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Un monitoreo ciudadano identificó 26 tipos de plaguicidas en tomate, lechuga, brócoli y apio comercializados en mercados, ferias y supermercados. Entre ellos aparecen sustancias consideradas altamente peligrosas o posiblemente cancerígenas por las referencias utilizadas en el estudio y algunas prohibidas en decenas de países.
Meses después de su publicación, un dato del tercer monitoreo ciudadano sobre residuos de plaguicidas realizado en Cochabamba vuelve a poner el foco sobre la seguridad de los alimentos que llegan diariamente a las familias: entre las sustancias detectadas aparecen plaguicidas que tienen prohibiciones en decenas de países, mientras el propio estudio plantea revisar y ampliar la regulación existente en Bolivia.
La investigación, conducida por la Fundación AGRECOL Andes y publicada en marzo de 2026, analizó 34 muestras de tomate, lechuga, brócoli y apio obtenidas en 11 mercados, ferias y supermercados del área metropolitana de Cochabamba. Los productos fueron sometidos a análisis de laboratorio capaces de identificar residuos de hasta 677 materias activas.
Los resultados identificaron 26 tipos diferentes de plaguicidas. De acuerdo con las clasificaciones empleadas por el informe, 11 son considerados Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) y cuatro como posiblemente cancerígenos (PPC).
Entre ellos destaca el Chlorpyrifos, insecticida que, según el documento, está prohibido en 32 países, incluido Perú. También fueron encontrados Carbendazim, prohibido en 32 países según la tabla del estudio; Omethoatho, en 33; Bifenthrin, en 30; y sustancias como Lufenuron, Imidacloprid, Thiamethoxam y Clothianidin, para las que el documento registra prohibiciones en 28 países.
Esto no significa que su presencia constituya automáticamente una infracción de la normativa boliviana. El propio monitoreo señala que ninguno de los plaguicidas actualmente prohibidos por la norma nacional fue detectado y plantea precisamente que la lista boliviana sea actualizada y ampliada considerando sustancias reguladas en otros países.
Uno de los casos que más destaca en el informe corresponde a una muestra de lechuga obtenida en la feria Ex Vidriolux. El laboratorio detectó 1,116 mg/kg de Chlorpyrifos, concentración que el documento señala como aproximadamente 11 veces superior al Límite Máximo Permitido utilizado como referencia por la Unión Europea y cinco veces superior a la referencia china.
Otra muestra de lechuga, adquirida en un supermercado, registró Bifenthrin en una concentración de 0,031 mg/kg, 2,1 veces por encima de la referencia europea utilizada en el estudio. El documento clasifica esta sustancia como posiblemente cancerígena y señala que está prohibida en 30 países.
En el análisis comparativo de concentraciones, 14 de las 24 muestras contaminadas consideradas en esa evaluación contenían al menos un residuo que igualaba o superaba el Límite Máximo Permitido de referencia.
La investigación también encontró que 10 de las 11 muestras de tomate contenían residuos de al menos un plaguicida. En ocho de las 11 muestras de lechuga y seis de las 11 de brócoli también se detectaron residuos, al igual que en la única muestra de apio analizada. En total, 25 de las 34 muestras presentaron algún residuo.
El tomate concentró además la mayor diversidad: en el conjunto de sus muestras fueron identificados 20 de los 26 tipos de plaguicidas encontrados durante el monitoreo. En la lechuga aparecieron 13 tipos y en el brócoli, ocho.
Otro resultado evita reducir el problema únicamente a los mercados populares. El informe señala que los alimentos con residuos fueron encontrados en diferentes circuitos de comercialización, incluidos mercados populares, ferias francas, supermercados y ferias de municipios del eje metropolitano.
Por ello, el documento concluye que la presencia de residuos no está restringida a un determinado mercado o tipo de establecimiento, aunque también recuerda que se encontraron muestras sin residuos detectables.
El estudio considera necesario avanzar hacia un sistema de trazabilidad que permita identificar con precisión dónde se origina la presencia de estas sustancias y plantea fortalecer la fiscalización para impedir que plaguicidas altamente peligrosos lleguen desde la producción hasta los espacios de comercialización y, finalmente, a la alimentación familiar.
A varios meses de la publicación del monitoreo, sus resultados dejan así una pregunta que trasciende las muestras analizadas: ¿la regulación boliviana está respondiendo al mismo ritmo que las restricciones adoptadas internacionalmente frente a determinados plaguicidas?
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
