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Una visita al tramo comprendido entre la represa de Incachaca y la tranca de Urujara constató la presencia de maquinaria e instalaciones vinculadas a la extracción aurífera junto al curso de agua que atraviesa el sector. Un trabajador aseguró que las operaciones cuentan con autorización de la AJAM, mientras persisten dudas sobre el cumplimiento integral de los requisitos ambientales y territoriales.
Retroexcavadoras, tuberías, maquinaria para procesamiento de mineral y volquetas continúan presentes en el sector comprendido entre Incachaca y Urujara, en la salida de La Paz hacia Los Yungas, según un reporte de la Agencia de Noticias Ambientales (ANA).
La inspección fue realizada luego de una denuncia y permitió identificar varias instalaciones próximas al río que desciende desde el área de la represa de Incachaca.
Durante el recorrido se observaron cañerías descargando agua de apariencia turbia, una retroexcavadora removiendo tierra y equipos semejantes a motobombas y una trituradora.
La observación visual, sin embargo, no permite establecer por sí sola si existe contaminación ni qué sustancias podrían estar presentes en el agua. Para determinarlo serían necesarios análisis técnicos.
Durante la visita, una persona vinculada a las operaciones se acercó a la comisión y reconoció que en el lugar se desarrollan trabajos de minería aurífera.
Según su versión, las actividades cuentan con autorizaciones otorgadas por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y existirían además otras instalaciones desde las proximidades de Incachaca hacia sectores ubicados aguas abajo.
Más arriba también fueron observadas volquetas utilizadas habitualmente para transporte de material en actividades extractivas.
La existencia de un trámite o derecho minero no necesariamente resuelve por sí sola todos los requisitos que pueden corresponder a una operación.
La información recogida por ANA señala que los proyectos mineros deben atravesar diferentes procedimientos administrativos, territoriales y ambientales antes de desarrollar sus actividades, incluyendo evaluaciones ambientales, verificación de posibles conflictos sobre la tierra y procesos de consulta previa cuando corresponda.
Uno de los aspectos centrales es la licencia ambiental, que debe establecer las condiciones bajo las cuales una actividad puede operar y las medidas destinadas a prevenir o controlar sus impactos.
También deben evaluarse eventuales afectaciones a áreas protegidas, comunidades, fuentes de agua y otros componentes del territorio.
Fuentes citadas por ANA señalaron que existirían casos en los que algunas cooperativas comienzan trabajos extractivos mientras todavía quedan procedimientos pendientes para consolidar plenamente su situación administrativa.
Ese señalamiento deberá ser contrastado con la información oficial correspondiente a las instalaciones ubicadas entre Incachaca y Urujara.
La AJAM habría sido consultada sobre el caso y se esperaba un pronunciamiento institucional que permita esclarecer qué operadores trabajan en el sector, qué derechos poseen y qué autorizaciones ambientales respaldan sus actividades.
La respuesta será determinante para establecer si las instalaciones observadas cumplen con todos los requisitos exigidos y qué mecanismos de fiscalización se aplican en una zona especialmente sensible por su cercanía con cursos de agua.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
