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Con la sanción del proyecto de Ley PL-528/2024-2025, el Gobierno abrió un nuevo frente de disputa con el sector productivo tarijeño. La iniciativa, orientada a crear un fondo de apoyo a la producción láctea mediante una retención a las bebidas alcohólicas, fue rechazada por los vitivinicultores, quienes advierten que la medida pondrá en riesgo el desarrollo económico del valle tarijeño.
Pero más allá del conflicto inmediato, la norma deja al descubierto un problema estructural: la falta de coherencia en la política económica boliviana, que termina enfrentando a sectores productivos en lugar de articularlos dentro de una estrategia de desarrollo sostenible.
Según el texto aprobado, la nueva “Retención por Comercialización e Importación de Bebidas Alcohólicas – RCIBA” establece que cada litro de vino deberá aportar Bs 0,40, y cada litro de singani, Bs 1,30, recursos que financiarán el fondo lácteo administrado por el Estado. El 63% de lo recaudado irá a la producción primaria de leche, el 9% a su transformación y comercialización, y el resto a capacitación, innovación y promoción.
El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Tarija (FEPT), Franz Molina, calificó la medida como “un golpe directo al corazón productivo del sur” y cuestionó que “mientras el país necesita inversión, empleo y esperanza, se siga castigando a quienes apuestan por producir en Bolivia”.
Desde la Asociación Nacional de Industriales Vitivinícolas (ANIV), su gerente Fernando Galarza advirtió que la medida fue aprobada “sin consulta ni análisis técnico”, en una sesión parlamentaria irregular a altas horas de la madrugada. “Nos enteramos el 3 de octubre que el proyecto había sido aprobado sin socialización previa. Esto demuestra improvisación y desesperación fiscal”, señaló.
El impacto no sería menor. De acuerdo con la FEPT, más de 5.000 familias dependen directamente de la producción de uvas, vinos y singanis, lo que se traduce en alrededor de 20.000 personas afectadas de manera directa o indirecta.
Además del rechazo político y gremial, economistas locales advierten que el fondo “Leche para Crecer” revela una distorsión en la lógica fiscal del Gobierno: financiar una cadena agroindustrial con la recaudación de otra. “Es un esquema regresivo y contraproducente. En vez de generar incentivos para el desarrollo cruzado de sectores, se impone un tributo que enfrenta a los productores del agro con los de la industria. No se trata de fomento, sino de reasignación forzada de rentas”, señala el analista económico Luis Fernando Suárez, consultado por medios locales.
En Tarija, la molestia también se dirige hacia la Brigada Parlamentaria, a la que acusan de inacción y falta de vigilancia. Las asociaciones Anavit y ANIV recordaron que sus representantes no fueron convocados a ningún proceso de consulta, y que las oficinas parlamentarias locales “han permanecido cerradas durante todo el año”.
El malestar en el sector no se limita a lo económico. Para los productores, el fondo lácteo financiado por los vitivinícolas simboliza una política de compensaciones desequilibrada, donde las regiones productoras de mayor valor agregado terminan financiando proyectos ajenos sin retorno. “No se puede fomentar una cadena castigando a otra; eso rompe el tejido económico nacional”, enfatizó Molina.
Mientras tanto, el Gobierno defiende la medida como una forma de “garantizar la seguridad alimentaria con soberanía” y fortalecer al sector lácteo, que enfrenta dificultades de producción y consumo interno. Sin embargo, la controversia ya ha escalado al plano legislativo: los empresarios buscan que el Senado revise la constitucionalidad de la norma antes de su promulgación.
De aprobarse definitivamente, Bolivia podría enfrentar un nuevo conflicto intersectorial en medio de una economía debilitada por el déficit fiscal, la escasez de divisas y la caída de la inversión privada. En Tarija, la alarma ya está encendida.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
