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La justicia agroambiental ratificó un fallo contra la Empresa Minera Manquiri por contaminación en lagunas del sistema Kari Kari, utilizadas para el abastecimiento de agua de la ciudad de Potosí. El dictamen establece medidas de restauración ambiental y monitoreo tras la detección de metales pesados y cianuro libre en sedimentos.
Potosí volvió a colocar en el centro del debate nacional la relación entre actividad minera, acceso al agua y control ambiental. La Sala Primera del Tribunal Agroambiental ratificó la sentencia contra la Empresa Minera Manquiri S.A., filial de la canadiense Andean Precious Metals, por la afectación ambiental en cuatro lagunas del sistema Kari Kari: Ulistia, Pisco Ckocha, Lobato y Chalviri.
El Auto Agroambiental Plurinacional S1 N° 017/2026 confirmó la obligación de la empresa de ejecutar acciones de restauración ambiental, implementar puntos de monitoreo y desarrollar auditorías sobre el impacto generado en cuerpos de agua estratégicos para el abastecimiento de la ciudad de Potosí.
La decisión judicial surge tras una demanda presentada en 2023 por la concejal Reyna Menacho, quien impulsó investigaciones técnicas y análisis laboratoriales realizados por distintas instancias, entre ellas la Administración Autónoma Para Obras Sanitarias (Aapos). Los estudios identificaron presencia de plomo, cadmio y cianuro libre en sedimentos de las lagunas.
Según la información presentada en el proceso, en la laguna Ulistia se detectaron concentraciones de plomo de 0,2 mg/l, cadmio de 0,08 mg/l y cianuro libre de 0,003 mg/l. Estos cuerpos de agua forman parte del sistema hídrico que abastece aproximadamente al 45% de la población potosina.
El fallo establece un plazo de cuatro meses para la ejecución del plan de restauración y marca uno de los precedentes más relevantes en materia de protección ambiental y gestión de recursos hídricos frente a operaciones extractivas en Bolivia.
De acuerdo con los informes técnicos incluidos en el proceso, la contaminación estaría vinculada a la proximidad de las presas de colas y a las operaciones de lixiviación utilizadas en el proyecto San Bartolomé, cuyo modelo de producción se basa en el procesamiento de pallacos, sucus y desmontes mediante cianuro.
La resolución judicial también vuelve a poner bajo observación el crecimiento operativo de la compañía. Reportes financieros de Andean Precious Metals muestran que las ventas netas pasaron de 146 millones de dólares en 2021 a 162,7 millones en 2023, mientras la producción de plata se mantuvo por encima de los 5,2 millones de onzas anuales.
En paralelo, sectores sociales y comunarios han expresado preocupación por la expansión de operaciones en áreas próximas a nuevas cuencas y comunidades rurales, alertando sobre posibles impactos futuros en reservas de agua y salud pública.
Durante declaraciones públicas posteriores al fallo, la concejal Reyna Menacho señaló que la resolución representa un precedente nacional en defensa de las fuentes de agua y el control de la contaminación minera. También afirmó que el proceso judicial permitió visibilizar denuncias acumuladas desde hace más de una década sobre la ubicación de presas de colas cerca de cuerpos de agua destinados al consumo humano.
El caso reabre el debate sobre los mecanismos de fiscalización ambiental, la relación entre crecimiento extractivo y sostenibilidad hídrica, y la capacidad de las instituciones para responder a conflictos ambientales vinculados a actividades mineras en territorios históricamente dependientes de este sector económico.
Para especialistas y organizaciones ambientales, el desafío inmediato será verificar el cumplimiento efectivo de las medidas ordenadas por el Tribunal Agroambiental y monitorear si los procesos de restauración logran revertir el deterioro registrado en las lagunas del sistema Kari Kari.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
