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La minería aurífera ha transformado cauces de la Amazonía boliviana y expuesto a comunidades ribereñas a un contaminante que puede viajar del río al pez y del pez al organismo humano. El caso del río Kaka vuelve a plantear una pregunta incómoda: ¿cuánto puede costarle al país el oro que extrae?
LA PAZ.- Hubo un tiempo en que José Cartagena podía beber agua directamente del río Kaka. En sus recuerdos de hace cuatro décadas aparecen también el pacú, el surubí y el bagre, las playas y los viajes en embarcación por un río que atraviesa territorio indígena leco, en la Amazonía paceña. Hoy, desde Tomachi, la comunidad donde vive, describe un escenario distinto: aguas turbias, sedimentos, dificultades para navegar y una pesca que ya no es la misma.
No se trata únicamente de la percepción de quienes han visto cambiar el río. Una investigación publicada el 17 de septiembre por Mongabay Latam, como parte del proyecto regional Aguas Partidas, documentó la transformación producida por décadas de minería aurífera en el Kaka. El análisis encontró que la microcuenca que atraviesa Tomachi —y que incluye sectores de los ríos Kaka y Alto Beni— perdió casi la mitad de su superficie de agua natural entre 2000 y 2023: pasó de 1.945 a 992 hectáreas. En el mismo periodo aparecieron 1.454 hectáreas de pozas asociadas a la actividad minera.
La historia del Kaka permite observar un problema mucho mayor. El oro que sale de los ríos amazónicos genera ingresos y sostiene economías locales, pero su extracción también puede dejar una cadena de impactos que continúa mucho después de que una draga abandona un lugar. El cauce se modifica, la vegetación ribereña desaparece, aumentan los sedimentos y combustibles y lubricantes pueden terminar en el agua. A todo ello se suma un contaminante particularmente complejo: el mercurio.
Y ahí el problema deja de ser exclusivamente minero o ambiental. También comienza a convertirse en una cuestión de agua, alimentación y salud pública.
El mercurio se utiliza en parte de la minería aurífera artesanal y de pequeña escala porque tiene una propiedad especialmente útil para separar el oro: puede unirse a él y formar una amalgama. Posteriormente, esa mezcla es calentada para evaporar el mercurio y recuperar el metal precioso.
Es un procedimiento relativamente sencillo, pero el mercurio no desaparece cuando deja de ser visible. Parte puede liberarse como vapor durante el calentamiento y otra puede alcanzar suelos y sistemas acuáticos. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente advierte desde hace años sobre los riesgos de esta práctica y promueve tecnologías capaces de reducir o eliminar su utilización en la minería aurífera artesanal y de pequeña escala.
Cuando llega al ambiente acuático comienza una de las partes más preocupantes del proceso. Determinadas formas del mercurio pueden transformarse en metilmercurio, acumularse en organismos acuáticos y aumentar su concentración a medida que avanzan por la cadena alimentaria. Por eso, una comunidad no necesariamente necesita trabajar directamente con mercurio para estar expuesta: el pescado puede convertirse en una de las principales vías de ingreso al organismo.
Ese detalle es particularmente importante en la Amazonía, donde numerosos pueblos ribereños mantienen una estrecha relación alimentaria, económica y cultural con los peces de sus ríos.
Investigaciones científicas realizadas en Bolivia ya habían advertido sobre esa relación mucho antes de que el tema volviera a ocupar titulares. Un estudio sobre una población del bajo río Beni con elevado consumo de pescado encontró una media geométrica de 3,02 microgramos de mercurio por gramo de cabello entre las personas analizadas y observó una relación positiva entre la concentración de mercurio y el consumo de pescado. Los propios autores señalaron entonces la necesidad de ampliar el monitoreo en regiones amazónicas donde todavía faltaba información.
Una revisión científica publicada en Bolivia en 2025 reunió investigaciones más recientes sobre los efectos biológicos de la contaminación minera. El trabajo recoge resultados de comunidades de las cuencas de los ríos Beni y Madre de Dios en las que se detectaron concentraciones elevadas de mercurio en cabello, particularmente entre poblaciones cuya alimentación depende considerablemente del pescado. La revisión también advierte algo esencial: exposición, concentración de mercurio y daño clínico no son conceptos equivalentes, y todavía se desarrollan investigaciones para determinar la relación entre los niveles encontrados y sus efectos concretos sobre la salud.
Esa distinción importa. Hablar de mercurio exige evitar dos extremos: minimizar un problema documentado o convertir cualquier detección del metal en un diagnóstico automático de enfermedad.
UN RÍO PUEDE CAMBIAR SIN DESAPARECER
La contaminación química es solamente una parte de la historia. La minería aluvial también puede modificar físicamente un río.
En Tomachi, habitantes consultados durante la investigación de Aguas Partidas describieron cómo el Kaka se ensanchó, acumuló piedras y sedimentos y perdió sectores que antes servían para navegar, pescar o desarrollar actividades turísticas. El análisis regional encontró además que, en la cuenca del Beni, se perdieron casi 14.000 hectáreas de agua natural mientras aparecieron alrededor de 3.000 hectáreas de pozas mineras.
Puede parecer contradictorio que la minería provoque la aparición de nuevas superficies de agua y, al mismo tiempo, deteriore un sistema hídrico. No lo es. Una poza excavada por maquinaria y posteriormente llena de agua no cumple necesariamente las mismas funciones ecológicas que un río, un humedal o un bosque inundable.
La evidencia internacional ayuda a comprender la magnitud del fenómeno. Un estudio citado por la investigación sobre el Kaka analizó décadas de imágenes satelitales de centenares de distritos de minería fluvial en 49 países y encontró que el aumento de sedimentos producido por estas actividades puede degradar hábitats acuáticos y extender sus efectos mucho más allá del lugar donde ocurre la extracción.
Por eso, cuando una draga se retira, el problema no necesariamente se marcha con ella.
En sectores cercanos a Tomachi la actividad minera habría disminuido durante los últimos años, según testimonios recogidos por Mongabay. Sin embargo, permanecen playas alteradas, acumulaciones de lodo y piedra y riberas sin vegetación. La comunidad intenta ahora evitar que la historia se repita en los arroyos de los que todavía obtiene agua y busca que sean protegidos frente al avance de actividades extractivas.
EL MERCURIO NO CONOCE FRONTERAS COMUNITARIAS
Existe otra característica que vuelve especialmente difícil enfrentar esta contaminación: un río conecta territorios.
Lo que ocurre aguas arriba puede afectar poblaciones situadas muchos kilómetros después. El mercurio, los sedimentos y otros contaminantes pueden desplazarse a través de la red hidrográfica, mientras los peces también se mueven dentro de esos sistemas. La comunidad que recibe el impacto, por tanto, no siempre es la misma donde se produjo la contaminación.
La discusión ya supera el caso de Tomachi. Investigaciones recientes han situado el problema del mercurio en numerosas comunidades indígenas vinculadas a la cuenca del Beni y otros sistemas amazónicos bolivianos. Una revisión académica de 2025 recoge estudios en poblaciones de los ríos Beni, Madre de Dios y del norte de La Paz que encontraron niveles elevados en distintas comunidades analizadas.
Pero tampoco sería correcto afirmar que toda comunidad amazónica presenta la misma exposición. Los resultados varían según territorio, dieta, cercanía a operaciones mineras y otras condiciones. Precisamente por ello, uno de los grandes desafíos es contar con monitoreo sistemático que permita saber quién está expuesto, en qué magnitud, durante cuánto tiempo y con qué consecuencias.
Ese vacío convierte un problema ambiental en uno de información pública: sin mediciones periódicas resulta mucho más difícil diseñar políticas sanitarias, identificar poblaciones vulnerables o determinar responsabilidades.
BOLIVIA ASUMIÓ UN COMPROMISO INTERNACIONAL
El país no parte de cero. Bolivia firmó el Convenio de Minamata sobre el Mercurio en 2013, lo ratificó el 26 de enero de 2016 y el tratado entró en vigor para el país en agosto de 2017. El convenio busca proteger la salud humana y el ambiente frente a emisiones y liberaciones antropogénicas de mercurio y sus compuestos.
El artículo 7 adquiere especial relevancia para países donde existe minería aurífera artesanal y de pequeña escala. Cuando un Estado determina que esta actividad es más que insignificante en su territorio, debe notificarlo y desarrollar un Plan de Acción Nacional destinado a reducir y, cuando sea viable, eliminar el uso de mercurio y sus liberaciones. Bolivia realizó esa notificación en 2019.
El desafío, entonces, no consiste únicamente en tener una obligación escrita. Consiste en convertirla en controles efectivos, tecnologías alternativas, vigilancia ambiental, seguimiento sanitario, regulación del comercio del mercurio y coordinación con quienes viven y trabajan en los territorios afectados.
Hay señales de que esa transición es técnicamente posible. En julio de 2026, la Alianza Mundial sobre el Mercurio del PNUMA destacó intercambios entre Bolivia y Perú destinados precisamente a conocer experiencias de minería responsable y prácticas libres de mercurio.
El problema no tiene por qué plantearse, por tanto, como una elección absoluta entre producir oro o proteger los ríos. La discusión de fondo es cómo se produce ese oro, qué tecnologías se utilizan, quién controla la actividad y quién asume los costos cuando algo sale mal.
¿QUIÉN PAGA REALMENTE EL ORO?
El precio internacional de un gramo de oro puede expresarse en dinero. El precio ambiental de producirlo es bastante más difícil de calcular.
No aparece necesariamente en la transacción la pérdida de una zona de pesca, el costo de conseguir otra fuente de agua, la restauración de una ribera destruida, el monitoreo sanitario de una población expuesta o los años que necesita un ecosistema para recuperarse. Tampoco aparece el valor cultural de un río para una comunidad que ha construido alrededor de él parte de su alimentación, movilidad e historia.
En el caso del Kaka, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera realizó operativos contra actividad ilegal durante los últimos años. La institución informó a Mongabay que en 2024 presentó una denuncia penal por minería ilegal y que funcionarios fueron atacados durante un operativo realizado en septiembre de 2025. En marzo de 2026, otro control efectuado junto con la Armada Boliviana llegó hasta Mayaya, aguas abajo de Tomachi, donde se decomisó maquinaria y se desarticularon dos campamentos mineros ilegales.
Estos antecedentes muestran también que no toda minería que opera en los ríos puede colocarse bajo una misma categoría. Existen actividades autorizadas, cooperativas y operaciones ilegales, y sus responsabilidades deben analizarse de manera diferenciada. Pero contar con autorización tampoco elimina automáticamente los impactos ambientales que una actividad pueda generar.
La Constitución boliviana reconoce el derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado, mientras la legislación de la Madre Tierra incorpora principios de prevención, precaución y protección de los sistemas de vida. La propia Defensoría del Pueblo recordó en julio de este año que el aprovechamiento de recursos naturales debe desarrollarse respetando esos principios y garantizando un equilibrio entre desarrollo y conservación.
La cuestión del mercurio coloca esos principios frente a una prueba concreta.
Porque el verdadero desafío comienza cuando la riqueza que se extrae de un territorio puede terminar trasladando parte de sus costos a quienes dependen del agua que corre por él.
UN PROBLEMA QUE TERMINA EN EL PLATO
La imagen más evidente de la minería aurífera es una draga trabajando sobre un río. La más difícil de observar ocurre mucho después.
Esa cadena resume por qué la discusión ya no puede limitarse al sector minero. También involucra políticas ambientales, seguridad alimentaria, salud pública, derechos indígenas y gestión del agua.
Tomachi ofrece, además, una advertencia que va más allá de sus propias fronteras. Mientras el Kaka carga con las consecuencias de décadas de transformación, la comunidad leco protege los arroyos que todavía conserva. Evita chaqueos en sus alrededores y busca mecanismos para impedir que la minería llegue hasta ellos.
No están intentando recuperar solamente un paisaje. Están protegiendo la posibilidad de seguir teniendo agua.
Bolivia todavía puede discutir cuánto oro quiere producir, bajo qué condiciones y con qué controles. Lo que resulta mucho más difícil es reconstruir un río después de haber alterado su cauce, recuperar una fuente de alimento después de contaminarla o reparar la incertidumbre de una comunidad que ya no sabe con certeza qué lleva el agua que pasa frente a su casa.
Por: Brian C. Dalenz Cortez
