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El Tribunal Agroambiental resolvió mantener vigentes las medidas de protección contra incendios forestales y rechazó, por segunda vez, la solicitud presentada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) para suspender dichas disposiciones.
La decisión fue adoptada por la Sala Plena en el marco de una acción ambiental orientada a la conservación del jaguar y su hábitat, proceso en el que el Tribunal estableció previamente una “pausa ecológica” que incluye la restricción de quemas y chaqueos en áreas consideradas ambientalmente sensibles.
Según informó la presidenta del Tribunal Agroambiental, Roxana Chávez, la solicitud de la ABT fue declarada “no ha lugar”, al tratarse de un pedido que ya había sido evaluado y rechazado anteriormente. La autoridad precisó que las restricciones no se aplican de forma generalizada en todo el territorio, sino específicamente en tierras fiscales y sitios Ramsar, considerados ecosistemas estratégicos.
El pronunciamiento del Tribunal también reitera el carácter obligatorio de sus resoluciones. Chávez señaló que cualquier incumplimiento de estas disposiciones será remitido al Ministerio Público para su correspondiente evaluación.
Las medidas vigentes se desprenden de una resolución emitida en septiembre de 2025, considerada un precedente dentro de la jurisdicción agroambiental. En ese fallo, el Tribunal estableció una serie de disposiciones destinadas a mitigar los efectos de los incendios forestales y proteger la biodiversidad, incluyendo la suspensión de autorizaciones de quema emitidas previamente.
Entre las acciones ordenadas se encuentra la implementación de políticas públicas de protección ambiental, la elaboración de planes de manejo para reducir conflictos entre actividades humanas y fauna silvestre, y la coordinación interinstitucional para el control de actividades que puedan afectar ecosistemas vulnerables.
Asimismo, la resolución instruye a diversas entidades del Estado a adoptar medidas específicas en plazos definidos, incluyendo la elaboración de planes nacionales de conservación, el fortalecimiento de controles contra el tráfico ilegal de fauna y la actualización de categorías de conservación de especies.
El requerimiento presentado por la ABT buscaba la suspensión inmediata de las medidas de protección, incluyendo la restricción de quemas autorizadas previamente por la propia entidad. Esta solicitud se enmarca en un contexto de gestión forestal y productiva en el que diferentes instituciones mantienen competencias sobre el uso del suelo.
Sin embargo, el Tribunal Agroambiental determinó que las condiciones que motivaron la emisión de la pausa ecológica se mantienen vigentes, por lo que no corresponde modificar las restricciones establecidas.
De acuerdo con datos oficiales, Bolivia registró en 2024 aproximadamente 12,6 millones de hectáreas afectadas por incendios forestales, siendo el departamento de Santa Cruz el más impactado. En 2025, la superficie afectada se redujo a cerca de 700 mil hectáreas.
En este contexto, las medidas adoptadas por el Tribunal Agroambiental se enmarcan en acciones orientadas a la prevención y control de incendios, así como a la protección de ecosistemas considerados estratégicos.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
