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Tres incendios forestales amenazan el Valle de Tucabaca, el Área Natural de Manejo Integrado San Matías y una zona próxima a la frontera con Brasil, según información difundida por Red Uno con base en reportes de Alas Chiquitanas. La reactivación del fuego no solo vuelve a poner en riesgo bosques, fauna y comunidades, sino que abre interrogantes sobre la fiscalización de las quemas y el cumplimiento de las medidas ambientales vigentes.
Al menos tres incendios forestales activos habrían afectado aproximadamente 30.900 hectáreas de bosques y pastizales en la Chiquitanía, de acuerdo con un reporte de la organización voluntaria Alas Chiquitanas difundido por Red Uno. Los puntos identificados se encuentran en Roboré, el Área Natural de Manejo Integrado San Matías y una zona del norte de Santa Cruz cercana a la frontera con Brasil.
Según Red Uno, Daniela Justiniano, representante de Alas Chiquitanas, explicó que los datos provienen de monitoreo satelital internacional y de reportes realizados en terreno. La información atribuye unas 8.900 hectáreas afectadas al incendio próximo al Valle de Tucabaca, otras 7.000 al fuego dentro del ANMI San Matías y cerca de 15.000 hectáreas al frente ubicado junto al límite con Brasil.
Estas cifras todavía no fueron acompañadas, en la información difundida por Red Uno, por un balance oficial de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra —ABT— o de las instituciones departamentales encargadas de atender emergencias. Tampoco se detalló cuántas comunidades se encuentran directamente expuestas ni si existen viviendas, cultivos o fuentes de agua afectadas.
Justiniano pidió una intervención inmediata de las autoridades y solicitó que el Tribunal Agroambiental investigue las circunstancias en las que se iniciaron los incendios. Según la declaración recogida por Red Uno, la voluntaria cuestionó que continúen registrándose quemas bajo condiciones meteorológicas que favorecen una rápida propagación del fuego.
El riesgo aumenta ante el pronóstico de fuertes vientos y temperaturas elevadas. Red Uno informó que las ráfagas podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora en sectores de la Chiquitanía y que las temperaturas llegarían hasta los 37 grados, condiciones que pueden dificultar las labores de control y facilitar la expansión de las llamas.
La reaparición de incendios también reactivó el debate sobre el cumplimiento de la pausa ecológica y las normas que regulan el uso del fuego. En una entrevista difundida por Red Uno, el abogado ambientalista Rodrigo Herrera afirmó que las medidas preventivas no estarían siendo respetadas y pidió que la ABT intensifique las acciones de fiscalización.
Herrera sostuvo, en declaraciones a Red Uno, que las autoridades deberían identificar a quienes iniciaron los incendios y activar procesos administrativos y penales cuando existan indicios de responsabilidad. También señaló que la fiscalización no debería limitarse a extinguir las llamas, sino establecer el origen de cada evento y determinar si hubo quemas ilegales.
El abogado cuestionó además la continuidad de un conjunto de leyes y decretos a los que organizaciones ambientalistas denominan “normas incendiarias”. Entre ellas mencionó la Ley 741, promulgada en 2015, que autoriza desmontes de hasta 20 hectáreas en pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas destinadas a actividades agrícolas y pecuarias.
Herrera afirmó en Red Uno que existen tres propuestas legislativas orientadas a derogar o modificar las normas cuestionadas. Sin embargo, la información difundida no detalla los números de los proyectos, su contenido ni la etapa legislativa en la que se encuentra cada uno, por lo que esa afirmación requiere documentación adicional para establecer su situación actual.
El jurista también atribuyó la propagación de los incendios a intereses vinculados con la expansión agropecuaria. Esta posición corresponde a su análisis y no fue contrastada por Red Uno con representantes del sector productivo ni con investigaciones concluyentes sobre el origen específico de los tres incendios reportados. Por tanto, no puede aplicarse automáticamente a todos los eventos activos.
El informe de la REDESCA sobre los incendios de 2024 recomendó al Estado investigar y sancionar efectivamente los incendios intencionales, revisar las políticas relacionadas con el uso del fuego y avanzar hacia un modelo de gestión integral. Aunque este documento es citado en el debate público, no constituye una determinación judicial sobre la responsabilidad de una persona o sector en los incendios actualmente registrados.
El siguiente paso será conocer los reportes oficiales sobre la superficie afectada, las operaciones de control y las causas de cada incendio. También se espera una respuesta de la ABT y de las autoridades departamentales sobre las acciones de fiscalización, mientras el avance del fuego mantiene bajo amenaza áreas protegidas, comunidades rurales y ecosistemas que aún se recuperan de anteriores emergencias.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
