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El municipio de Sena, en el departamento de Pando, abrogó la ley que creó el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Gran Manupare, dejando sin su reconocimiento como área protegida municipal a un territorio amazónico de 452.639 hectáreas, según una investigación del periodista Iván Paredes Tamayo, publicada por Mongabay Latam. La decisión, promulgada por la alcaldesa Rosmery Molina, genera preocupación entre especialistas y organizaciones ambientales debido a las amenazas de minería aurífera y deforestación que enfrenta la región.
La investigación de Mongabay Latam recoge versiones contrapuestas sobre la decisión. Mientras Molina argumenta que la creación del área protegida no contó con el consenso de todas las comunidades y dificultaba la titulación de tierras, el exalcalde Jaime Aguirre sostiene que las consultas fueron realizadas y están documentadas.
La medida fue promulgada por la alcaldesa Rosmery Molina, quien argumentó que la creación de la reserva, en enero de 2024, no contó con el consenso de todas las comunidades y habría generado dificultades para la titulación de tierras. Sin embargo, especialistas y organizaciones ambientales cuestionan que se haya eliminado la figura de protección, particularmente porque la categoría ANMI permite compatibilizar la conservación con determinadas actividades tradicionales y productivas.
El Gran Manupare fue creado para conservar ecosistemas amazónicos y promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Según el estudio técnico elaborado con participación de la Alcaldía de Sena, el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) y Conservación Internacional Bolivia, el 97 % de sus bosques presentaba niveles medios y altos de integridad ecológica.
El documento también identificó 538 especies de plantas, 92 de mamíferos, 501 de aves, 77 de reptiles, 83 de anfibios y 112 de peces. Entre las especies presentes destacan la londra y el árbol de mara, además del jaguar, cuya conservación depende de la continuidad de los hábitats amazónicos.
El territorio resguarda, según el mismo estudio, aproximadamente 9,2 millones de toneladas de carbono considerado irrecuperable, una reserva de importancia para la regulación climática. Su ubicación también contribuye a la conectividad ecológica con otras áreas de conservación, como la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi y el Área Municipal de Conservación y Manejo del Bajo Madidi.
En declaraciones recogidas por el periodista Iván Paredes Tamayo para Mongabay Latam, la alcaldesa Rosmery Molina sostuvo que la creación del Gran Manupare no contó con una consulta adecuada a todas las comunidades y que la protección del territorio habría dificultado los procesos de titulación de tierras.
Molina explicó que la decisión respondió a reclamos de habitantes que buscaban regularizar sus propiedades y desarrollar actividades económicas. No obstante, el exalcalde Jaime Aguirre, durante cuya gestión se creó la reserva, contradijo esa versión y aseguró al mismo medio que se realizaron consultas, talleres y procedimientos documentados con las comunidades.
La controversia evidencia un desacuerdo sobre la participación comunitaria en el proceso de creación del área protegida. Determinar si existieron irregularidades requiere revisar las actas, los procedimientos de consulta y los antecedentes administrativos de la norma original.
El Gran Manupare tenía la categoría de Área Natural de Manejo Integrado, diseñada para compatibilizar la protección de la biodiversidad con el aprovechamiento regulado de recursos naturales y las actividades tradicionales de las poblaciones locales.
Marcos Uzquiano, presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (Abolac), explicó a Mongabay Latam que esta categoría contempla derechos de uso tradicional, como la pesca y determinadas actividades de aprovechamiento de recursos, sujetos a las normas de manejo correspondientes.
Por su parte, Miguel Vargas, abogado e investigador especializado en derechos indígenas, destacó la importancia de incorporar a las comunidades en la planificación de las áreas protegidas. El especialista señaló que la delimitación de zonas de conservación y aprovechamiento debe construirse mediante el diálogo entre los estudios ambientales y las prácticas de las poblaciones locales.
De acuerdo con Conservación Internacional Bolivia, dentro del Gran Manupare habitan 56 comunidades, diez de ellas indígenas, cuyas actividades económicas incluyen la recolección de castaña, la producción de asaí y la pesca.
La eliminación de la protección legal ocurre en un territorio que ya enfrentaba amenazas relacionadas con la deforestación y la minería aurífera. Desde la creación del Gran Manupare, habitantes y organizaciones ambientales habían alertado sobre actividades extractivas en los ríos de la región, particularmente en el Madre de Dios.
En la investigación de Mongabay Latam, Alfredo Zaconeta, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), advirtió sobre la expansión de la minería de oro en los ríos de Pando y mencionó denuncias de operaciones ilegales en el río Manupare.
La preocupación también fue expresada por Manuel Rodríguez, comunario de la zona, quien en declaraciones a Revista Nómadas, en mayo de 2024, identificó la deforestación y la minería como amenazas para el territorio y pidió políticas que permitieran combinar conservación y desarrollo sostenible.
Aunque estos antecedentes evidencian presiones extractivas sobre la región, no demuestran por sí mismos que la abrogación de la reserva haya provocado nuevas operaciones mineras. Para establecerlo se necesitan registros actualizados de autorizaciones, concesiones y actividades efectivamente desarrolladas.
La senadora por Pando Carolina Giese cuestionó la eliminación del área protegida y presentó una Petición de Informe Escrito (PIE) dirigida a la alcaldesa Rosmery Molina, con el propósito de conocer los fundamentos administrativos y legales de la medida.
Según informó a Mongabay Latam, el requerimiento fue presentado el 14 de octubre y contempla un plazo de respuesta de 15 días hábiles. La legisladora también expresó preocupación por versiones sobre un supuesto incremento de actividades mineras después de la abrogación, aunque esas afirmaciones requieren verificación documental.
La solicitud legislativa busca esclarecer los argumentos de la Alcaldía y determinar qué consecuencias tendrá la decisión sobre la gestión ambiental del territorio. También abre la posibilidad de revisar si existen alternativas para atender los reclamos de las comunidades sin eliminar completamente los mecanismos de conservación.
La eliminación del ANMI Gran Manupare plantea un desafío para la gestión ambiental de Pando: resolver las demandas territoriales de las comunidades sin debilitar la protección de bosques que cumplen funciones ecológicas y climáticas esenciales.
La controversia también demuestra la importancia de garantizar procesos participativos, información clara sobre los derechos de uso de los recursos naturales y mecanismos de gestión que permitan conciliar las necesidades económicas de las poblaciones con la conservación de la biodiversidad.
Mientras se esperan las explicaciones oficiales solicitadas por la Asamblea Legislativa, el futuro del Gran Manupare permanece en discusión. El caso pone a prueba la capacidad de las autoridades para proteger la Amazonía boliviana y construir acuerdos duraderos con las comunidades que dependen de sus recursos naturales.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
