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Los residuos depositados en botaderos a cielo abierto no desaparecen después de ser recogidos: pueden generar líquidos contaminantes que atraviesan el suelo, gases inflamables y condiciones favorables para la proliferación de insectos y roedores. Pese a que el plazo para cerrar estos espacios ya venció, cerca de nueve de cada diez municipios bolivianos continúan utilizándolos como destino final de su basura.
Cuando la lluvia atraviesa una montaña de residuos, produce un líquido oscuro que puede transportar materia orgánica, microorganismos y diferentes sustancias contaminantes. Este fluido, conocido como lixiviado, tiene la capacidad de infiltrarse en el terreno y desplazarse hacia aguas subterráneas, quebradas, ríos o fuentes utilizadas por comunidades.
Ese es uno de los riesgos que persisten en Bolivia, donde 300 de los 343 municipios continúan depositando sus residuos en botaderos que no cumplen las condiciones técnicas de un relleno sanitario. Solo 43 municipios contarían con infraestructuras adecuadas para la disposición final, según datos del Diagnóstico Nacional de la Gestión Integral de Residuos Sólidos 2025 y del Inventario Nacional de Botaderos, elaborados por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
El problema no se limita a la acumulación visible de bolsas, plásticos y restos orgánicos. En los botaderos sin impermeabilización ni sistemas de drenaje, la contaminación puede continuar bajo tierra sin ser detectada inmediatamente.
La ingeniera medioambiental Apolonia Rodríguez advierte que los lixiviados pueden recorrer diferentes distancias antes de alcanzar pozos, vertientes u otras fuentes de abastecimiento. Cuando esto ocurre, una deficiente gestión de residuos deja de representar únicamente un deterioro ambiental y puede convertirse en un riesgo para la salud pública.
Sin embargo, la información disponible no identifica cuántos de los 300 botaderos ya contaminaron fuentes de agua ni presenta resultados nacionales de monitoreo de suelos y aguas subterráneas. La existencia del riesgo técnico, por tanto, no debe confundirse con la confirmación de daños específicos en todos los municipios.
La descomposición de residuos orgánicos también genera biogás, compuesto principalmente por metano y dióxido de carbono. Cuando estos gases no son captados, se liberan directamente a la atmósfera y pueden acumularse dentro de los residuos.
El metano es inflamable y puede favorecer incendios o explosiones en sitios de disposición final. Además, tanto el metano como el dióxido de carbono contribuyen al calentamiento global, por lo que el manejo de la basura también tiene efectos sobre la crisis climática.
La exposición permanente de los residuos al viento facilita, además, que plásticos y materiales livianos lleguen a terrenos agrícolas, cuerpos de agua y comunidades cercanas. La basura descubierta también atrae insectos, aves, roedores y otros animales que pueden transportar microorganismos hacia zonas habitadas.
A estos riesgos se suman los malos olores, el humo producido por quemas y la presencia de personas que recuperan materiales reciclables sin equipos adecuados de protección.
La Ley 755 de Gestión Integral de Residuos Sólidos fue promulgada en 2015 y estableció responsabilidades para reducir la generación de basura, aprovechar los materiales recuperables y garantizar una disposición final segura.
La normativa otorgó un periodo de diez años para avanzar en el cierre de los botaderos, reparar los daños ambientales acumulados y establecer sistemas adecuados de tratamiento. Ese plazo concluyó en mayo de 2026, pero la mayoría de los municipios todavía no logró completar la transición.
La obligación no consiste únicamente en dejar de trasladar residuos a esos lugares. El cierre técnico debe incluir la estabilización del terreno, el control de lixiviados y gases, la cobertura de los residuos y el monitoreo ambiental posterior.
Abandonar un botadero sin ejecutar estas medidas puede permitir que la contaminación continúe durante años, incluso después de que los camiones recolectores dejen de ingresar.
El Tribunal Agroambiental también recordó que los botaderos a cielo abierto no pueden mantenerse indefinidamente. Al mismo tiempo, advirtió que su clausura debe realizarse de forma planificada para evitar que la interrupción de la recolección provoque acumulaciones de basura en calles, quebradas y otros espacios improvisados.
Un relleno sanitario se diferencia de un botadero porque está diseñado para reducir los impactos sobre el ambiente. Debe contar con celdas impermeabilizadas, compactación y cobertura periódica de residuos, además de sistemas para recolectar lixiviados, captar biogás y monitorear las aguas subterráneas.
No obstante, la construcción de estas infraestructuras requiere terrenos técnicamente aptos, inversión pública, personal especializado y recursos permanentes para su operación. Numerosos municipios tienen limitaciones presupuestarias y dificultades para encontrar sitios que cumplan las normas ambientales.
También existen conflictos con comunidades que rechazan recibir residuos de ciudades o municipios cercanos, especialmente cuando los proyectos no ofrecen información suficiente ni garantías sobre sus posibles impactos.
Pero reemplazar un botadero por un relleno sanitario tampoco resuelve por completo el problema. Mientras toda la basura continúe mezclada, la infraestructura recibirá materiales que todavía podrían ser reutilizados, reciclados o transformados.
Aproximadamente el 52 % de los residuos generados en Bolivia corresponde a materia orgánica, mientras el 48 % restante está compuesto por plásticos, papel, cartón, vidrio, metales, textiles y otros materiales secos.
La separación desde los hogares permitiría convertir parte de los residuos orgánicos en compost o biogás y recuperar materiales secos mediante cadenas de reciclaje. Esto reduciría el volumen trasladado a los sitios de disposición final y prolongaría la vida útil de los rellenos sanitarios.
También podría mejorar las condiciones de trabajo de las personas recicladoras, quienes actualmente suelen ingresar a botaderos y exponerse a residuos peligrosos, humo, objetos cortantes y agentes contaminantes.
El vencimiento del plazo legal deja ahora una serie de preguntas pendientes: cuántos municipios cuentan con planes financiados para cerrar sus botaderos, qué sitios ya provocaron daños verificables y cómo se controlará la contaminación acumulada durante décadas.
Mientras esas respuestas no lleguen, la basura que desaparece de las calles continuará reapareciendo en forma de líquidos contaminantes, gases, incendios y riesgos para comunidades que muchas veces se encuentran lejos de los lugares donde se generaron los residuos.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
