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Tres personas detenidas durante una intervención por presunta actividad minera irregular en inmediaciones de Senda Verde, en Coroico, recuperaron su libertad y retornaron a la zona, según la defensa del refugio. La decisión ocurre mientras todavía están pendientes los análisis realizados a muestras de agua y se prepara una nueva querella por posibles delitos ambientales.
La liberación de tres personas detenidas durante un operativo contra una presunta actividad minera en inmediaciones del refugio Senda Verde abrió un nuevo capítulo en un conflicto que todavía mantiene varias preguntas sin respuesta: si la operación tenía todas las autorizaciones necesarias, qué daños ambientales produjo y si existe contaminación en el río Coroico.
El operativo se desarrolló el jueves 20 de agosto en una zona próxima al centro de custodia de fauna silvestre, en Coroico, después de denuncias sobre trabajos de extracción de oro.
Un reporte inicial de Red Uno señaló que la Fuerza Especial de Lucha contra los Delitos Ambientales intervino el sector y dejó una persona aprehendida y otras dos arrestadas. En ese momento, la investigación preliminar se abrió por presunta explotación ilegal de minerales.
La intervención también permitió recolectar muestras de agua y revisar el área donde se desarrollaban las actividades.
Días después, las tres personas recuperaron su libertad.
Rodrigo Herrera, abogado de Senda Verde, declaró a Red Uno que durante la intervención se habrían constatado tala de bosque, movimientos irregulares de tierra y afectaciones a cursos de agua.
Según su versión, pese a esos elementos, la audiencia que terminó con la liberación estuvo relacionada con delitos patrimoniales y no con los presuntos delitos ambientales que motivaron inicialmente la intervención.
Herrera cuestionó esa situación y anunció que la defensa del refugio presentará una querella específica para que esos hechos sean investigados.
Red Uno informó que, de acuerdo con el abogado, las tres personas regresaron posteriormente a la comunidad de Yalaca.
La liberación, sin embargo, no significa que las personas hayan sido declaradas inocentes de eventuales infracciones ambientales. Del mismo modo, su detención inicial tampoco permite considerarlas responsables mientras no exista una determinación judicial.
Sin acceso a la resolución de la audiencia y a los fundamentos del Ministerio Público, tampoco es posible concluir que la decisión judicial haya sido irregular.
Uno de los elementos que puede definir el rumbo de la investigación todavía permanece pendiente.
Durante la intervención fueron tomadas muestras de agua que posteriormente se remitieron al Instituto de Calidad Ambiental de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) para realizar análisis especializados.
Hasta el momento no se hicieron públicos los resultados.
Este dato es fundamental porque las denuncias alrededor de la operación minera han incluido una posible afectación al río Coroico.
Por ahora, cualquier afirmación de contaminación debe mantenerse como una hipótesis bajo análisis.
En una inspección previa, la AJAM y la Policía habían reportado indicios de deforestación y una posible afectación al río, además de la presencia de maquinaria pesada —entre ella una excavadora y una clasificadora de mineral— próxima al refugio. Las autoridades indicaron entonces que serían los estudios y la investigación los que determinarían responsabilidades.
La preocupación de Senda Verde comenzó antes de las detenciones.
El refugio denunció el ingreso de maquinaria al sector próximo a sus instalaciones y alertó sobre los riesgos que una operación minera podría representar para su entorno.
Un recorrido realizado posteriormente por Red Uno constató que maquinaria pesada permanecía en la zona incluso después del operativo inicial.
Senda Verde alberga a más de 1.200 animales silvestres rescatados y ha advertido que los accesos cercanos son utilizados para transportar alimentos, medicamentos, insumos y ejemplares que requieren atención veterinaria.
Eso explica por qué el conflicto no se limita únicamente a determinar la legalidad de la minería. También existe preocupación por garantizar el funcionamiento del centro y la seguridad de los animales bajo su custodia.
Herrera afirmó a Red Uno que Senda Verde recibió información de que sectores de la comunidad tendrían la intención de retomar las actividades mineras.
También señaló que existiría preocupación ante un posible ingreso a los terrenos del refugio.
Ambos puntos corresponden, por ahora, a información comunicada por la defensa y no a hechos confirmados independientemente.
No existe hasta el momento un reporte policial que confirme una nueva incursión contra Senda Verde después de la liberación.
Por esa razón, la defensa anunció que solicitará al Ministerio Público gestionar ante un juez la presencia permanente de efectivos policiales en inmediaciones del refugio.
La medida buscaría prevenir nuevos incidentes y permitir que eventuales inspecciones ambientales se desarrollen sin enfrentamientos.
Otro elemento pendiente es determinar cuál era la situación jurídica exacta de la actividad minera intervenida.
El primer reporte policial señaló que las autoridades debían comprobar si quienes trabajaban en el lugar disponían de autorizaciones suficientes para realizar explotación de minerales.
Este punto es clave porque la existencia de una cooperativa, una solicitud en trámite o acuerdos con comunidades no equivale necesariamente a contar con autorización para explotar minerales.
En otros conflictos recientes de los Yungas, la propia AJAM aclaró que una solicitud de derecho minero no habilita por sí misma actividades de explotación y que cada operación debe cumplir los procedimientos establecidos por el Estado.
La investigación en Coroico tendrá que determinar si ese criterio resulta aplicable al caso intervenido junto a Senda Verde.
La defensa anunció ahora la presentación de una querella formal por los presuntos delitos ambientales identificados durante la intervención.
Ese paso podría separar con mayor claridad la discusión sobre eventuales afectaciones ambientales de otros hechos investigados durante el procedimiento inicial.
Los resultados de la UMSA también serán determinantes. Si los análisis encuentran contaminantes o alteraciones atribuibles a las actividades realizadas en el sector, deberán establecerse su origen, concentración, extensión y posibles responsables.
Si, por el contrario, las muestras no muestran contaminación asociada a la operación investigada, ese resultado también deberá incorporarse al proceso.
El caso queda así abierto en tres frentes: la situación jurídica de las personas liberadas, la legalidad de las actividades mineras y el resultado científico de las muestras tomadas en el río.
Mientras esas respuestas no lleguen, la liberación de los detenidos no cierra el conflicto. Traslada ahora el centro de la investigación hacia las pruebas ambientales y las decisiones que adopten la Fiscalía y la justicia.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
