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El Gobierno presentó una radiografía inédita sobre el uso de las reservas internacionales en casi dos décadas, al denunciar que entre 2006 y 2024 se crearon 67 empresas públicas con una inversión de 7.750 millones de dólares, de los cuales solo se recuperó el 18%. El informe, expuesto por el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, sostiene que este proceso derivó en un daño económico directo de 1.463,5 millones de dólares, además de 1.132 millones perdidos en plantas industriales que no lograron operar.
El enfoque del reporte no se limita al número de empresas, sino a su desempeño. De las 67 creadas, 14 fueron calificadas como inviables, varias de ellas cerradas o en quiebra técnica. Según la denuncia oficial, estas compañías se convirtieron en focos de ineficiencia y corrupción, financiadas con recursos provenientes de las reservas del país.
Uno de los datos centrales del informe es que solo tres empresas estatales son rentables: YPFB, ENDE y Comibol. Estas concentran el 95% de los ingresos del sistema de empresas públicas y, según el ministro, no son producto del ciclo reciente, sino estructuras heredadas de sectores estratégicos históricos.
El documento también introduce la categoría de “empresas zombie”, aquellas que continúan operando pese a tener patrimonio negativo y quiebra técnica. Entre ellas figuran YLB, Quipus, Yacana y la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos, que en conjunto generaron un daño superior a 1.290 millones de dólares y requerirían recursos adicionales solo para su cierre ordenado.
El informe señala además que la llamada industrialización mediante plantas estatales tampoco cumplió sus objetivos. De 174 plantas planificadas, solo 40 fueron entregadas, mientras que 134 permanecen inconclusas, generando una pérdida estimada de 1.132 millones de dólares en áreas como alimentos, biocombustibles, fertilizantes, química básica y manufactura.
Lupo sostuvo que la creación de empresas públicas y la industrialización estatal se convirtieron en un segundo mecanismo de “saqueo al Estado”, junto a la subvención de hidrocarburos. Afirmó que los recursos dilapidados podrían haberse destinado a infraestructura estratégica, salud, educación o exploración energética.
Finalmente, el Gobierno anunció el cierre del “grifo” financiero a las empresas inviables, una reingeniería fiscal, auditorías integrales y procesos de investigación para determinar responsabilidades. El objetivo declarado es frenar el drenaje de recursos públicos y garantizar la sostenibilidad fiscal del Estado.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
