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Las políticas de resiliencia climática podrían proteger o generar hasta 149 millones de empleos en países de renta baja y media, de acuerdo con el informe “Empleos en un clima cambiante” del Banco Mundial. El análisis fue destacado en Bolivia por el Observatorio Nacional del Trabajo (ONT), que subraya el potencial de la adaptación climática como componente de planificación económica y laboral.
El reporte advierte que, sin medidas de adaptación, las pérdidas podrían alcanzar hasta el 20% del Producto Interno Bruto (PIB) hacia 2050 en economías vulnerables, y hasta 260 millones de empleos podrían verse afectados en 93 países analizados. Sin embargo, señala que inversiones en infraestructura resiliente, agricultura sostenible y planificación urbana podrían reducir entre 4% y 5% las pérdidas de ingresos laborales en escenarios adversos.
El cambio climático se consolida como un factor de incidencia directa en la dinámica económica global. Más allá de sus efectos ambientales, el fenómeno impacta en productividad, ingresos y estabilidad laboral, especialmente en países con alta exposición a eventos extremos.
Desde el Observatorio Nacional del Trabajo (ONT), centro de análisis vinculado a Universidad Franz Tamayo, se enfatiza que el informe internacional plantea tanto riesgos como oportunidades. Ronald Bedregal, responsable del ONT, indicó que la resiliencia climática puede incorporarse como eje de generación de empleo dentro de las políticas públicas.
“La resiliencia climática debe entenderse como una estrategia de generación de empleo y no únicamente como una política ambiental”, afirmó Bedregal. Añadió que el informe del Banco Mundial “ofrece una hoja de ruta clara para que economías vulnerables transformen el riesgo en oportunidad”.
El documento estima que, en ausencia de intervenciones de adaptación, hasta 260 millones de puestos de trabajo podrían verse impactados en países de renta baja y media. No obstante, también identifica que la inversión anticipada en infraestructura resiliente, prácticas agrícolas sostenibles y planificación urbana puede mitigar parte de los efectos en los ingresos laborales.
En el caso boliviano, sectores como la agricultura y la minería concentran una proporción relevante del empleo y presentan alta sensibilidad frente a fenómenos como sequías e inundaciones. Según el ONT, este contexto refuerza la necesidad de planificación estratégica y políticas de anticipación.
El análisis del Observatorio señala que la transición hacia economías con menores emisiones no implica necesariamente una reducción neta del empleo. Mientras algunos sectores intensivos en carbono podrían enfrentar ajustes, otros vinculados a energías renovables, gestión ambiental y economía circular podrían expandirse.
“Estamos frente a una transformación estructural del mercado laboral”, explicó Bedregal. “No se trata de sustituir empleos, sino de reconvertir capacidades y preparar a la fuerza laboral para nuevas demandas productivas”.
Asimismo, el ONT indica que la integración de resiliencia climática en políticas laborales podría articularse con procesos de formalización, capacitación técnica y fortalecimiento de competencias digitales, en un contexto nacional caracterizado por niveles elevados de informalidad.
El informe también proyecta que, bajo trayectorias de bajas emisiones, los impactos agregados en ingresos laborales serían moderados hacia 2030, aunque con diferencias sectoriales relevantes. Para el Observatorio, esta dinámica plantea la necesidad de complementar la transición con programas de reentrenamiento y mecanismos de protección social.
Desde esta perspectiva, el análisis concluye que la resiliencia climática puede integrarse en la planificación económica como instrumento de modernización productiva y gestión del riesgo laboral.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
