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La Unión Europea incluyó a Bolivia en su lista de países de alto riesgo por lavado de dinero y financiamiento ilícito. Aunque reconoce avances, señala que el país no ha corregido deficiencias clave en supervisión, investigación y control de beneficiarios finales. La decisión implica controles más estrictos en transacciones financieras con entidades europeas.
Bolivia vuelve al foco internacional, esta vez bajo la lupa de la Unión Europea (UE). La Comisión Europea confirmó la incorporación del país a su lista de Estados de alto riesgo en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La medida se adoptó tras la reciente actualización del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que también ubicó a Bolivia bajo supervisión reforzada.
Aunque Bruselas reconoce que Bolivia ha mostrado avances y compromiso institucional, sostiene que éstos “no resultan suficientes” para levantar las observaciones, especialmente en áreas sensibles. Entre ellas figuran el uso de técnicas especiales de investigación, la supervisión basada en riesgos en sectores vulnerables —como el inmobiliario, jurídico-contable y el comercio de metales preciosos— y la actualización de información sobre beneficiarios finales.
La UE remarca que persiste la necesidad de controles más rigurosos y de mecanismos efectivos que prevengan operaciones ilícitas. Como consecuencia, las entidades financieras reguladas en Europa deberán aplicar vigilancia reforzada cuando operen con Bolivia, un ajuste que puede afectar transacciones, inversiones, exportaciones y actividades económicas vinculadas a ambos mercados.
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, atribuyó el ingreso a la llamada “lista gris” a un “descuidado uso político” de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) en las gestiones de Luis Arce y Evo Morales. Según Espinoza, la institución fue usada como “brazo persecutor” y no para combatir delitos financieros, lo que debilitó el estándar internacional que el país debía cumplir.
Mientras el Gobierno promete “recuperar el carácter técnico” y ajustar la normativa anticorrupción pendiente desde la anulación de la Ley 1386, Bruselas anticipa que el monitoreo se mantendrá. El reto ahora será no solo demostrar cambios, sino garantizar que esos cambios funcionen.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
