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Una inspección en Chuquihuta reveló una operación mecanizada de extracción de oro con maquinaria pesada y aproximadamente 50 personas. La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) constató modificaciones del cauce, grandes acumulaciones de lodo y excavaciones profundas en un área donde no se acreditó autorización para explotar minerales.
Una intervención de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) puso al descubierto trabajos de extracción de oro sin autorización acreditada en aproximadamente cinco kilómetros del lecho de un río, dentro del área minera ALQO, en el municipio de Chuquihuta, provincia Rafael Bustillo de Potosí. Según el informe oficial publicado por la AJAM el 28 de octubre de 2026, la inspección evidenció excavaciones de hasta 12 metros de profundidad, maquinaria pesada y la presencia de unas 50 personas.
El operativo, realizado el 27 de octubre junto con efectivos de la Policía Boliviana, también permitió identificar modificaciones del cauce natural, acumulaciones de lodo y grava, así como equipos destinados al movimiento y procesamiento de material aurífero. Los hallazgos reflejan una intervención intensiva del entorno fluvial y plantean interrogantes sobre sus posibles consecuencias ambientales.
Durante el recorrido, los técnicos de la AJAM identificaron excavaciones de hasta 12 metros de profundidad, algunas con acumulaciones de agua, además de grandes cantidades de sedimentos removidos y alteraciones en el cauce natural del río.
Estas modificaciones evidencian la magnitud de los trabajos realizados sobre el terreno. La extracción mecanizada de material en los cauces puede provocar erosión, alteraciones en el transporte de sedimentos y afectaciones a los ecosistemas acuáticos, aunque para establecer la magnitud de los daños en Chuquihuta se requieren evaluaciones ambientales específicas.
Los hallazgos fueron documentados mediante fotografías y grabaciones de video que servirán como antecedentes para las actuaciones administrativas y legales correspondientes.
La inspección permitió identificar excavadoras, volquetas, motobombas y estructuras metálicas destinadas a clasificar el material extraído, además de vehículos y recipientes aparentemente utilizados para almacenar combustible.
Según la AJAM, en el sector también se encontraron carpas instaladas como campamento, con capacidad estimada para alojar entre 15 y 20 personas. Durante el operativo se constató la presencia de aproximadamente 50 personas y algunas abandonaron el lugar al advertir la intervención.
La combinación de maquinaria pesada, sistemas de bombeo y equipos de clasificación evidencia una actividad mecanizada destinada a recuperar oro, con capacidad para remover y procesar grandes cantidades de material del lecho fluvial.
Uno de los principales hallazgos de la AJAM fue la situación administrativa del área intervenida. Según los registros oficiales, ALQO está vinculada a una solicitud de contrato administrativo minero presentada por la Empresa Minera Pitman S.R.L., cuyo trámite todavía se encontraba pendiente.
Al momento de la inspección, la autoridad minera no identificó un contrato suscrito ni una resolución administrativa que habilitara los trabajos de extracción observados. Esta situación constituye un indicio de explotación minera sin autorización acreditada, sujeto a las verificaciones y determinaciones legales correspondientes.
Es importante diferenciar la existencia de una solicitud administrativa de la autorización efectiva para explotar minerales. Asimismo, la vinculación del área con un trámite presentado por una empresa no demuestra, por sí sola, que esta sea responsable de todas las operaciones encontradas.
La intervención del 27 de octubre no fue la primera actuación institucional en ALQO. El 26 de agosto de 2026, la AJAM informó que durante una inspección realizada dos días antes había identificado maquinaria pesada, campamentos improvisados y una poza utilizada para el lavado y concentración de material mineralizado.
En aquella oportunidad, la autoridad minera también señaló que el área no contaba con un derecho minero vigente que autorizara las actividades observadas. Además, reportó una situación de alta conflictividad y manifestaciones intimidatorias contra el personal que participaba en la verificación.
Este antecedente muestra que las actividades extractivas en ALQO ya habían sido detectadas meses antes y vuelve a plantear la necesidad de evaluar la efectividad de los controles y las medidas adoptadas para impedir operaciones sin autorización.
Tras la nueva inspección, la AJAM informó que continuará las actuaciones correspondientes para que las instancias competentes evalúen los antecedentes y determinen las medidas administrativas o legales que correspondan.
La investigación deberá esclarecer quiénes realizaron y financiaron las operaciones, establecer las responsabilidades sobre la maquinaria identificada y determinar si existen infracciones ambientales adicionales a la presunta explotación minera sin autorización.
También será importante conocer el alcance de las alteraciones del cauce y las medidas necesarias para prevenir nuevos impactos. La documentación presentada hasta el momento no incluye resultados de análisis de calidad del agua ni una cuantificación de las superficies afectadas.
La intervención en Chuquihuta evidencia los desafíos del control minero en Potosí, donde las actividades mecanizadas pueden transformar extensas áreas de terreno antes de que se determinen las responsabilidades correspondientes. El caso plantea la necesidad de reforzar la fiscalización, investigar las operaciones sin respaldo legal y evaluar los efectos ambientales sobre los sistemas fluviales.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
