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El levantamiento de gran parte de los bloqueos no significa que Bolivia haya vuelto a la normalidad. Después de más de cincuenta días de conflicto, la reapertura de rutas, el ingreso progresivo de alimentos a los mercados y la circulación parcial de combustibles apenas marcan el inicio de una etapa más compleja: la de reparar los daños.
Durante semanas, el país vivió una alteración profunda de su vida cotidiana. Las cifras permiten dimensionar una parte del daño. Reportes nacionales e internacionales estimaron pérdidas superiores a los dos mil millones de dólares tras semanas de paralización, mientras sectores empresariales y autoridades locales calcularon afectaciones diarias millonarias en producción, comercio, exportaciones, transporte y servicios. En La Paz y El Alto, los mercados llegaron a registrar escasez de productos básicos y aumentos abruptos en alimentos como pollo, carne, huevo y verduras. En otras regiones, productores vieron deteriorarse cosechas antes de llegar a destino, mientras pequeños negocios redujeron ventas o cerraron temporalmente por falta de insumos.
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Sin embargo, el daño más difícil de medir no siempre aparece en los balances económicos. Está en la comerciante que perdió capital de trabajo, en la madre que redujo compras para alimentar a su familia, en el conductor que pasó semanas lejos de su hogar y así la lista puede ser infinita. Una crisis de esta duración deja pérdidas materiales, pero también desgaste emocional, incertidumbre y desconfianza.
Por eso el debate posterior al bloqueo no debería limitarse a señalar culpables ni a esperar que la reapertura de carreteras resuelva por sí sola el problema. La recuperación requiere decisiones concretas. Y exige reconocer que la economía boliviana no se reconstruye únicamente desde grandes indicadores macroeconómicos, sino desde los espacios donde se sostiene la vida diaria: mercados, familias, comunidades, pequeños emprendimientos, transporte, producción rural, servicios básicos y redes de cuidado.
El primer desafío es estabilizar el abastecimiento. La llegada de alimentos a los mercados debe ir acompañada de controles contra la especulación, seguimiento de precios y apoyo logístico para que productos perecederos lleguen en condiciones adecuadas. No basta con que los camiones vuelvan a circular; es necesario garantizar que los alimentos lleguen de forma regular, que los precios se estabilicen y que las familias de menores ingresos no sigan pagando el costo más alto de la crisis.
La seguridad alimentaria debe ocupar un lugar central en esta etapa. Durante el conflicto, muchas familias modificaron su dieta, redujeron proteínas o reemplazaron productos nutritivos por opciones más baratas. Ese deterioro silencioso no se corrige automáticamente cuando se levantan los bloqueos. Requiere atención a la niñez, fortalecimiento de mercados locales, protección de pequeños productores y medidas que eviten que el incremento de precios se vuelva permanente.
El segundo desafío es recuperar el trabajo. La paralización golpeó con especial fuerza a quienes viven de ingresos diarios: comerciantes, transportistas, vendedoras de mercados, trabajadoras por cuenta propia, pequeños restaurantes, productores rurales y familias vinculadas a la economía informal. Para estos sectores, una semana sin actividad puede significar endeudamiento; más de un mes puede significar pérdida de capital, deterioro de herramientas de trabajo o imposibilidad de reponer mercadería.
En este punto, el enfoque de género es indispensable. Las mujeres no solo fueron afectadas como comerciantes, productoras o trabajadoras informales. También asumieron una mayor carga de cuidado durante la crisis. En muchos hogares fueron ellas quienes administraron la escasez, buscaron alimentos más baratos, reorganizaron la alimentación familiar, cuidaron a niños sin clases normales o acompañaron a personas enfermas en medio de dificultades de transporte.
Cuando una crisis encarece la vida, también encarece el cuidado. Y ese costo suele recaer sobre las mujeres. Por eso cualquier plan de recuperación económica debe incorporar medidas específicas para ellas: apoyo a emprendimientos femeninos, acceso a crédito, protección social, fortalecimiento de redes comunitarias, atención a mujeres cuidadoras y mecanismos de prevención de violencia, especialmente en contextos donde la tensión económica puede aumentar los riesgos dentro del hogar.
El tercer desafío es resolver la crisis de combustible, que continúa siendo uno de los factores que impiden hablar de normalidad plena. La circulación de alimentos, medicinas, transporte público, servicios de emergencia y producción depende de un abastecimiento energético estable. Mientras persistan filas, incertidumbre o distribución irregular, la recuperación económica seguirá limitada. El Estado debe garantizar información transparente, planificación logística y prioridad para sectores esenciales: salud, alimentos, transporte público, producción y servicios de cuidado.
El cuarto desafío es atender las heridas sociales. Más de cincuenta días de conflicto no solo deterioran la economía; también profundizan la polarización. En muchos lugares, la convivencia quedó marcada por miedo, cansancio, enojo y desconfianza. Bolivia necesita recuperar el diálogo no como una consigna, sino como una práctica pública. Eso implica que Gobierno, organizaciones sociales, sectores productivos, municipios, gobernaciones, sociedad civil y cooperación trabajen en acuerdos mínimos para evitar que la próxima crisis vuelva a castigar a la población más vulnerable.
El derecho a la protesta forma parte de la democracia, pero también lo hacen el derecho a la salud, a la alimentación, al trabajo, a la libre circulación y a vivir sin violencia. Una sociedad democrática debe ser capaz de tramitar sus conflictos sin convertir a pacientes, niños, transportistas, comerciantes, productores y familias enteras en daños colaterales. Este punto no pertenece a un partido ni a un sector. Pertenece a la defensa básica de la dignidad humana.
La recuperación también exige mirar al territorio. Los nueve departamentos fueron afectados de distintas maneras: algunos por desabastecimiento, otros por paralización productiva, otros por aislamiento de rutas, otros por pérdida de mercados. No habrá una sola solución nacional si no se reconocen las particularidades regionales. La Amazonía, el altiplano, los valles, la Chiquitanía y las ciudades del eje central no viven la crisis de la misma forma. Por ello, las respuestas deben combinar medidas nacionales con planes departamentales y municipales de reactivación.
Desde la mirada de Cecasem, la salida no puede reducirse a “volver a mover la economía”. El verdadero reto es reconstruir condiciones de vida, proteger derechos y fortalecer capacidades comunitarias para que la sociedad no vuelva a quedar tan expuesta ante una nueva interrupción. La crisis mostró la fragilidad del sistema de abastecimiento, la dependencia de pocas rutas, la debilidad de las redes de emergencia, la vulnerabilidad de la economía informal y el peso invisible que cargan las mujeres en momentos de incertidumbre.
Bolivia necesita levantarse, pero levantarse no significa olvidar. Significa aprender. Aprender que el abastecimiento de alimentos debe protegerse como prioridad humanitaria. Que los corredores para salud, medicinas y oxígeno no pueden depender de negociaciones improvisadas. Que los pequeños productores necesitan canales alternativos para no perderlo todo cuando se bloquea una carretera. Que las ciudades deben fortalecer mercados locales y reservas estratégicas. Que las mujeres requieren apoyo específico cuando la crisis golpea el cuidado y la economía familiar. Que la democracia necesita mecanismos de diálogo capaces de actuar antes de que el conflicto se desborde.
La etapa que comienza ahora no será sencilla. Persisten problemas de combustible, tensiones políticas, pérdidas acumuladas, negocios golpeados y familias endeudadas. Pero también existe una oportunidad: convertir el daño en una discusión seria sobre cómo construir un país menos vulnerable, menos fragmentado y más capaz de proteger a su gente.
Después de caer, levantarse no debería ser solo una frase de ánimo. Debería convertirse en una obligación pública. Para el Estado, significa responder con políticas concretas. Para los sectores sociales, significa recuperar el diálogo sin afectar derechos fundamentales. Para la sociedad, significa reconstruir confianza, consumo local, solidaridad y responsabilidad compartida.
Bolivia no necesita volver exactamente al punto en el que estaba antes de los bloqueos. Necesita volver mejor preparada. Con una economía más protegida, con mujeres menos solas frente al cuidado, con mercados más resilientes, con rutas humanitarias garantizadas, con instituciones capaces de anticiparse y con una ciudadanía que entienda que ninguna demanda puede valer más que la vida cotidiana de quienes sostienen el país desde abajo.
Por: Brian C. Dalenz Cortez
