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La marcha indígena que partió desde la Amazonía boliviana hace más de tres semanas alcanzó la ciudad de La Paz tras un recorrido que atravesó distintos pisos ecológicos del país. La movilización, impulsada por la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B) y respaldada por organizaciones indígenas y campesinas, ingresó a la sede de Gobierno luego de permanecer en la tranca de Urujara, donde los participantes se recuperaron de los efectos del cambio de altitud y las condiciones climáticas.
Durante el último tramo, el grupo avanzó por Chuquiaguillo, Villa Fátima y Miraflores hasta llegar al centro paceño, en medio de tráfico urbano y presencia de ciudadanos que observaron el paso de la columna. En el trayecto, algunos sectores brindaron apoyo con alimentos, agua y abrigo, mientras brigadas médicas atendieron a marchistas con síntomas asociados al mal de altura.
La movilización tiene como eje principal la solicitud de anulación de la Ley 1720, normativa vinculada a la reconversión de tierras. Sin embargo, el planteamiento de los marchistas se amplía a un conjunto de demandas que fueron formalizadas en un pliego petitorio compuesto por doce puntos.
Entre las principales exigencias se encuentra la abrogación inmediata de la Ley 1720, que los movilizados consideran incompatible con el marco constitucional vigente. A ello se suma el pedido de respeto a los territorios indígenas originarios campesinos, en línea con la Constitución Política del Estado, así como la dotación, titulación y compensación de tierras conforme a la normativa agraria.
El documento también plantea el cumplimiento de la Constitución aprobada en 2009, junto con la suspensión y archivo de la ley anti-bloqueos, además de la solicitud de que los derechos indígenas y campesinos sean considerados en el paquete de leyes relacionadas con minería, hidrocarburos e inversiones.
Otro punto incluido es el tratamiento, sanción y promulgación de la Ley de Bosques y otros sistemas de vida, así como la paralización del tratamiento del Proyecto de Ley 060/25, referido a mercados de carbono.
En el ámbito económico y de servicios, los marchistas demandan una solución inmediata al abastecimiento de combustibles de calidad, incluyendo el retiro de carburantes considerados deficientes, además de la dotación de ítems en salud y educación para comunidades indígenas, campesinas e interculturales. También solicitan la atención a problemas de conectividad vial en sus territorios.
El pliego incorpora además la exigencia de un proceso progresivo de erradicación de la hoja de coca en zonas autorizadas, en cumplimiento de la normativa vigente, y la anulación de la renta vitalicia para exautoridades del Ejecutivo nacional.
La dirigencia de la marcha ha señalado su disposición a instalar un diálogo con el Gobierno para abordar estas demandas. Según los representantes, el objetivo es trasladar el contenido del pliego a una mesa de negociación en la que participen autoridades nacionales.
La llegada de la movilización coincide con un contexto de múltiples demandas sectoriales en el país. Organizaciones laborales y sociales han anunciado medidas paralelas, mientras autoridades del Ejecutivo han manifestado su apertura a recibir propuestas dentro de los canales institucionales.
En este escenario, la marcha indígena se posiciona como uno de los actores que ha trasladado sus demandas desde territorios amazónicos hasta el centro político del país, con un documento que reúne planteamientos sobre tierra, normativa, servicios básicos y políticas públicas.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
