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A tres años del biocidio de un oso jucumari en las inmediaciones del Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) El Palmar, en Chuquisaca, organizaciones ambientalistas y defensoras de la fauna se movilizan para exigir una sanción ejemplar contra los tres acusados. El juicio oral está previsto para este miércoles 16 de septiembre y el caso pone nuevamente en debate la protección de la fauna silvestre y la respuesta del Estado frente a los conflictos entre comunidades y animales.
El oso andino fue perseguido, golpeado con piedras y atacado por perros después de que presuntamente matara una vaquilla en la comunidad de Rumi Cancha. Según los antecedentes del proceso, el animal terminó muriendo por ahorcamiento y posteriormente su cuerpo fue desmembrado. Para las organizaciones que siguen el caso, no se trata únicamente de la muerte de un ejemplar, sino de la pérdida de una especie vulnerable dentro de un área protegida y de la necesidad de establecer un precedente frente a delitos contra la vida silvestre.
Una muerte que vuelve a los tribunales
El caso se remonta al 30 de julio de 2023, cuando un oso andino o jucumari (Tremarctos ornatus) fue perseguido en la comunidad de Rumi Cancha, colindante con el ANMI El Palmar, en Chuquisaca.
De acuerdo con los antecedentes difundidos sobre la investigación, el animal habría ingresado a una zona ganadera y matado una vaquilla. La reacción posterior derivó en una persecución en la que, según la acusación, el oso fue atacado con piedras, palos y perros hasta quedar acorralado.
Posteriormente, uno de los comunarios habría utilizado una soga para sujetarlo por el cuello y provocarle la muerte. El cuerpo fue después desmembrado y sus partes distribuidas.
El Ministerio Público abrió un proceso penal por biocidio, además de delitos relacionados con la destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional y delitos ambientales.
Los acusados son Santos Yucra Zurita, Francisco León Koanqui y Doroteo Flores Quispe, quienes, de acuerdo con los antecedentes citados por El Deber, fueron vinculados a la posesión de diferentes partes del cuerpo del animal y de la soga utilizada en el hecho. Los tres enfrentan el proceso sin detención preventiva.
¿Por qué la muerte de un solo oso importa?
El impacto del caso adquiere otra dimensión debido a la situación de la especie y a la población de jucumaris que habita en El Palmar.
En 2023, el biólogo Mauricio Peñaranda calificó el hecho como una “tragedia” y señaló, en declaraciones recogidas por Correo del Sur, que se estimaba entonces la presencia de apenas entre 20 y 30 osos andinos en el área protegida, aunque no existía un registro exacto.
La desaparición de un ejemplar puede tener consecuencias relevantes cuando se trata de una población reducida. Además, el oso andino cumple funciones ecológicas importantes para la regeneración de los bosques y la dispersión de semillas, por lo que su pérdida trasciende al individuo y alcanza al ecosistema que habita.
Activistas piden una sanción ejemplar
A pocos días de la audiencia, organizaciones defensoras de la fauna y el medio ambiente volvieron a pronunciarse sobre el caso.
El refugio Senda Verde y otras organizaciones demandaron que el proceso avance con independencia y que, una vez garantizado el debido proceso, se aplique la máxima sanción contemplada por la legislación. La petición de los activistas, recogida por La Patria, apunta a que el caso establezca un precedente frente a hechos similares.
“La muerte de un animal silvestre protegido no puede normalizarse ni quedar impune”, sostuvo Senda Verde en su pronunciamiento, de acuerdo con el mismo medio.
Ricardo Rivera, presidente de una organización protectora de animales, también reclamó la aplicación de la pena máxima prevista para el delito, que los activistas identifican en cinco años.
Las organizaciones sostienen que la existencia de un conflicto entre fauna silvestre y actividades ganaderas no justifica que particulares persigan, torturen o maten a un animal protegido. Frente a este tipo de situaciones, plantean que deben activarse mecanismos institucionales de prevención y manejo de conflictos.
El desafío de proteger al jucumari
El caso también vuelve la mirada hacia la protección de una de las especies más emblemáticas de la fauna boliviana.
El oso andino es una especie protegida y considerada vulnerable. Su presencia dentro de áreas naturales como El Palmar forma parte de los procesos ecológicos que sostienen estos ecosistemas.
Por ello, las organizaciones que acompañan el proceso consideran que el juicio no debería limitarse a determinar responsabilidades individuales. También representa una oportunidad para discutir cómo prevenir los conflictos entre fauna silvestre y actividades productivas, especialmente en territorios próximos a áreas protegidas.
La investigación cuenta además con elementos periciales especializados y participación de profesionales del ámbito científico y veterinario. Entre ellos se encuentra la investigadora de la Universidad de Oxford, Ximena Vélez Liendo, según los antecedentes difundidos sobre el proceso.
El Ministerio Público de Chuquisaca actúa como acusador de oficio, mientras que el SERNAP y la Gobernación de Chuquisaca figuran entre las instituciones que participan como acusadores particulares.
Tres años después, el caso vuelve a interpelar al país
La audiencia prevista para este miércoles 16 de septiembre marcará un nuevo momento en un proceso que permanece abierto desde 2023.
Para los activistas, la decisión judicial tendrá un efecto que va más allá de los tres acusados: definirá qué tan efectiva es la protección de la fauna silvestre cuando un animal ingresa en espacios productivos y se genera un conflicto con las comunidades.
El jucumari muerto en El Palmar no puede regresar a su hábitat. Pero el proceso judicial puede determinar si su muerte queda como un episodio aislado o se convierte en un precedente para fortalecer la protección de la biodiversidad boliviana.
Por: Joel Poma - Comunicación Cecasem
