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La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) confirmó la existencia de un vacío legal que, en los hechos, permite que quienes desmontan ilegalmente grandes extensiones de bosque en Bolivia puedan “regularizar” su situación con solo pagar una multa. Esta práctica, reconocida por el propio director general de Manejo de Bosque y Tierra de la ABT, Franz Valdez, convierte la sanción en un simple costo operativo para quienes degradan el medioambiente.
Valdez explicó que la actual normativa boliviana impide que la ABT actúe de manera preventiva ante un desmonte ilegal. “Nuestra acción se activa solo cuando el daño ya está hecho”, reconoció a la Revista Nómadas. El funcionario detalló que los infractores pueden pagar una multa equivalente a 190 UFVs por hectárea —menos de 600 bolivianos— para “legalizar” posteriormente la superficie deforestada, incluso si el cambio de uso de suelo no estaba autorizado.
La advertencia cobra especial relevancia en medio de la polémica por la posible venta del predio INPA, una propiedad privada de más de 30.000 hectáreas de bosque en Santa Cruz, a la empresa brasileña Bom Futuro, vinculada al agronegocio sojero. De acuerdo con Valdez, el Plan de Ordenamiento Predial (POP) vigente solo autoriza el desmonte de 1.585 hectáreas para actividades silvopastoriles (ganaderas), prohibiendo expresamente el cambio hacia la agricultura intensiva.
“No hay indicios de que se haya desmontado más allá de lo permitido. Las imágenes satelitales muestran que los caminos y rodeos corresponden a manejo forestal”, precisó Valdez. Sin embargo, admitió que si un nuevo propietario decidiera desmontar ilegalmente para sembrar soya, “podría pagar la multa y, en la práctica, legalizar el desmonte”.
El funcionario advirtió que esta situación evidencia una contradicción estructural en el marco legal boliviano: la propiedad privada prevalece sobre la protección del bosque. “El INRA otorga los títulos de propiedad, y nosotros solo podemos intervenir después del daño. Sin bosques, la ABT pierde su razón de ser”, afirmó.
El predio INPA —una isla verde dentro de un corredor biológico vital para la Chiquitanía— ha mantenido operaciones forestales durante más de una década, con 55 planes de manejo aprobados desde su creación. No obstante, el entorno del área muestra un patrón de deforestación creciente impulsado por la expansión agrícola y la aplicación de la Ley 741, que permite desmontes de hasta 20 hectáreas por familia bajo el argumento de “producción integral”.
Valdez reconoció que la ABT trabaja en una propuesta de ley que permita sanciones más efectivas, como la reversión de tierras o la destrucción de maquinaria en casos de deforestación ilegal. Sin embargo, mientras no se modifique la legislación vigente, las multas seguirán funcionando como una vía para “blanquear” los desmontes.
La revelación deja en evidencia un dilema de fondo: el Estado boliviano carece de herramientas legales para impedir la pérdida de bosques antes de que ocurra, incluso en zonas de alto valor ambiental como la Chiquitanía.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
