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El fuego ya ha consumido miles de hectáreas en Tarija y penetrado desde Brasil en el Parque Nacional Otuquis, en Santa Cruz. Aunque brigadistas, comunidades, militares y medios aéreos intentan contener las llamas, la emergencia llega cuando Bolivia todavía no ha ingresado plenamente en agosto y septiembre, los meses en los que históricamente se agrava el riesgo.
Los primeros incendios de la temporada comenzaron hace apenas unos días, pero fueron suficientes para reactivar una imagen que Bolivia conoce demasiado bien: serranías cubiertas de humo, comunidades en alerta, animales huyendo del fuego y brigadistas avanzando entre caminos difíciles mientras el viento modifica, en cuestión de minutos, la dirección de las llamas. Esta vez, una de las emergencias más graves se concentra en el valle central de Tarija, aunque el fuego también alcanzó el extremo oriental de Santa Cruz y encendió las alertas en otros departamentos.
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En el municipio tarijeño de San Lorenzo, los incendios se propagaron por zonas como Tucumillas, Erquis Ceibal, Erquis Oropeza, Quirusillas y Tomatas Grande, además de otros sectores rurales cercanos. Las llamas avanzaron por terrenos accidentados y llegaron hasta áreas próximas a la serranía de Sama, un territorio de especial importancia para la biodiversidad y la provisión de agua del departamento. La magnitud de la emergencia obligó a evacuar preventivamente a algunas familias, movilizar personal de salud y desplegar brigadas terrestres y medios aéreos para intentar controlar distintos frentes de fuego.
Hasta el 19 de julio, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra estimaba que los incendios registrados en el valle central de Tarija habían afectado alrededor de 3.000 hectáreas. La superficie correspondía a siniestros localizados en Erquis Ceibal, Coimata, Rincón La Victoria, Miskas Calderas, Pinos Sud y Puesto El Tunal, aunque la propia institución advirtió que la cifra podía aumentar conforme avanzaran las evaluaciones y continuaran activos algunos focos. La ABT también anunció acciones legales para establecer responsabilidades sobre el origen de los incendios.
San Lorenzo terminó declarándose en emergencia después de varios días de trabajo ininterrumpido y de comprobar que la capacidad municipal resultaba insuficiente frente a la extensión del fuego. Bomberos, voluntarios, comunarios y personal de distintas instituciones debieron distribuirse entre varios puntos, en un escenario dificultado por el viento, la topografía y la necesidad constante de agua, combustible, herramientas, alimentos y equipos de protección.
El Gobierno nacional movilizó helicópteros de la Fuerza Aérea para realizar vuelos de reconocimiento y descargas de agua sobre los sectores de mayor riesgo. El despliegue complementó las tareas efectuadas en tierra por bomberos forestales, Fuerzas Armadas y brigadas comunitarias, pero también mostró una de las principales dificultades de este tipo de emergencias: ningún operativo aéreo puede sustituir el trabajo directo sobre el terreno, especialmente cuando existen varios frentes activos y las ráfagas de viento cambian de dirección con rapidez.
Mientras Tarija combatía sus propios incendios, otro frente ingresaba a territorio boliviano desde Brasil. El fuego se originó cerca de Forte Coimbra, en el municipio brasileño de Corumbá, y cruzó la frontera hasta alcanzar el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis, en Santa Cruz. El incendio comenzó aproximadamente a 5,8 kilómetros de la línea fronteriza y avanzó impulsado por fuertes vientos hacia este ecosistema integrado al Pantanal boliviano.
Otuquis no es un espacio cualquiera. Sus humedales, bosques y sabanas forman parte de una región ecológica compartida por Bolivia, Brasil y Paraguay, esencial para la regulación del agua y para la supervivencia de numerosas especies silvestres. En pocos días, el incendio se convirtió en la principal emergencia forestal de Santa Cruz y llegó a afectar más de 13.700 hectáreas, según el reporte divulgado por autoridades departamentales. Durante julio se habían registrado 28 incendios en el departamento; para el momento del informe, Otuquis era el único que continuaba activo.
La rapidez con la que estos incendios se extendieron debería impedir que sean tratados como episodios aislados. Bolivia todavía se encuentra en julio y aún no ha ingresado plenamente en agosto y septiembre, meses en los que la combinación de sequedad, acumulación de vegetación combustible, altas temperaturas, baja humedad y vientos suele facilitar la expansión del fuego. Que dos emergencias de esta magnitud se hayan producido al inicio de la temporada no permite anticipar con precisión lo que ocurrirá en las próximas semanas, pero sí demuestra que el país enfrenta nuevamente un periodo de alto riesgo antes de haber superado las vulnerabilidades que dejaron las crisis anteriores.
Bolivia no llega a 2026 sin antecedentes. Los incendios de 2019 transformaron la Chiquitanía en uno de los principales símbolos de la crisis ambiental del país, pero lo ocurrido en 2024 superó incluso aquella tragedia. Un análisis del Instituto Boliviano de Investigación Forestal estimó que entre junio y septiembre de ese año el fuego afectó más de diez millones de hectáreas en Bolivia, incluyendo bosques, sabanas, pastizales, barbechos y otros tipos de cobertura vegetal. Otros balances posteriores elevaron la superficie total anual a aproximadamente 12,6 millones de hectáreas.
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La dimensión de aquella crisis obligó al Estado a declarar una situación de desastre, suspender temporalmente las autorizaciones de quemas y solicitar cooperación internacional. El humo deterioró la calidad del aire en varias ciudades, provocó la suspensión de clases y vuelos y expuso a comunidades enteras a niveles peligrosos de contaminación. Para septiembre de 2024 se habían registrado más de 3.000 focos de incendio y millones de hectáreas afectadas.
El informe elaborado por la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que los incendios bolivianos no podían entenderse únicamente como una emergencia natural. El documento vinculó su expansión con cambios en el uso del suelo, debilidades en la fiscalización, quemas agropecuarias, deforestación y una crisis climática que vuelve más extremas las condiciones de propagación. También señaló que los impactos recaen con especial intensidad sobre pueblos indígenas, comunidades campesinas, niñas, niños, mujeres y personas que dependen directamente de los ecosistemas para sostener sus medios de vida.
Esa perspectiva resulta central para comprender lo que vuelve a ocurrir. El fuego necesita condiciones climáticas favorables para expandirse, pero una parte significativa de los incendios tiene origen humano. Las quemas destinadas a habilitar terrenos, renovar pasturas o eliminar restos vegetales pueden convertirse rápidamente en incendios forestales cuando se realizan sin medidas de control, durante días de viento o en territorios degradados y extremadamente secos. El cambio climático agrava el escenario, pero no elimina las responsabilidades relacionadas con las decisiones sobre el uso del suelo, la prevención y la capacidad de fiscalización.
Durante años, el debate público boliviano se ha concentrado en la cantidad de focos de calor o en la superficie quemada, aunque ambas mediciones describen fenómenos diferentes. Un foco de calor es una anomalía térmica detectada mediante satélites y no equivale necesariamente a un incendio independiente. La superficie afectada, por otra parte, solo puede estimarse con mayor precisión cuando se realizan análisis posteriores de las cicatrices dejadas por el fuego. En medio de una emergencia, las cifras son provisionales y cambian con rapidez; lo que permanece constante es la pérdida acumulada de ecosistemas y la dificultad de restaurarlos.
Hablar de miles de hectáreas puede volver abstracta una tragedia que se experimenta de manera concreta en los territorios. Detrás de cada área quemada existen árboles, animales, microorganismos, fuentes de agua, cultivos, viviendas y actividades económicas que pueden tardar años o décadas en recuperarse. La pérdida no termina cuando se apaga el último foco.
El fuego elimina cobertura vegetal y deja los suelos expuestos a la erosión. Con las primeras lluvias intensas, las cenizas y los sedimentos pueden desplazarse hacia quebradas, ríos y sistemas de almacenamiento de agua. En zonas montañosas, la desaparición de vegetación aumenta la posibilidad de deslizamientos y reduce la capacidad natural del terreno para retener humedad. En humedales como Otuquis, la alteración del régimen hídrico afecta ecosistemas que dependen de inundaciones estacionales y que cumplen una función fundamental en la regulación del agua.
La fauna silvestre tampoco desaparece únicamente entre las llamas. Muchos animales sobreviven al incendio, pero quedan sin refugio, alimento o rutas seguras de desplazamiento. Otros se aproximan a comunidades y carreteras, donde enfrentan nuevos riesgos. Los ejemplares rescatados representan apenas una fracción visible de una pérdida mucho mayor, imposible de contabilizar mientras el fuego continúa avanzando.
Los incendios también deterioran la salud humana. La exposición al humo puede agravar enfermedades respiratorias, cardiovasculares y oculares, especialmente entre niñas, niños, personas mayores, mujeres embarazadas y quienes viven con afecciones previas. Los brigadistas y comunarios enfrentan, además, quemaduras, deshidratación, intoxicación, agotamiento físico y accidentes en terrenos de difícil acceso. Por eso, la presencia de personal sanitario en Tarija forma parte de una respuesta que debe proteger tanto a las poblaciones cercanas como a quienes se encuentran en la primera línea.
Para las familias rurales, las consecuencias pueden extenderse durante años. Un incendio puede destruir sembradíos, cercos, sistemas de riego, pasturas, herramientas, apiarios y fuentes de ingreso construidas a lo largo de varias generaciones. Cuando el fuego alcanza territorios indígenas o campesinos, no solamente afecta bienes productivos: altera vínculos culturales y comunitarios con espacios donde se desarrollan prácticas agrícolas, conocimientos tradicionales y formas de organización territorial.
La movilización de bomberos, militares, comunarios, voluntarios, personal de salud y aeronaves es indispensable cuando una emergencia ya se encuentra activa. Reconocer ese esfuerzo no significa ignorar que la mayor parte de esas acciones ocurre cuando el fuego ha superado su etapa inicial y se ha convertido en una amenaza difícil y costosa de contener.
La política contra los incendios no puede medirse únicamente por el número de helicópteros enviados o de brigadistas movilizados durante una crisis. Su verdadera eficacia debería evaluarse también por la cantidad de incendios evitados, la rapidez con que se detectan y controlan los primeros focos, el cumplimiento de las restricciones a las quemas y la preparación de las comunidades antes de que comience la temporada crítica.
Bolivia dispone de sistemas satelitales para identificar focos de calor y cuenta con instituciones nacionales, departamentales y municipales vinculadas a la gestión del riesgo. Sin embargo, persisten diferencias profundas entre territorios. Muchos municipios rurales tienen pocos bomberos, vehículos limitados, herramientas insuficientes y presupuestos que apenas permiten responder a emergencias simultáneas. En ese contexto, gran parte de la protección termina dependiendo de voluntarios y comunarios que trabajan con recursos escasos y, en ocasiones, sin el equipamiento adecuado.
La gestión integral del fuego exige actuar durante todo el año. Implica limpiar zonas de riesgo, mantener caminos de acceso, construir y conservar cortafuegos, capacitar brigadas comunitarias, disponer de reservas de agua, actualizar mapas territoriales, preparar rutas de evacuación y establecer protocolos claros para proteger a la población. También requiere fiscalizar las quemas, investigar las causas de los incendios y aplicar sanciones cuando exista incumplimiento de la normativa.
El Plan de Acción Institucional para la Gestión Integral del Fuego de la ABT reconoce que los incendios provocan pérdidas de recursos naturales, deterioro ambiental y daños que pueden resultar irreversibles. El reto no está, por tanto, en la ausencia de diagnósticos, sino en convertirlos en capacidades preventivas sostenidas, con recursos suficientes y presencia efectiva en los territorios.
La Constitución Política del Estado reconoce el derecho de todas las personas a un medioambiente saludable, protegido y equilibrado, y establece el deber del Estado y de la población de conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad. Desde ese marco, impedir la expansión de los incendios no es una tarea secundaria ni una acción voluntaria: forma parte de las obligaciones públicas de protección de la vida, la salud, el agua, la alimentación y los territorios.
Los impactos tampoco se distribuyen de manera igualitaria. Las poblaciones urbanas pueden sufrir humo, restricciones y deterioro de la calidad del aire, pero son las comunidades rurales e indígenas las que con frecuencia pierden viviendas, cultivos, animales y fuentes de agua. También son ellas las que permanecen en el territorio cuando los equipos de emergencia se retiran y comienza la etapa menos visible de recuperación.
Desde Cecasem consideramos que una respuesta adecuada debe reconocer a estas comunidades como titulares de derechos y como actores fundamentales de la gestión ambiental. Su conocimiento del territorio, sus formas de organización y su participación en la prevención son indispensables, pero nunca deben utilizarse para transferirles una responsabilidad que corresponde también al Estado. Las comunidades pueden ser parte de la solución; no deberían quedar abandonadas frente a un problema de alcance nacional.
La protección debe incorporar, además, un enfoque diferenciado para mujeres, niñas, niños, personas mayores y personas con discapacidad. Durante las evacuaciones y emergencias, las desigualdades previas pueden profundizarse: las mujeres suelen asumir el cuidado de niñas, niños, animales y personas dependientes, mientras enfrentan la pérdida de medios productivos y mayores dificultades para acceder a recursos de recuperación. Un plan de respuesta que ignore estas diferencias corre el riesgo de proteger el territorio sin atender plenamente a quienes lo habitan.
Las emergencias de Tarija y Otuquis dejan una advertencia que no puede posponerse hasta agosto. El fuego ya ha demostrado que puede atravesar fronteras, avanzar sobre áreas protegidas y multiplicarse en terrenos de acceso complejo antes de que comience el periodo históricamente más crítico.
En las próximas semanas será necesario reforzar las brigadas, garantizar equipos de protección, combustible, herramientas, alimentos y atención médica; mejorar la coordinación entre los distintos niveles del Estado; restringir las quemas en condiciones de alto riesgo; mantener vigilancia sobre las áreas protegidas y comunicar información clara a las comunidades. También será imprescindible investigar los incendios provocados y evitar que las sanciones queden diluidas cuando desaparezca la atención mediática.
A mediano plazo, Bolivia necesita avanzar desde una respuesta estacional hacia una política permanente de gestión del fuego. Eso supone vincular la prevención con el ordenamiento territorial, la lucha contra la deforestación, la protección de fuentes de agua, la restauración ecológica y la construcción de alternativas productivas que reduzcan el uso incontrolado del fuego. La restauración posterior será necesaria, pero ninguna campaña de reforestación puede reconstruir rápidamente un bosque maduro, recuperar toda la biodiversidad perdida o devolver de inmediato la seguridad económica a una familia que perdió sus medios de vida.
La experiencia reciente ya mostró el costo de actuar tarde. En 2024, Bolivia observó cómo los incendios crecieron desde focos dispersos hasta convertirse en una de las mayores catástrofes ambientales de su historia. Dos años después, el país vuelve a encontrarse frente a una señal temprana que no debería ser minimizada.
Las aproximadamente 3.000 hectáreas reportadas inicialmente en Tarija y las más de 13.700 afectadas en Otuquis no representan todavía el balance de la temporada, sino la primera advertencia. La cifra más importante no será únicamente la que se conozca al finalizar septiembre, cuando los incendios hayan dejado sus cicatrices visibles sobre el territorio. También importará determinar cuántos focos pudieron evitarse, cuántas comunidades recibieron protección oportuna y qué decisiones se tomaron antes de que el fuego volviera a superar la capacidad de respuesta.
Bolivia todavía está a tiempo de impedir que 2026 se convierta en otra temporada definida por la pérdida. Pero esa posibilidad disminuye con cada día de demora. El país no necesita esperar a que el humo cubra nuevamente sus ciudades para comprender la magnitud de la amenaza. Los incendios ya comenzaron y, esta vez, la pregunta no debería limitarse a cuánto territorio se habrá quemado cuando terminen. La pregunta decisiva es qué se hará ahora para evitar que el final vuelva a ser el mismo.
Por: Brian C. Dalenz Cortez
