Donar
Un nuevo reporte comunal sostiene que el 86 % de 126 habitantes evaluados en Cantumarca presentó plomo en la sangre, en una zona próxima a los diques de colas Laguna Pampa I y II. La denuncia vuelve a exponer un problema que trasciende la contaminación ambiental: el plomo puede acumularse silenciosamente en el organismo y afectar el cerebro, los riñones, la sangre y otros sistemas.
La presencia de plomo en la sangre de habitantes de Cantumarca vuelve a poner bajo observación las consecuencias humanas de la actividad minera en esa comunidad potosina. Según un reporte difundido por Radio Fides, un estudio clínico realizado durante 2025 a 126 comunarios habría detectado el metal en el 86 % de las personas evaluadas.
El dato fue comunicado por Raúl Véliz, Curaj Tata de la Nación Carangas, quien atribuyó la exposición a la contaminación minera y al retraso en el cierre de los diques Laguna Pampa I y II. También cuestionó la falta de cumplimiento de fichas y manifiestos ambientales por parte de las instancias responsables.
La cifra significa que aproximadamente 108 de las 126 personas estudiadas habrían presentado plomo en la sangre. Sin embargo, Radio Fides no difundió el informe clínico completo, las concentraciones registradas en cada paciente, las edades de los participantes ni la institución que realizó los análisis. Tampoco se conoce cuántas personas requerirían tratamiento o seguimiento médico.
Esa ausencia de información limita la posibilidad de establecer la gravedad individual de cada caso. La Organización Mundial de la Salud advierte, no obstante, que no existe una concentración de plomo en sangre conocida como completamente segura y que la exposición puede afectar múltiples sistemas del organismo, aun cuando inicialmente no produzca síntomas específicos.
El plomo puede ingresar al cuerpo mediante la inhalación de partículas o la ingestión de polvo, tierra, agua y alimentos contaminados. Una vez dentro del organismo, se distribuye hacia el cerebro, los riñones, el hígado y los huesos, donde puede acumularse durante largos periodos.
En niñas y niños, la exposición puede afectar el desarrollo del cerebro y del sistema nervioso, provocar dificultades de aprendizaje, alteraciones del comportamiento y reducción de capacidades cognitivas. En personas adultas, se relaciona con un mayor riesgo de hipertensión, enfermedades cardiovasculares y daño renal.
Estos efectos convierten el caso de Cantumarca en un problema de salud pública y no únicamente de control ambiental. La detección del metal debería estar acompañada por evaluaciones médicas, seguimiento de las personas afectadas, identificación de las fuentes de exposición y medidas para evitar nuevos contactos.
Antecedentes difundidos en 2024 señalaban que un estudio previo había evaluado a 116 habitantes, entre ellos 23 niños, y había encontrado presencia de plomo en el 86 %. También se reportaron posibles dificultades de aprendizaje en estudiantes de la zona, aunque esa información necesita ser respaldada por los resultados clínicos y educativos completos.
La diferencia entre los 116 casos mencionados anteriormente y los 126 reportados ahora no fue aclarada. Podría tratarse de una nueva evaluación, de una ampliación de la muestra o de una imprecisión en la comunicación de los resultados.
La controversia está vinculada con los diques de colas Laguna Pampa I y II, cuya licencia ambiental estableció que el proceso de cierre y rehabilitación debía concluir en noviembre de 2017. No obstante, la Sentencia Constitucional Plurinacional 1064/2023-S3 estableció que continuaron registrándose depósitos de colas secas y actividades fuera de lo previsto en el plan de cierre.
La sentencia analizó inspecciones, registros fotográficos, imágenes de dron y resultados de laboratorio de habitantes de Cantumarca. También identificó riesgos derivados del material particulado generado en los diques, que puede contener trazas de plomo y otros elementos vinculados con los residuos minero-metalúrgicos.
El fallo ordenó adoptar medidas de cierre, rehabilitación y encapsulamiento para evitar que las partículas fueran transportadas hacia Cantumarca y la ciudad de Potosí. La Defensoría del Pueblo exigió posteriormente el cumplimiento de esa determinación y pidió al SEDES implementar atención sanitaria para los pobladores expuestos.
En noviembre de 2024, una resolución judicial amplió hasta febrero de 2025 el plazo para concluir trabajos en los diques, debido a problemas de abastecimiento de combustible que habrían afectado la ejecución de las obras. No obstante, la información actual no precisa el grado de avance alcanzado ni si el cierre definitivo fue completado.
Véliz sostuvo que la contaminación minera explica los resultados clínicos. Esa hipótesis es coherente con los antecedentes ambientales y judiciales del lugar, pero la atribución directa de los casos requiere comparar las concentraciones encontradas en la sangre con mediciones actuales de aire, suelo, agua, alimentos y polvo domiciliario.
También sería necesario identificar otras posibles fuentes de exposición, determinar cuánto tiempo permanecieron expuestas las personas y diferenciar los casos infantiles, laborales y comunitarios.
La sentencia constitucional estableció que existía una amenaza para el medio ambiente, la salubridad pública y los derechos colectivos debido al manejo de los diques. Sin embargo, no sustituye una investigación epidemiológica actual que determine la fuente específica y el impacto clínico de cada caso.
Hasta el momento, la información difundida no incluye un pronunciamiento actualizado de la Asociación de Ingenios Mineros de Potosí ni de las autoridades responsables de fiscalizar las licencias ambientales. Tampoco se conoce si el SEDES realizó nuevos estudios, inició tratamientos o estableció un sistema permanente de vigilancia.
El siguiente paso será transparentar el estudio clínico, verificar las concentraciones detectadas y establecer un plan de atención para las personas afectadas. Paralelamente, las autoridades deberán informar sobre el cierre de los diques y las medidas adoptadas para eliminar la exposición, porque detectar plomo en la sangre solo confirma el problema: todavía falta conocer quiénes necesitan atención inmediata y cómo se evitará que la contaminación continúe.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
