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La Gobernación de Santa Cruz promulgó la Ley Departamental 512, que declara desastre departamental por las intensas lluvias que provocaron el desborde de ríos, riadas e inundaciones en varias zonas del departamento, una medida que reconoce que la emergencia superó la capacidad técnica, operativa y financiera del gobierno departamental.
La declaratoria rige desde el domingo y responde a un escenario hidrometeorológico excepcional, con impactos humanos, productivos y ambientales. Según informes oficiales, las lluvias dejaron siete personas fallecidas y obligaron a desplegar operativos de búsqueda y rescate que continúan en municipios como El Torno, Porongo, La Bélgica, Warnes y Montero, entre otros.
El enfoque novedoso de la norma está en su alcance integral: no solo habilita la atención inmediata a las familias afectadas, sino que activa la gestión urgente de recursos humanos, técnicos, financieros y logísticos ante el Gobierno Nacional para proteger a comunidades, infraestructura crítica y biodiversidad.
La Ley 512 establece además un plazo de vigencia hasta el 29 de mayo de 2026, con posibilidad de ampliación según las evaluaciones técnicas. Esto reconoce que el evento no es aislado, sino parte de un desastre hidrometeorológico en desarrollo, marcado por una variabilidad climática extrema y cambios críticos en los cauces.
Informes técnicos identifican 198 puntos críticos activos en las cuencas de los ríos Grande, Piraí, Yapacaní, Ichilo y Parapetí, siendo el río Grande el más afectado. El impacto alcanza 356.409 hectáreas susceptibles de inundación, con 254.972 personas en riesgo directo y más de 2,2 millones en riesgo indirecto, además de daños severos en zonas productivas y ecosistemas estratégicos.
La emergencia tiene también un carácter interdepartamental, ya que las crecidas sostenidas y el desvío de cauces elevan el riesgo de afectación hacia el departamento del Beni, lo que refuerza la necesidad de una respuesta coordinada a nivel nacional.
Con esta declaratoria, Santa Cruz busca acelerar la llegada de ayuda y fortalecer la capacidad de respuesta frente a un evento climático que amenaza la seguridad alimentaria, económica y ambiental del departamento, en un contexto donde las lluvias intensas siguen marcando la agenda de riesgo.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
