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La Central de Comunidades Indígenas Tacanas II Río Madre de Dios (CITRMD) advirtió que la minería ilegal en el río Toromonas, situado en la provincia Abel Iturralde, amenaza no solo su territorio sino la supervivencia de un pueblo indígena en aislamiento voluntario. La denuncia fue presentada a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), en exigencia de una inspección conjunta, urgente y con resguardo de Derechos Humanos.
Lo novedoso de la denuncia se centra en que la zona afectada no es únicamente un territorio titulado, sino un espacio con estatus de doble protección: TCO indígena y territorio con presencia probada de Pueblos Indígenas en Aislamiento (PIA), específicamente el pueblo Toromona. Esta condición convierte la intervención minera en un riesgo directo de etnocidio, según la Ley 450 de Protección a Naciones en Alta Vulnerabilidad.
A través de una carta enviada el 26 de noviembre, la CITRMD respaldada por la CPILAP y la CIDOB, reportó la presencia de dragas que operan dentro y fuera del cauce, removiendo sedimentos, destruyendo bosques y contaminando el agua con metales pesados. Los registros audiovisuales recopilados por las organizaciones indígenas evidencian maquinaria devastando riberas y lechos antiguos del río sin control estatal.
Roland Mejía, presidente de la CITRMD, remarcó que las comunidades no han autorizado ninguna explotación minera colectiva. Explicó que si existen acuerdos individuales “a título personal”, estos no pueden ser usados para encubrir delitos ambientales. “Rechazamos cualquier intento de usar el nombre de nuestro pueblo para avalar la ilegalidad”, afirmó.
Además de exigir un control inmediato, las organizaciones demandaron un informe escrito de la AJAM sobre contratos, autorizaciones temporales o trámites de consulta previa existentes en el Toromonas, debido a la ausencia de información pública y sospechas de omisiones técnicas en inspecciones previas. “Es inexplicable que los técnicos no hayan visto el daño visible”, señala la carta, sugiriendo negligencia o posibles intereses ajenos al deber de control.
La denuncia toma mayor relevancia a la luz de antecedentes históricos: en 2017, durante un proyecto de exploración hidrocarburífera, un campamento petrolero tuvo que ser reubicado tras evidencias auditivas claras de presencia de un pueblo no contactado. Investigadores, monitores ambientales e informes confidenciales de YPFB confirmaron señales de gritos y movimientos dentro de la selva, atribuidos al pueblo Toromona.
Hoy, el riesgo es mayor: la minería ilegal podría desencadenar contacto forzado, contagio de enfermedades externas, desplazamiento territorial y destrucción irreversible de su hábitat vital. Por ello, la CITRMD exige que el Ministerio de Justicia participe en la inspección, garantizando la aplicación real de la Ley 450 y estándares internacionales de Derechos Humanos.
Las organizaciones remarcan que proteger el Toromonas significa defender vidas, culturas y memoria colectiva. “No permitiremos la destrucción de nuestra casa grande”, concluyen.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
