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Bolivia acumula 74 feminicidios hasta la fecha, en un año que, lejos de mostrar avances significativos, confirma que la violencia contra las mujeres continúa siendo una de las heridas más profundas del país. Detrás de cada cifra hay una historia rota, una familia devastada y un Estado que todavía no logra responder con contundencia. No es solo un conteo estadístico: es el reflejo de un problema estructural que sigue desafiando a toda la sociedad.
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De esos 74 feminicidios registrados, 30 ocurrieron en La Paz, un número que revela la magnitud del problema incluso en la sede de gobierno. Santa Cruz contabiliza 16, Cochabamba 11, Potosí 7, Oruro 6, Tarija 3 y Chuquisaca 1. Aunque Beni y Pando no registran feminicidios tipificados este año, no están exentos de la violencia: por el contrario, los informes muestran que estos departamentos presentan altos índices de denuncias por agresiones físicas, psicológicas y sexuales, considerando su densidad poblacional. La violencia de género está presente en todos los rincones del país, incluso donde no se manifiesta mediante asesinatos, pero sí mediante patrones de agresión que escalan sin control.
Comparando estas cifras con años anteriores, el panorama no es alentador. En 2024 se registraron 84 feminicidios, en 2023 fueron 81. Si bien el número de casos parece disminuir ligeramente, esta reducción no puede interpretarse como una mejora real. No hay “victorias” cuando la vida de las mujeres sigue en riesgo cotidiano, cuando las denuncias no derivan en protección efectiva y cuando los agresores continúan actuando con niveles alarmantes de impunidad. La violencia no disminuye porque el problema haya desaparecido: disminuye porque falta registro, seguimiento, prevención y justicia.
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El 2025 se suma, tristemente, a la lista de años donde el país no logra romper el ciclo de violencia. La sensación generalizada no es de avance, sino de estancamiento. Peor aún: el debate público se ha polarizado alrededor de la Ley 348, una norma esencial para combatir la violencia hacia las mujeres, pero que hoy se ve cuestionada por sectores que no piden su mejora ni fortalecimiento, sino su anulación.
Es necesario recordar que la Ley 348 –Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia– representa uno de los marcos normativos más completos de la región. Reconoce 16 tipos de violencia, establece mecanismos de protección inmediata, obliga al Estado a prevenir, sancionar y erradicar la violencia, y tipifica el feminicidio como el crimen más extremo de violencia machista. Sin esta ley, miles de mujeres quedarían aún más expuestas; sin embargo, más allá de su existencia, el problema está en la aplicación, en la falta de recursos, en la falta de formación del personal y en la cultura institucional que minimiza o revictimiza. Anular la Ley 348 no resolverá nada: por el contrario, sería un retroceso brutal.
Analizar las causas de los feminicidios en Bolivia implica mirar de frente aquello que incomoda. La mayoría de estos crímenes ocurre en entornos familiares o de pareja. Celos, control, violencia acumulada, naturalización del maltrato y dependencia económica son factores que se repiten con dolorosa regularidad. A esto se suma un sistema de justicia lento, disperso y en muchos casos, insensible. Muchas mujeres denuncian, pero no reciben protección; otras callan porque saben que no serán escuchadas; otras regresan con sus agresores porque no tienen dónde vivir, cómo mantener a sus hijos o cómo pagarse un abogado. Las raíces del feminicidio están sembradas en una sociedad que aún normaliza el machismo, valida la violencia y sanciona a las mujeres por romper el silencio.
En departamentos como Beni y Pando, donde los feminicidios registrados son cero este año, el problema se manifiesta de manera distinta: agresiones constantes, violencias naturalizadas y falta de acceso a servicios de justicia, salud y acompañamiento psicológico. Tomando en cuenta la población total de estas regiones, sus tasas de violencia son muy superiores a las de otros departamentos con más habitantes, pero menos denuncias en proporción. Allí, como en tantas comunidades rurales e indígenas, la violencia se esconde más fácilmente y la impunidad se multiplica.
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El país no puede seguir leyendo estas cifras como si fueran inevitables. Cada feminicidio pudo evitarse. Cada denuncia ignorada es una oportunidad perdida. Cada institución que mira a un costado es parte del problema. Bolivia tiene el marco legal, tiene organizaciones comprometidas, tiene mujeres que luchan y comunidades que resisten. Lo que falta es decisión política, recursos sostenidos, educación, prevención y sobre todo, un cambio cultural que empiece desde las familias y llegue hasta las estructuras del Estado.
Desde Cecasem, reafirmamos con fuerza que la lucha contra la violencia de género no se detiene. ¡No puede detenerse! No mientras haya una sola mujer en riesgo, una niña sin protección, una familia buscando justicia. Este 2025 demuestra que no se trata solo de disminuir cifras, sino de transformar realidades. De construir un país donde las mujeres no tengan que sobrevivir, sino vivir. Donde la justicia no sea una excepción, sino la regla. Donde la igualdad no sea un discurso, sino una práctica.
Bolivia merece un futuro sin feminicidios, sin violencia y sin miedo. Y para que ese futuro exista, debemos seguir denunciando, acompañando, educando, legislando y protegiendo. Ni una menos. Ni una más. La lucha continúa.
Por: Brian C. Dalenz Cortez - Cecasem
