Donar
Un análisis de 25 años revela una inquietante transformación en la Amazonía boliviana: mientras desaparece el agua natural, la minería deja miles de hectáreas de pozas. El fenómeno obliga a preguntarse si el país está midiendo su seguridad hídrica únicamente por el agua que puede ver y no por aquella que realmente puede sostener la vida.
Desde el espacio, una mancha azul es simplemente agua. Un satélite puede identificar su presencia, medir su extensión y comparar cuánto territorio cubría hace veinte años y cuánto ocupa ahora. Lo que no puede decir a simple vista es si esa superficie corresponde a un río que conserva su cauce, a un humedal, a una laguna, a un embalse o a una enorme poza abierta después de remover tierra para extraer oro. Esa diferencia, aparentemente técnica, está revelando una de las contradicciones ambientales más inquietantes de la Amazonía boliviana: existen territorios donde los mapas muestran más superficie cubierta por agua mientras disminuye el agua natural que históricamente sostuvo a las comunidades y los ecosistemas.
La evidencia más reciente proviene de Aguas Partidas, una investigación periodística y científica que estudió durante 25 años, entre 2000 y 2024, un total de 722 microcuencas que alimentan los ríos Beni, en Bolivia; Caquetá, en Colombia; Madre de Dios, en Perú; y Caroní, en Venezuela. El análisis, construido a partir de información de MapBiomas Agua, la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) y otras bases geográficas, encontró que las cuatro cuencas perdieron cerca de 33.000 hectáreas de agua natural. Más de la mitad de los tramos estudiados —393— registraron pérdidas y, al mismo tiempo, comenzaron a aparecer superficies artificiales de agua vinculadas con actividades humanas, especialmente la minería.
Bolivia presenta uno de los contrastes más llamativos de toda la investigación. En la cuenca del Beni, las 52 microcuencas donde se registró minería ilegal aumentaron su superficie total de agua en un 21,5 % entre 2000 y 2024, pasando de 16.068 a 19.526 hectáreas. En cambio, otras 73 microcuencas donde no se identificó minería perdieron un 17,2 %. Si esos porcentajes se observaran sin conocer lo que ocurre en el territorio, sería fácil llegar a una conclusión equivocada: las zonas mineras parecen haber ganado agua. El análisis demuestra, sin embargo, que una parte sustancial de esa expansión corresponde a pozas producidas por la propia actividad extractiva. En toda la cuenca se perdieron casi 14.000 hectáreas de agua natural y aparecieron alrededor de 3.000 hectáreas de pozas. Los investigadores descartaron además que el contraste pueda explicarse simplemente por mayores precipitaciones: las microcuencas mineras donde aumentó la superficie acuática se encuentran precisamente entre aquellas donde llueve menos.
El hallazgo obliga a mirar el agua de otra manera. Durante décadas, gran parte de la discusión pública boliviana se ha concentrado comprensiblemente en su disponibilidad: cuánto almacenamos, cuánto consumimos, cuántas viviendas reciben el servicio o cuánto disminuye una represa durante una sequía. Pero la seguridad hídrica depende de algo más complejo que sumar litros o hectáreas. Importa saber de dónde proviene el agua, qué calidad tiene, con qué regularidad está disponible, qué ecosistemas la mantienen y, sobre todo, si puede utilizarse para beber, producir alimentos y sostener la vida.
El río Kaka, en el norte de La Paz, constituye una evidencia extrema de esa transformación. En una de las microcuencas analizadas, donde se encuentra la comunidad leco de Tomachi, la superficie de agua natural pasó de 1.945 hectáreas en 2000 a 992 en 2023, prácticamente la mitad, mientras se identificaron 1.454 hectáreas de pozas artificiales asociadas a la minería. Los habitantes describieron también cambios físicos en el cauce, acumulación de sedimentos y la pérdida de espacios utilizados históricamente para la pesca, el consumo de agua y la navegación. La comunidad depende ahora de pequeños arroyos que intenta preservar para evitar que la actividad extractiva alcance las fuentes de las que todavía se abastece.
Lo sucedido allí no significa que toda nueva superficie acuática identificada en Bolivia sea necesariamente contaminada ni que todas las cuencas del país estén experimentando el mismo proceso. Esa precisión es indispensable. La investigación estudia determinadas microcuencas amazónicas y sus resultados no pueden extrapolarse automáticamente a todo el territorio nacional. Incluso sus autores advierten que la presencia minera podría estar subrepresentada en Bolivia debido a la menor disponibilidad de información complementaria para clasificar algunas superficies. Lo que sí demuestra el estudio es que utilizar únicamente la cantidad visible de agua como indicador puede ocultar transformaciones profundas en su origen, calidad y función ecológica.
Esta distinción cobra todavía más importancia cuando se contrasta con otro dato reciente. El Censo de Población y Vivienda 2024 muestra que Bolivia alcanzó su mayor cobertura histórica de acceso a fuentes mejoradas de agua: el 87,2 % de la población que reside en viviendas particulares ocupadas cuenta con ellas, frente al 80,8 % registrado en 2012 y el 72,8 % de 2001. En el área rural, donde las brechas han sido tradicionalmente mayores, el avance es incluso más pronunciado: la cobertura pasó del 47,6 % en 2001 al 61,2 % en 2012 y al 78,2 % en 2024. Son progresos relevantes y sería incorrecto ignorarlos.
Pero el mismo dato permite comprender el siguiente desafío. Una fuente mejorada de agua es un indicador de acceso y representa un avance sustancial en las condiciones de vida, aunque por sí solo no responde todas las preguntas sobre calidad, continuidad, suficiencia o conservación de las fuentes. Bolivia puede mejorar la infraestructura que conecta a las personas con el agua y, simultáneamente, enfrentar deterioro ambiental en determinados ríos, humedales y cuencas. No existe contradicción entre reconocer ambos procesos. Al contrario, comprenderlos juntos permite pasar de una política centrada exclusivamente en cobertura hacia una visión de seguridad hídrica que considere el ciclo completo del recurso.
Esa mirada resulta especialmente necesaria en un país donde la relación con el agua cambia radicalmente según el territorio. En determinadas regiones del altiplano y los valles, la preocupación puede estar asociada a periodos de escasez y disponibilidad para consumo y producción. En tierras bajas, lluvias intensas e inundaciones pueden convertir el exceso de agua en aislamiento. En zonas atravesadas por actividades extractivas, la discusión incluye además la transformación física y la calidad de los cuerpos de agua. Son problemas diferentes, pero están unidos por una misma vulnerabilidad: cuando el territorio pierde capacidad para regular, almacenar o conservar agua en condiciones adecuadas, las consecuencias terminan trasladándose a las personas.
Beni permite observar con particular claridad esa paradoja. Durante la época de lluvias, comunidades rurales e indígenas pueden quedar rodeadas de agua y, al mismo tiempo, experimentar enormes dificultades para acceder a servicios, trasladar su producción o conectarse con los centros urbanos. En territorios alejados de San Borja, por ejemplo, las precipitaciones convierten caminos de tierra en extensiones de barro que dificultan o imposibilitan el tránsito de motocicletas y vehículos. Para una familia que necesita transportar plátano, yuca, cacao, frutas u otros productos hasta un mercado, un camino interrumpido no es solamente un problema de movilidad: puede significar perder una cosecha, reducir ingresos y comprometer la capacidad económica del hogar.
La relación entre agua y seguridad alimentaria aparece entonces con toda claridad. El recurso es necesario para producir, pero su manejo inadecuado, la degradación de una cuenca o los eventos extremos también pueden destruir aquello que se produce. La agricultura depende de lluvias suficientes y previsibles; los sistemas productivos necesitan suelos capaces de absorber y conservar humedad; las comunidades requieren caminos transitables para comercializar sus alimentos; y los ecosistemas acuáticos necesitan determinadas condiciones para mantener peces y otras fuentes de alimentación. La seguridad hídrica, por tanto, no empieza en un grifo ni termina en una represa: atraviesa prácticamente toda la estructura que permite producir y sostener una comunidad.
Para los pueblos indígenas amazónicos esta relación adquiere una dimensión adicional. En la cuenca del Beni analizada por Aguas Partidas, los territorios indígenas ocupan en promedio el 34,8 % de las microcuencas estudiadas, con presencia de pueblos leco, tacana, cavineño, mosetén, chácobo y otros. En estos espacios, un río puede ser simultáneamente fuente de alimento, ruta de transporte, lugar de intercambio y componente de una relación cultural construida durante generaciones. Cuando cambia el cauce o disminuye la calidad del agua, no desaparece únicamente un recurso económico: se modifica una forma de habitar el territorio.
La dimensión amazónica tampoco puede analizarse de manera aislada. Los bosques participan activamente en el ciclo hídrico a través de la evapotranspiración y del reciclaje de humedad, mientras la vegetación, los suelos, los humedales y las riberas cumplen funciones fundamentales en la regulación del agua. La investigación regional precisamente intenta observar de manera conjunta fenómenos que con frecuencia se estudian por separado —deforestación, minería y cambios en las superficies acuáticas— para identificar dónde se superponen las presiones y qué territorios quedan expuestos a múltiples impactos.
Los resultados muestran que el problema trasciende Bolivia. En las cuatro grandes cuencas amazónicas estudiadas, una de cada seis microcuencas perdió agua natural y ganó agua artificial simultáneamente. De las microcuencas donde aparecieron nuevas pozas mineras, 64 se encuentran dentro de territorios indígenas. La cifra regional ayuda a comprender que la transformación observada en la cuenca del Beni forma parte de un proceso amazónico mayor, aunque las causas y dimensiones varíen entre países: minería en determinados territorios, expansión ganadera y deforestación en otros, además de represas y cambios climáticos que alteran la dinámica del agua.
Frente a este escenario, la legislación boliviana establece obligaciones particularmente claras. La Constitución Política del Estado no define el agua solamente como un recurso natural: el artículo 373 la reconoce como un derecho fundamentalísimo para la vida y señala que los recursos hídricos son finitos, vulnerables y estratégicos, además de cumplir funciones sociales, culturales y ambientales. El artículo 374 establece que el Estado debe proteger y garantizar prioritariamente el agua para la vida, gestionar y planificar su utilización sustentable y reconocer los usos y costumbres de las comunidades indígena originario campesinas. El artículo 375 va todavía más lejos al establecer el deber estatal de desarrollar planes de conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de las cuencas, vinculando expresamente su gestión con el riego, la seguridad alimentaria y los servicios básicos.
La propia Constitución proporciona, por tanto, una lectura que resulta sorprendentemente actual frente a los nuevos datos satelitales: proteger el derecho al agua exige proteger las cuencas que la producen. Una red domiciliaria puede ampliar la cobertura, pero no puede sustituir un río degradado. Un tanque puede almacenar agua temporalmente, pero no restaurar por sí solo un ecosistema. Un sistema de riego puede mejorar la producción de una comunidad, pero su sostenibilidad seguirá dependiendo de que exista una fuente capaz de abastecerlo. La infraestructura es indispensable, pero sin conservación territorial corre el riesgo de convertirse en la última etapa de una cadena cuyo primer eslabón se está debilitando.
Esta realidad plantea también una cuestión de prioridades públicas. Durante años, las respuestas a los problemas hídricos han tendido a adquirir mayor visibilidad cuando la emergencia ya está instalada: una sequía reduce las reservas, una inundación corta caminos, una comunidad denuncia contaminación o un sistema de abastecimiento deja de funcionar. Sin embargo, gestionar el agua exclusivamente desde la emergencia resulta cada vez más insuficiente. La planificación necesita incorporar monitoreo permanente de cuencas, protección de fuentes, control efectivo de actividades capaces de alterar cauces, infraestructura rural resistente a eventos extremos y mecanismos que permitan detectar transformaciones antes de que sus consecuencias sean irreversibles.
La tecnología ofrece herramientas que hace apenas unas décadas eran inimaginables. Hoy es posible reconstruir desde un satélite la evolución de una microcuenca durante 25 años, diferenciar determinados tipos de superficie acuática y cruzar esa información con mapas de minería, deforestación y territorios indígenas. Pero producir datos no equivale a resolver un problema. La verdadera utilidad de esa información dependerá de su capacidad para orientar decisiones públicas, controles ambientales y estrategias comunitarias de adaptación.
También sería un error trasladar toda la responsabilidad a las poblaciones afectadas. Las comunidades rurales e indígenas poseen conocimientos territoriales indispensables y durante generaciones han desarrollado mecanismos para enfrentar sequías, inundaciones, variaciones estacionales y transformaciones ambientales. Fortalecer esas capacidades es esencial, pero la resiliencia no puede convertirse en una palabra utilizada para normalizar el abandono. Adaptarse no debería significar aprender a vivir permanentemente con menos agua segura, con caminos intransitables o con fuentes cada vez más presionadas, sino reducir las condiciones que convierten un fenómeno ambiental en una crisis social.
En ese escenario se inscribe el trabajo que Cecasem desarrolla junto a comunidades indígenas y campesinas. La adaptación a la crisis ambiental, la gestión de riesgos, la seguridad alimentaria, la protección de los sistemas productivos y el fortalecimiento de capacidades comunitarias forman parte de una misma tarea: construir territorios capaces de enfrentar cambios ambientales sin que sus habitantes pierdan derechos, medios de vida o posibilidades de desarrollo. Esa labor, sin embargo, debe complementar y fortalecer la acción pública, no sustituir las responsabilidades que corresponden al Estado.
El desafío para Bolivia es precisamente superar la idea de que garantizar agua consiste únicamente en ampliar redes de distribución. Los resultados del Censo 2024 muestran que el país ha avanzado de manera importante en cobertura y ese progreso debe continuar, particularmente para cerrar las brechas que todavía persisten. El siguiente paso es asegurar que las fuentes detrás de esa infraestructura permanezcan saludables, disponibles y protegidas. De poco serviría acercarse a una cobertura universal si paralelamente determinadas cuencas pierden agua natural o si comunidades rodeadas de ríos dejan de poder utilizarlos.
Quizá por eso el dato más inquietante de la investigación amazónica no sea únicamente que la cuenca del Beni haya perdido casi 14.000 hectáreas de agua natural. Es que, al mismo tiempo, hayan aparecido aproximadamente 3.000 hectáreas de pozas y que, observadas sin contexto, esas superficies puedan producir la apariencia de que existe más agua. La diferencia entre ambas no es semántica: una representa sistemas naturales que cumplen funciones ecológicas y sociales; la otra evidencia una transformación humana del territorio cuya presencia no equivale a recuperar aquello que desapareció.
Esa paradoja debería modificar la conversación nacional. Bolivia no necesita preguntarse solamente cuánta agua tiene, sino cuánta de ella puede realmente sostener la vida; no solo cuántas viviendas alcanzan una fuente mejorada, sino qué está ocurriendo con las cuencas que abastecerán esas fuentes dentro de diez, veinte o treinta años; no únicamente cómo responder a la próxima sequía o inundación, sino qué decisiones territoriales pueden reducir sus impactos antes de que ocurran.
El agua siempre ha determinado dónde se construyen comunidades, qué alimentos pueden producirse y qué actividades económicas son posibles. En las próximas décadas, su disponibilidad y calidad podrían definir también qué territorios podrán resistir mejor los efectos combinados de la presión extractiva, la degradación ambiental y un clima cada vez más irregular. Por eso proteger una cuenca no es únicamente una política ambiental: es una decisión sobre salud, alimentación, economía, cultura y permanencia territorial.
Los mapas satelitales han dejado una advertencia difícil de ignorar. En algunos lugares de la Amazonía boliviana puede aparecer más azul y existir, al mismo tiempo, menos agua natural. Comprender esa diferencia es el primer paso para evitar que la abundancia aparente oculte una pérdida mucho más profunda. El reto ahora consiste en convertir esa evidencia en prevención, protección de las fuentes, fiscalización y planificación de largo plazo, porque el verdadero patrimonio hídrico de Bolivia no puede medirse solamente por la cantidad de agua que todavía aparece en un mapa, sino por la capacidad de esa agua para seguir alimentando ríos, cultivos, ecosistemas y comunidades.
Por: Brian Cristopher Dalenz Cortez
