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El vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa, Edmand Lara, presentó un proyecto de ley que propone la eliminación definitiva de la renta vitalicia otorgada a expresidentes y exvicepresidentes. La iniciativa, entregada formalmente a la jefa de bancada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Marlene Miranda, busca su tratamiento inmediato en la Cámara de Diputados y pretende poner fin a un beneficio que Lara calificó como “un privilegio injustificado y oneroso para el Estado”.
Durante la presentación del proyecto, Lara enfatizó que los recursos destinados a estas rentas podrían ser redirigidos a políticas sociales de mayor alcance. “Nuestro compromiso es claro: acabar con privilegios de unos pocos y redirigir esos recursos hacia quienes realmente lo necesitan, especialmente adultos mayores y personas vulnerables”, afirmó ante los medios.
Actualmente, la renta vitalicia, establecida por la Ley 376 del 13 de mayo de 2013, alcanza aproximadamente los 27.500 bolivianos mensuales para cada beneficiario. Según datos del Ministerio de Economía, son doce las exautoridades, entre presidentes y vicepresidentes, que perciben este monto, lo que representa alrededor de 330.000 bolivianos mensuales en conjunto.
El proyecto de ley surge en un contexto de debate público sobre la equidad en la administración de los recursos estatales. Lara advirtió que quienes defienden la continuidad del beneficio “representan a aquellos que se han beneficiado del sistema y que se oponen a cualquier intento de equidad”. En contraposición, algunos legisladores, como Juan del Granado, han manifestado que la renta vitalicia constituye un reconocimiento institucional a la labor de los exmandatarios y no debería eliminarse.
Marlene Miranda, jefa de bancada del PDC, confirmó que la propuesta será presentada oficialmente ante la Presidencia de la Cámara de Diputados y destacó que la eliminación de este beneficio responde a un compromiso asumido de cara a la ciudadanía. Según Lara, esta medida forma parte de un paquete más amplio de reformas destinadas a fortalecer las políticas sociales, como la Renta Dignidad, el subsidio universal de lactancia y los programas de titulación agraria.
“Este proyecto no es simbólico ni retórico; busca corregir un modelo de compensación que ya no se sostiene en tiempos de austeridad ni de justicia distributiva. Nada quedará en discurso”, sentenció Lara.
Con esta iniciativa, el debate sobre el uso de recursos públicos y la revisión de beneficios estatales ingresa nuevamente al escenario legislativo, en un momento clave para la agenda política y social del país.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
