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A cuatro meses de la acción ambiental presentada por el Territorio Indígena Multiétnico (TIM II) para frenar la minería ilegal del oro en el río Madre de Dios, el Tribunal Agroambiental aún no se pronuncia, mientras la AJAM continúa promoviendo nuevas áreas mineras. Para el CEJIS, esta inacción judicial consolida la ilegalidad y deja a las comunidades indígenas en situación de vulnerabilidad, pese a que el río fue reconocido como sujeto de derechos en la demanda.
El futuro del río Madre de Dios continúa en incertidumbre legal. Cuatro meses después de que el Territorio Indígena Multiétnico (TIM II) presentara una acción ambiental preventiva contra la minería ilegal del oro, el Tribunal Agroambiental aún no se ha pronunciado sobre su admisión. La inacción contrasta con el avance de las operaciones mineras y nuevas solicitudes de explotación impulsadas por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).
Miguel Vargas, director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), expresa preocupación ante el silencio judicial, señalando que la falta de pronunciamiento “pone en situación de indefensión y vulnerabilidad a las comunidades del TIM II”. La acción legal, presentada en los últimos meses del gobierno de Luis Arce, incluye pruebas técnicas sobre contaminación por metales pesados, sólidos suspendidos y deforestación a lo largo de 184 kilómetros del río.
A esta demora se suma el hecho de que la AJAM solicitó nueva consulta al TIM II para autorizar más áreas de explotación, pese a que —según el CEJIS— el Estado ya cuenta con información técnica suficiente para evitar el ingreso a territorios indígenas. “Más que consultar, debería resguardar el territorio, no incentivar nuevas operaciones”, afirma Vargas.
La situación se agrava ante el reconocimiento del río Madre de Dios como sujeto de derechos dentro de la acción legal, en respeto a la cosmovisión de los pueblos Tacana, Cavineño y Ese Ejja, quienes consideran al río un ser vivo fundamental para su supervivencia cultural, ambiental y espiritual.
Para el CEJIS, el retraso judicial permite que la minería ilegal se consolide con respaldo estatal, como refleja la reciente admisión pública del dirigente minero Corcino Cerezo, quien justificó que los operadores salen de sus áreas para extraer “oro de arrastre” que ingresa de Perú. “La ilegalidad se ha normalizado con la omisión de quienes deben fiscalizar”, enfatiza Vargas.
Mientras el Tribunal Agroambiental prepara una visita al territorio durante la vacación judicial, crece la incertidumbre sobre si el resultado impactará en el proceso o se convertirá en otra oportunidad perdida. Lo que está en juego no es solo un trámite: es la vida del río y la defensa del derecho de los pueblos indígenas a su territorio.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
