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Bolivia se consolida como uno de los países con mayor informalidad laboral de América Latina, una condición que dejó de ser coyuntural para convertirse en un rasgo estructural del mercado de trabajo. Así lo evidencia el informe Panorama Laboral 2025 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que sitúa al país con más del 75% de su población ocupada en condiciones informales, muy por encima del promedio regional, que ronda el 48%.
El enfoque novedoso del informe no solo está en la magnitud del problema, sino en su persistencia. Mientras otros países de la región lograron reducciones moderadas tras la pandemia, Bolivia mantiene niveles crónicamente elevados, reflejo de una economía basada en el autoempleo, el comercio minorista y actividades de subsistencia, con escasa generación de empleo formal de calidad.
La informalidad golpea con mayor fuerza a quienes ya enfrentan mayores desigualdades. Entre los trabajadores por cuenta propia, más del 85% se desempeña sin acceso a seguridad social, mientras que incluso entre los asalariados, seis de cada diez trabajan sin derechos laborales plenos. Esto confirma que la precariedad no está confinada a la economía popular, sino que atraviesa todo el sistema productivo.
El informe de la OIT advierte además un marcado sesgo de género. En Bolivia, más del 78% de las mujeres ocupadas trabaja en la informalidad, especialmente en comercio, servicios personales y labores no remuneradas. Esta realidad limita su acceso a salud, jubilación y estabilidad económica, profundizando brechas históricas de desigualdad.
La situación de la juventud es aún más crítica. Ocho de cada diez jóvenes ocupados trabajan de manera informal, una cifra que compromete el futuro productivo del país. Aunque Bolivia registra una de las tasas más bajas de desempleo juvenil de la región, el dato es engañoso: la mayoría de los jóvenes trabaja, pero lo hace en condiciones precarias, sin protección ni perspectivas de desarrollo.
La informalidad también está directamente vinculada a la pobreza y la vulnerabilidad social. Según la OIT, más del 70% de los trabajadores informales en Bolivia no accede a ningún tipo de protección social, lo que convierte cualquier crisis económica o sanitaria en una amenaza inmediata para millones de hogares.
En el contexto regional, Bolivia figura entre los tres países con mayor informalidad laboral, una posición explicada por la limitada diversificación productiva, la debilidad institucional y los altos costos de la formalidad. Economistas advierten que, mientras ser formal siga siendo caro y complejo, la informalidad continuará siendo una estrategia de supervivencia y no una elección.
El informe concluye que reducir la informalidad exige políticas públicas estructurales, orientadas a facilitar la formalización, fortalecer la protección social universal y reconocer la diversidad productiva del país. El desafío no es solo generar empleo, sino garantizar que ese empleo sea digno, protegido y sostenible.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
