El departamento de Beni, Bolivia, enfrenta una crisis ambiental y humanitaria sin precedentes. Tras los devastadores incendios forestales de 2024, que arrasaron millones de hectáreas, las intensas lluvias de 2025 han provocado inundaciones masivas, afectando a miles de familias y poniendo en riesgo la economía regional.
En 2024, Bolivia sufrió una de las peores temporadas de incendios de su historia. Según Fundación Tierra, más de 10 millones de hectáreas fueron consumidas por el fuego, con el departamento de Santa Cruz siendo el más afectado, seguido por Beni y La Paz. Estos incendios destruyeron vastas áreas de bosques y pastizales, afectando gravemente la biodiversidad y los medios de vida de las comunidades locales. La práctica del "chaqueo", que implica la quema de vegetación para preparar tierras agrícolas, fue identificada como una de las principales causas de estos incendios. A pesar de las regulaciones existentes, la implementación y el control deficientes permitieron que esta práctica contribuyera significativamente a la magnitud del desastre. Además, las condiciones climáticas adversas, como sequías prolongadas y temperaturas elevadas, exacerbaron la propagación del fuego, dificultando las labores de extinción y aumentando el impacto ambiental.
Apenas meses después de los incendios, Beni fue golpeado por intensas lluvias que comenzaron en noviembre de 2024 y se intensificaron en marzo de 2025. El 26 de marzo de 2025, el presidente Luis Arce declaró la "emergencia nacional" debido a las inundaciones que dejaron 51 muertos y afectaron a aproximadamente 378,885 familias en todo el país. Más de 800 viviendas fueron destruidas y 29 unidades educativas resultaron dañadas, dejando a varias localidades rurales incomunicadas. La declaración de emergencia permitió al gobierno movilizar recursos técnicos, logísticos y económicos para atender a las zonas afectadas. Sin embargo, la magnitud del desastre superó la capacidad de respuesta inmediata, evidenciando la necesidad de una planificación más efectiva para la gestión de riesgos y desastres en el país.
Las inundaciones han puesto en peligro alrededor de 500,000 cabezas de ganado en San Ignacio de Moxos, Beni. Ariel Arias, presidente de la Asociación de Ganaderos local, solicitó al gobierno el suministro de combustible para trasladar el ganado a zonas más altas y seguras. La falta de respuesta oportuna podría resultar en pérdidas significativas para el sector ganadero, que es una de las principales fuentes de ingresos y empleo en la región. Además, la pérdida de ganado no solo afecta la economía local, sino que también tiene implicaciones en la seguridad alimentaria y en la cadena de suministro de productos cárnicos y lácteos a nivel nacional.
El desborde del río Maniqui ha afectado a 85 comunidades de la etnia Tsimane en San Borja, dejando a 3,544 familias en situación de emergencia. Estas comunidades han perdido cultivos, viviendas y acceso a servicios básicos. La acumulación de palizada ha agravado la situación, obstruyendo el cauce del río y provocando inundaciones más severas. La falta de acceso a alimentos y agua potable ha incrementado el riesgo de enfermedades, especialmente entre niños y ancianos. Además, la interrupción de las actividades educativas y económicas ha profundizado la vulnerabilidad de estas comunidades, que ya enfrentaban desafíos significativos antes del desastre.
A pesar de las declaratorias de emergencia, la asistencia del gobierno ha sido limitada y tardía. La falta de recursos y la burocracia han impedido una respuesta efectiva, dejando a miles de familias sin el apoyo necesario para enfrentar la crisis. Organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil han intentado llenar este vacío, pero sus capacidades también son limitadas frente a la magnitud del desastre. Es esencial que se establezcan mecanismos de coordinación más eficientes entre el gobierno, las organizaciones internacionales y las comunidades locales para garantizar una respuesta más efectiva y oportuna en futuras emergencias.
Desde Cecasem, expresamos nuestra profunda preocupación por la situación en Beni. Es imperativo que las autoridades nacionales y departamentales coordinen esfuerzos para brindar asistencia inmediata a las comunidades afectadas, especialmente a los pueblos indígenas que enfrentan condiciones de extrema vulnerabilidad. La solidaridad y acción conjunta son esenciales para superar esta crisis y sentar las bases de una recuperación sostenible. Además, instamos a la implementación de políticas de prevención y mitigación de desastres que consideren las particularidades de cada región y comunidad, promoviendo un desarrollo resiliente y sostenible en el país.
