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El Gobierno boliviano reconoció que grupos vinculados a la minería ilegal aurífera operan en algunas zonas del país con protección de personas armadas, luego de registrarse ataques con armas de fuego contra comisiones técnicas encargadas de fiscalizar actividades mineras sin autorización.
Durante el primer semestre de 2026, al menos dos operativos de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) fueron repelidos con disparos y dinamita en comunidades del departamento de La Paz. La entidad advierte que la minería ilegal dejó de ser únicamente un problema administrativo y ambiental para convertirse en un desafío relacionado con seguridad, soberanía y control territorial.
La expansión de la minería ilegal en Bolivia ingresó en una nueva fase marcada por la violencia y la presencia de grupos armados. Según información publicada por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam, autoridades nacionales reconocieron que algunas zonas auríferas del país se encuentran bajo control de organizaciones que operan al margen de la normativa minera y que estarían vinculadas a otros delitos como tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero.
Uno de los hechos más recientes ocurrió el 1 de julio en la comunidad de Achiquiri, municipio de Mapiri, en el departamento de La Paz, donde una comisión técnica de la AJAM fue atacada mientras realizaba una inspección para verificar posibles actividades mineras ilegales.
De acuerdo con el reporte, los funcionarios fueron recibidos con piedras y disparos de armas de fuego, obligándolos a abandonar el lugar para resguardar su integridad. El vehículo institucional quedó con daños producto del ataque.
El director de la AJAM, Jaime Sanabria, afirmó que este tipo de hechos muestran una nueva dimensión del problema.
“Donde hay minería ilegal, hay tráfico de armas, hay una tenencia ilegal de estas armas, existen grupos irregulares, existen grupos vinculados con temas de narcotráfico, con el lavado de dinero, legitimación de ganancias y otros”, declaró a Mongabay Latam.
La autoridad explicó que desde noviembre de 2025 las intervenciones realizadas por la institución en regiones como Pando, La Paz, Beni y Potosí encontraron resistencia violenta por parte de grupos que utilizan armas de fuego y dinamita para impedir los controles estatales.
Además del caso de Achiquiri, la AJAM reportó otro ataque ocurrido el 9 de abril en la comunidad de Lip’ichi, municipio de Sorata, donde una comisión de la entidad y un contingente policial fueron recibidos con disparos y explosivos durante un operativo de restitución de derechos mineros.
Sanabria señaló que ambos casos continúan en investigación y que hasta el momento no existen personas detenidas por estos ataques. En el caso de Lip’ichi, las autoridades identificaron a dos presuntos líderes del grupo involucrado, quienes cuentan con órdenes de aprehensión.
Un problema que supera el ámbito minero
Para expertos consultados por Mongabay Latam, la situación requiere una respuesta coordinada entre diferentes instituciones del Estado. El geógrafo y analista minero Fernando Alcons afirmó que los ataques contra funcionarios forman parte de una tendencia que se viene agravando.
Según el especialista, desde noviembre de 2025 se registraron al menos 14 casos denunciados de minería ilegal, varios de ellos con resistencia durante las inspecciones oficiales.
“La minería ilegal no nació con este gobierno, pero ahora le toca a este gobierno tomar una decisión que definirá el futuro de las actividades mineras ilegales y el destino de las fuentes de agua, la biodiversidad, la producción agroecológica y los pueblos afectados”, señaló Alcons.
El experto sostuvo que es necesario fortalecer la coordinación entre la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, la Procuraduría, gobiernos municipales y entidades ambientales para enfrentar estructuras que, en algunos casos, cuentan con mayores recursos de movilización que los equipos fiscalizadores.
Impacto ambiental y disputa por el control territorial
La minería ilegal aurífera también genera impactos ambientales debido al uso de maquinaria pesada y dragas que alteran cursos de ríos y afectan ecosistemas amazónicos, según reportes ambientales citados por Mongabay Latam.
Sanabria indicó que la AJAM continuará con las labores de fiscalización, pero bajo nuevas estrategias que incluirán inteligencia y apoyo de fuerzas de seguridad para ingresar a zonas donde actualmente existen dificultades de control estatal.
Por su parte, representantes de cooperativas mineras rechazaron que en algunas zonas exista presencia de organizaciones criminales. Carlos Alanoca, presidente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco), aseguró que el caso de Achiquiri corresponde a un conflicto interno dentro de una cooperativa y negó que exista una estructura armada dedicada a la minería ilegal.
Mientras continúan las investigaciones, el Gobierno prepara acciones interinstitucionales para recuperar presencia estatal en áreas auríferas donde las autoridades reconocen que la minería ilegal ya representa un desafío que va más allá de la explotación de recursos minerales.
Por: Joel Poma - Comunicación
