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Un instructivo interno de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) volvió a encender una discusión que Bolivia arrastra cada año, pero que después de los megaincendios recientes se volvió un tema de sobrevivencia: el uso del fuego para “habilitar” tierras. El documento —identificado como IND-DGMBT-004/2026— ordena habilitar de manera excepcional y por única vez la ejecución de quemas controladas que ya estaban autorizadas en la gestión 2025 y que quedaron pendientes de ejecución antes del 31 de julio de 2025, abriendo una puerta en un momento especialmente sensible para los ecosistemas.
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La decisión llega con un ruido de fondo inevitable: desde abril de 2025, el Tribunal Agroambiental emitió una sentencia con medidas orientadas a frenar actividades que afecten el hábitat del jaguar y a reforzar controles frente al tráfico de fauna y la degradación ambiental. Esa resolución —que fue presentada como un parteaguas para la protección del jaguar y su territorio— puso sobre la mesa la idea de una “pausa ecológica” y el deber del Estado de actuar con mayor rigor ante amenazas como los incendios y la fragmentación del bosque.
En ese contexto, el instructivo de la ABT aparece como una señal contradictoria: aunque la institución sostiene que se trata de una regularización administrativa de permisos ya otorgados —y que, por tanto, no vulneraría la pausa ecológica— el hecho concreto es que habilita el fuego como herramienta de preparación de terreno justo cuando el país viene de temporadas donde el control “en papel” no siempre se parece al control “en campo”. En Bolivia, basta una ventana de viento, un descuido mínimo o un “cadaquero” que se sale de control para que la palabra “controlada” se vuelva una ficción y el incendio avance sin pedir permiso.
La ABT respalda su decisión en un argumento técnico: la presencia de humedad y lluvias recurrentes reduciría el riesgo de incendios de gran escala. También la amarra a un concepto que siempre pesa en el debate público: seguridad alimentaria. En esa lógica, la flexibilización responde a pedidos del sector productivo para preparar suelos y sostener ciclos agrícolas. La discusión, sin embargo, no es si el país necesita producir alimentos —eso no está en disputa— sino qué costo ambiental estamos dispuestos a normalizar para producirlos, y qué tan real es la capacidad del Estado para garantizar que el fuego no se transforme, otra vez, en catástrofe.
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El instructivo establece requisitos y condicionamientos: carta de solicitud del titular o representante legal, cronograma de ejecución, copia de la resolución administrativa 2025 que otorgó el permiso original, fotocopia de carnet y posteriormente un informe físico o digital con información georreferenciada (shapefile). Además, reitera prohibiciones para quemas en tierras fiscales no disponibles, áreas protegidas, territorios indígenas no titulados/administrados según corresponda y sitios RAMSAR. Es decir, en el texto se subraya que hay límites. El problema es el de siempre: cómo se fiscaliza en territorios extensos, con rutas difíciles y presencia institucional limitada, cuando la experiencia demuestra que la frontera agrícola y los intereses locales muchas veces avanzan más rápido que los sellos oficiales.
Voces críticas han recordado que, con medidas agroambientales vigentes y un país todavía golpeado por incendios, el mensaje institucional debería ser el inverso: cerrar grietas, no abrir excepciones. El abogado ambientalista Rodrigo Herrera —uno de los nombres que ha seguido de cerca el debate legal y la protección del jaguar— ha advertido públicamente que este tipo de habilitaciones pueden entrar en tensión con disposiciones judiciales y con el espíritu precautorio que el Tribunal Agroambiental intentó instalar tras la crisis ambiental.
El punto de fondo no es menor: Bolivia llega a cada temporada seca con una memoria reciente de pérdidas enormes. Los incendios de 2024 dejaron cifras que distintas organizaciones y reportes periodísticos situaron en el orden de millones de hectáreas afectadas, con impactos que todavía se sienten en suelos degradados, fauna desplazada, comunidades expuestas al humo y corredores biológicos fragmentados. Y cuando el bosque se fragmenta, el jaguar —especie paraguas, símbolo de equilibrio ecológico y termómetro de la salud del territorio— pierde presas, pierde conectividad y aumenta su probabilidad de entrar en conflicto con actividades humanas. Esa cadena no es abstracta: se traduce en represalia, caza, tráfico y más presión sobre una especie que ya enfrenta amenazas múltiples.
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Por eso, reducir el debate a “quemas sí/quemas no” es quedarse corto. Lo serio es preguntarnos si el país está construyendo alternativas reales al uso del fuego y sobre todo, si está construyendo capacidad estatal para controlar lo que autoriza. Cuando una institución permite una excepción, el estándar de fiscalización debería subir, no mantenerse igual.
¿Qué alternativas existen que no sean un simple “prohibido” en un papel? La primera es la más incómoda, pero también la más honesta: transparencia total. Si la ABT habilita quemas pendientes, la sociedad debería poder conocer —de manera pública— cuántas son, en qué municipios, bajo qué condiciones, con qué responsables, y con qué mecanismo de control en tiempo real. Porque sin información abierta, la fiscalización ciudadana se vuelve imposible y todo queda en una confianza que el país ya no puede darse el lujo de perder.
La segunda alternativa es técnica y requiere inversión: reemplazar el fuego por manejo de residuos agrícolas, labranza mínima, cobertura vegetal, compostaje, incorporación mecánica de rastrojos y sistemas de producción que reduzcan la necesidad de “limpiar” con incendio. Eso no se logra con un eslogan; se logra con asistencia, maquinaria adecuada para pequeños productores, incentivos, crédito verde y extensión rural seria. Si el argumento es “seguridad alimentaria”, entonces el Estado y los sectores productivos deberían comprometerse también con el paquete completo: producir sin incendiar el futuro.
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La tercera alternativa es territorial: en zonas de alta vulnerabilidad, el Estado necesita combinar monitoreo satelital, control en campo y coordinación con gobiernos subnacionales y organizaciones locales. No basta con prohibir áreas protegidas si alrededor de esas áreas no existe un cinturón de prevención, brigadas equipadas, rutas de respuesta y sanciones rápidas cuando hay incumplimiento. La experiencia muestra que cuando la sanción no llega —o llega tarde— el riesgo se repite.
La cuarta alternativa es cultural y política: Bolivia tiene que dejar de tratar el fuego como “costumbre productiva” y empezar a tratarlo como lo que es en un país megadiverso y frágil: un factor de riesgo mayor que, mal gestionado, se convierte en desastre nacional. La prevención no puede ser estacional ni reactiva; tiene que ser política pública permanente.
Desde Cecasem, cuyo trabajo ha incorporado con más fuerza en los últimos años la adaptación a la crisis ambiental como pilar transversal, esta situación preocupa justamente por lo que deja ver: cuando el marco legal y el marco administrativo parecen caminar en direcciones distintas, quien pierde es el territorio y al final, también pierden las comunidades. Proteger la naturaleza no es un lujo “ecologista”: es proteger salud, agua, alimentación, medios de vida y futuro. Y si algo nos enseñaron los incendios recientes es que el costo de “flexibilizar” se paga después con humo en las escuelas, familias evacuadas, animales calcinados, bosques silenciosos y suelos que ya no vuelven a ser los mismos.
Bolivia todavía está a tiempo de elegir otro camino. Uno donde la seguridad alimentaria no dependa de prender fuego, donde las instituciones no se contradigan en lo esencial, y donde cada decisión pública tenga una pregunta obligatoria antes de firmarse: ¿esto reduce el riesgo país o lo aumenta? En temporada de incendios, esa diferencia no es retórica. Es la línea que separa prevención de tragedia.
Por: Brian C. Dalenz Cortez
