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Después de más de un año de proceso judicial y una audiencia que se extendió por más de 12 horas, el Tribunal Primero de Sentencia Mixto de Entre Ríos, en Tarija, emitió una sentencia absolutoria a favor de 12 comunarios y defensores de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, quienes enfrentaban acusaciones vinculadas a protestas contra actividades hidrocarburíferas en la zona protegida.
La decisión judicial se conoció cerca de la medianoche del viernes y marcó un nuevo capítulo en el conflicto que desde hace años enfrenta a comunidades de Tariquía con proyectos de exploración petrolera impulsados por YPFB y Petrobras.
Los comunarios habían sido acusados por los presuntos delitos de impedir el ejercicio de funciones, atentado contra la libertad de trabajo e instigación pública a delinquir, luego de las vigilias y bloqueos registrados entre 2018 y 2019 en rechazo al ingreso de maquinaria y personal relacionado con el proyecto exploratorio Domo Oso X3.
El abogado defensor Roger Ibarra informó que el tribunal resolvió absolver a los procesados debido a que el Ministerio Público no logró demostrar los hechos denunciados mediante las pruebas documentales y testificales presentadas durante el juicio.
“La Fiscalía no pudo probar los extremos de la acusación”, sostuvo Ibarra, quien además explicó que varias declaraciones presentaron contradicciones respecto a fechas y supuestos hechos de agresión denunciados por funcionarios vinculados a YPFB.
La audiencia oral se desarrolló en un contexto de alta atención pública debido a que el caso fue seguido por organizaciones ambientales, plataformas ciudadanas y representantes de comunidades campesinas e indígenas que consideran a Tariquía uno de los principales puntos de conflicto socioambiental del país.
Los 12 comunarios absueltos pertenecen principalmente al cantón Chiquiacá y fueron denunciados inicialmente por YPFB. Posteriormente, Petrobras se adhirió al proceso judicial. El caso se remonta a octubre de 2024, cuando la estatal petrolera denunció a 29 personas por supuestamente obstaculizar operaciones relacionadas con el proyecto hidrocarburífero.
Según antecedentes expuestos durante el juicio, las comunidades habían denunciado desde años atrás la inexistencia de una consulta previa, libre e informada respecto a actividades petroleras en la reserva, además de cuestionar el ingreso de maquinaria en áreas consideradas ambientalmente sensibles.
La Defensoría del Pueblo había advertido anteriormente sobre posibles excesos en el uso del sistema penal en el marco de conflictos territoriales y ambientales relacionados con Tariquía.
La sentencia absolutoria fue recibida con abrazos, lágrimas y celebraciones por parte de familiares y comunarios presentes en la sala judicial. Sin embargo, el proceso aún podría continuar debido a que la Fiscalía y las partes denunciantes tienen un plazo legal de 15 días para presentar una apelación.
Uno de los procesados, Rodrigo Altamirano, señaló que las comunidades continuarán impulsando acciones de defensa territorial frente a proyectos extractivos en la zona. En la misma línea, Janeth Alfaro, también absuelta, indicó que la movilización social en Tariquía continuará enfocada en la protección de fuentes de agua, biodiversidad y territorios comunales.
El fallo judicial ocurre pocas semanas después de la realización de la IV Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú en Bahamas, tratado internacional que establece obligaciones para la protección de personas defensoras ambientales y el acceso a la justicia ambiental en América Latina y el Caribe.
Diversas organizaciones ambientales sostienen que el caso Tariquía se convirtió en uno de los procesos más visibles relacionados con la judicialización de conflictos socioambientales en Bolivia.
La Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, ubicada en Tarija, es considerada una zona estratégica por su biodiversidad, sus fuentes de agua y su importancia ecológica para comunidades rurales y ecosistemas del sur del país.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
