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Las plantaciones de eucalipto promovidas como proyectos de “compensación de carbono” están generando un efecto contrario al prometido: degradación del suelo, agotamiento de fuentes de agua, pérdida de biodiversidad y exposición de comunidades rurales a agroquímicos altamente tóxicos. Lo que se presenta como una solución “verde” emerge como un modelo que vulnera ecosistemas y modos de vida tradicionales.
Diversas comunidades de Paraguay denuncian el uso intensivo de herbicidas e insecticidas en estas plantaciones, pese a que se encuentran próximas a viviendas y unidades educativas. Las fumigaciones no respetan distancias mínimas de seguridad, lo que incrementa los riesgos a la salud, especialmente en niñas, niños y personas mayores.
En zonas donde estas plantaciones avanzan, los eucaliptales consumen grandes volúmenes de agua, reduciendo caudales de pozos, manantiales y arroyos. Esta presión hídrica agrava la escasez en territorios ya afectados por sequías y limita el acceso al agua segura para consumo y producción.
Investigaciones recientes muestran que los monocultivos de eucalipto reducen entre un 50% y 60% las reservas de nutrientes del suelo durante su ciclo productivo, afectando la fertilidad y la capacidad natural de captura de carbono. A ello se suma la pérdida de hábitats, la disminución de especies nativas y la fragmentación de ecosistemas.
Las organizaciones locales también alertan sobre un patrón repetido: la instalación de miles de hectáreas de plantaciones sin consulta previa a las comunidades, generando desplazamientos, pérdida de identidad colectiva y ruptura de actividades económicas tradicionales. Varias familias denuncian haber quedado rodeadas por monocultivos, expuestas a agroquímicos y con menos acceso a fuentes de agua.
En el plano internacional, la legitimidad climática de estos proyectos recibió un golpe decisivo: un tribunal alemán prohibió a una multinacional utilizar la etiqueta “carbono neutral” en productos asociados a créditos obtenidos en plantaciones de eucalipto en Paraguay, por considerar que la afirmación inducía a error. La decisión abre dudas sobre la validez ambiental y ética de este modelo de compensación.
La evidencia disponible confirma que estas plantaciones, lejos de actuar como bosques naturales, profundizan la vulnerabilidad ambiental y social de territorios rurales. El caso paraguayo se suma a un creciente debate global sobre los límites, riesgos y vacíos regulatorios de los mecanismos de compensación basados en monocultivos forestales.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
