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La presencia de dragas y maquinaria pesada en el río Toromonas, dentro de la TCO Tacanas II, encendió la alerta de organizaciones indígenas que denuncian ante la AJAM una grave amenaza ambiental y cultural para un Pueblo Indígena en Aislamiento Voluntario, cuya existencia ha sido documentada en la zona.
La Central de Comunidades Indígenas Tacanas II Río Madre de Dios (CITRMD) presentó una denuncia formal ante la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) por la operación de minería ilegal en el río Toromonas, un área de alta sensibilidad ambiental y social donde existen indicios confirmados de la presencia de un pueblo indígena no contactado.
La denuncia cuenta con el respaldo de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) y de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), e incluye evidencias audiovisuales y verificaciones en campo que muestran dragas y maquinaria pesada trabajando tanto en el cauce como en las riberas del río. Las organizaciones advierten que estas actividades están generando contaminación, deforestación y destrucción del bosque primario amazónico.
Roland Mejía, presidente de la CITRMD, afirmó que ninguna autoridad indígena legítima autorizó estas operaciones y que cualquier documento que intente avalarlas responde a acuerdos individuales sin validez colectiva. “En Madre de Dios la única cooperativa autorizada es Asobal RL. Hemos solicitado información a la AJAM sobre áreas legalmente habilitadas y no hemos recibido respuesta”, señaló.
Uno de los aspectos más preocupantes de la denuncia es el riesgo directo que la minería ilegal representa para un Pueblo Indígena en Aislamiento Voluntario, presuntamente relacionado con los pueblos Toromona o Araona. Ante esta situación, las organizaciones exigen la participación del Ministerio de Justicia en las inspecciones, en cumplimiento de la Ley 450 de Protección a Naciones y Pueblos Indígenas en Situación de Alta Vulnerabilidad.
Las entidades indígenas recordaron que la TCO Tacanas II cuenta con doble protección legal: es un territorio titulado y, además, un área con presencia confirmada de Pueblos Indígenas en Aislamiento (PIA). En ese marco, advirtieron que la actividad minera ilegal vulnera la Ley 450, normativas ambientales vigentes y convenios internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado boliviano.
Entre las demandas planteadas a la AJAM se encuentran la realización de una inspección técnica in situ con participación de autoridades indígenas, la entrega de un informe detallado sobre solicitudes de contratos mineros y procesos de consulta previa, así como la activación inmediata de acciones de interdicción y el desalojo de operadores ilegales, incluidos extranjeros.
“Defenderemos nuestra casa grande y no permitiremos que destruyan nuestro territorio ni amenacen la vida de nuestros hermanos en aislamiento”, señala el pronunciamiento emitido por las organizaciones.
Los dirigentes también cuestionaron las omisiones de la AJAM, señalando que inspecciones previas no detectaron daños ambientales de gran magnitud, lo que genera “profunda extrañeza” y abre interrogantes sobre posibles negligencias o falta de transparencia.
Como antecedentes, la denuncia recuerda informes de monitores ambientales indígenas, reportes técnicos de YPFB y testimonios especializados que confirman la presencia de pueblos no contactados en el área. Uno de los registros más recientes data del 17 de septiembre, cuando personal de la empresa china BGP reportó indicios durante trabajos de exploración para YPFB. Asimismo, investigaciones del CEDIB señalan que el SERNAP declaró la zona como intangible debido a la posible presencia del pueblo Toromona.
Redactado por : Alexander Zegarra Gutierrez - Departamento de comunicación
