerio de Educación. Esta resolución establece las normas generales para la gestión educativa en los subsistemas de Educación Regular, Alternativa y Especial, y Superior, y marca un punto de inflexión en cómo se organiza, planifica y vive el proceso educativo en las escuelas y universidades de todo el país.
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Más allá del retorno físico a las aulas, este inicio de gestión trae consigo una oportunidad crucial para reflexionar sobre el rumbo histórico de la educación boliviana, los avances, las carencias estructurales que siguen latentes y las expectativas, particularmente en un contexto donde el país todavía debate cómo fortalecer su sistema educativo con calidad, equidad e inclusión real.
La Resolución Ministerial 0001/2026 es la normativa que sirve de marco para toda la gestión escolar 2026. En su texto oficial, se establecen las normas generales para la planificación, organización, desarrollo curricular y evaluación de los distintos subsistemas educativos, incluyendo lineamientos específicos para educación regular, superior y alternativa.
Entre los principales cambios y directrices que contempla esta resolución están:
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Esta resolución refleja un intento de sistematizar el funcionamiento del sistema educativo, pero también abre el debate sobre el enfoque pedagógico, la pertinencia de las medidas y su impacto real en la educación y en las condiciones de aprendizaje de estudiantes y docentes.
Para entender el proceso actual, es necesario mirar hacia atrás. La Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez (Ley N.º 070), vigente desde 2010, impulsó una concepción educativa basada en una educación plurinacional, comunitaria, intercultural y con fuerte participación social. Esta normativa representó un giro significativo al reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística del país, y promovió modelos educativos adaptados a contextos locales.
Sin embargo, más de quince años después, las brechas estructurales siguen siendo evidentes. Muchos especialistas y actores del sector educativo señalan que, si bien el enfoque de la Ley 070 es valioso en términos identitarios y de derecho, no ha logrado traducirse plenamente en resultados medibles de calidad, especialmente en competencias de lectura, escritura, matemáticas y ciencias, comparables con estándares internacionales.
Con el inicio de esta gestión, existe una expectativa generalizada de que el gobierno del presidente Rodrigo Paz impulse una educación más moderna, equitativa y orientada al futuro, sin perder la identidad cultural que caracteriza al país. Para ello, es imprescindible que:
Sin embargo, aún persisten preocupaciones sobre la capacidad institucional para implementar estas medidas de forma integral y sostenida, especialmente si no se aborda de manera conjunta la infraestructura, capacitación docente y recursos educativos.
Más allá de la educación regular, la educación superior sigue enfrentando desafíos estructurales significativos. Bolivia ha visto un crecimiento considerable de universidades privadas en las últimas décadas, muchas de las cuales carecen de mecanismos sólidos de acreditación, evaluación académica ni estándares que garanticen la formación de profesionales competitivos y preparados para los retos contemporáneos.
La ausencia de un sistema riguroso de evaluación y control significa que, en muchos casos, los estudiantes egresan con títulos que no necesariamente reflejan competencias reales de calidad ni capacidades técnicas y científicas para integrarse con éxito a un mercado laboral exigente y globalizado. Esta situación no solo compromete la calidad educativa, sino el desarrollo productivo, social y tecnológico del país.
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Las brechas de desigualdad educativa son aún más profundas en zonas rurales, especialmente en regiones como la Amazonía, la Chiquitanía y el altiplano, donde las barreras geográficas, la falta de infraestructura escolar adecuada, la poca conectividad, la ausencia de docentes especializados y las limitaciones de acceso a materiales educativos dificultan enormemente el proceso de enseñanza-aprendizaje.
En muchas comunidades rurales, estudiar implica recorrer distancias significativas, compartir aulas sin condiciones básicas de ventilación o mobiliario, y enfrentar limitaciones tecnológicas que reducen las posibilidades de aprender de manera integral. Esta realidad evidencia que la educación sigue siendo, para millones, una oportunidad incompleta o inaccesible, perpetuando ciclos de pobreza y exclusión.
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La educación es un derecho fundamental y un pilar indispensable para el desarrollo sostenible. Bolivia necesita una visión educativa que vaya más allá de normativas y calendarios, y se enfoque en mejorar la calidad, equidad e inclusión en todos los niveles:
En este inicio de clases, reafirmamos como Cecasem nuestro compromiso con una educación inclusiva, equitativa y transformadora. Creemos que las normas educativas, como la Resolución Ministerial 0001/2026, deben ser acompañadas de estrategias claras, diálogo social permanente y políticas públicas que prioricen el bienestar de estudiantes, familias y comunidades educativas.
Porque sin educación de calidad no hay desarrollo sostenible, no hay igualdad real ni futuro posible para las nuevas generaciones.
Por: Brian C. Dalenz Cortez
