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A más de tres años de la muerte de un oso andino en Chuquisaca, la justicia declaró en rebeldía a uno de los acusados por no asistir a la audiencia. Organizaciones defensoras de animales denuncian reiteradas postergaciones y exigen que el proceso avance hasta establecer responsabilidades.
El juicio por la muerte de un oso jucumari, ocurrida en julio de 2023 en inmediaciones del Área Natural de Manejo Integrado El Palmar, volvió a suspenderse después de que uno de los acusados no se presentara a la audiencia programada. El juez Offman Padilla Blacutt, del Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres N.º 5 de Chuquisaca, dispuso su declaratoria de rebeldía y ordenó su aprehensión, mientras fijó el 21 de noviembre como nueva fecha para continuar el proceso.
La decisión judicial se produjo después de que el acusado, identificado por sus iniciales S. Y. Z., argumentara dificultades económicas para trasladarse hasta Sucre y contratar representación legal, sin presentar documentación que justificara su ausencia. A esta situación se sumó la renuncia de su abogado defensor, lo que obligó a designar un abogado de oficio y derivó en una nueva postergación de la audiencia.
El proceso judicial investiga la muerte de un oso andino (Tremarctos ornatus) ocurrida a finales de julio de 2023 en una comunidad próxima al Área Natural de Manejo Integrado El Palmar, en Chuquisaca. Según los antecedentes difundidos, el animal fue perseguido y atacado después de que pobladores lo vincularan con la muerte de una vaquilla, en un episodio que terminó con su asfixia y posterior descuartizamiento.
La investigación reúne elementos como actas de inspección, fotografías y material audiovisual, que forman parte de las actuaciones destinadas a esclarecer las circunstancias de la muerte del ejemplar. Los acusados enfrentan un proceso por presuntos delitos relacionados con el biocidio y la afectación del patrimonio natural, aunque las responsabilidades individuales deberán establecerse mediante una resolución judicial.
Veida Tudo Domínguez, voluntaria de la organización Ríos de Pie, explicó que esta es la segunda ocasión en que se suspende la audiencia. Según declaró al medio Urgente.bo, en la primera oportunidad uno de los acusados, una persona adulta mayor, presentó justificativos relacionados con su estado de salud, mientras que en la nueva audiencia surgieron dificultades vinculadas con la asistencia y la defensa legal de otro procesado.
La activista cuestionó que los impedimentos sean comunicados el mismo día de las audiencias y expresó su preocupación por las demoras acumuladas. Por su parte, Laura Lagrava, quien también realiza seguimiento al caso, lamentó la nueva postergación y pidió que el proceso continúe sin mayores dilaciones, considerando el tiempo transcurrido desde la muerte del animal.
Las suspensiones también tienen consecuencias económicas y logísticas para quienes acompañan la denuncia. De acuerdo con Ríos de Pie, veterinarios, testigos, abogados y activistas deben trasladarse desde distintos departamentos hasta Sucre para participar en las audiencias, lo que implica gastos de transporte, alimentación y hospedaje que en muchos casos son cubiertos mediante aportes particulares.
Domínguez relató que integrantes de la Fundación Protectora de Animales S.A. realizaron actividades de recaudación, incluida la venta de alimentos, para financiar la presencia de testigos y especialistas. Ante estas dificultades, se planteó la posibilidad de desarrollar próximas audiencias de manera virtual, siempre que se garanticen las condiciones legales y procesales correspondientes.
Las organizaciones Ríos de Pie y Protectora de Animales S.A., que acompañan la denuncia, solicitan que se establezcan responsabilidades y se apliquen las sanciones máximas que correspondan conforme a la legislación boliviana. Domínguez sostuvo que la gravedad del caso no se limita a la muerte del animal, sino también a las circunstancias de sufrimiento descritas en los antecedentes de la investigación.
El caso involucra a un ejemplar de oso andino, especie silvestre emblemática de los ecosistemas montañosos de Sudamérica y cuya conservación depende, entre otros factores, de la protección de su hábitat y de la prevención de conflictos con actividades humanas. La muerte investigada también pone de relieve la importancia de contar con mecanismos de respuesta que permitan proteger a la fauna sin recurrir a su persecución o eliminación.
Tras la declaratoria de rebeldía y la orden de aprehensión, las organizaciones anunciaron que mantendrán la vigilancia sobre el cumplimiento de la disposición judicial. La siguiente audiencia está prevista para el 21 de noviembre, fecha en la que se espera retomar las actuaciones procesales, aunque su desarrollo dependerá de las condiciones legales y de comparecencia de las partes.
A más de tres años del hecho, el proceso continúa sin una sentencia definitiva. La próxima etapa deberá permitir avanzar en la valoración de las pruebas y en la determinación de posibles responsabilidades penales, mientras las organizaciones defensoras de animales insisten en que las reiteradas suspensiones no deben impedir el acceso a la justicia.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
