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Habitantes del municipio paceño aseguran que las actividades extractivas continúan pese a que, según una respuesta de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), la empresa observada no contaría con autorización para desarrollar operaciones en la zona. Los comunarios denuncian posibles impactos sobre el río Boopi, áreas agrícolas y comunidades cercanas.
Mientras continúa la vigilia instalada por habitantes del municipio de La Asunta, crecen las denuncias sobre presuntas actividades mineras desarrolladas en las riberas del río Boopi. Los pobladores sostienen que las operaciones continúan pese a que, según una respuesta emitida por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) a consultas de los vecinos, la empresa observada no contaría con autorización para realizar actividades extractivas en ese sector.
De acuerdo con la información difundida por dirigentes y habitantes del municipio, la principal preocupación está relacionada con el uso de maquinaria pesada en proximidades del cauce del río Boopi. Los comunarios afirman que las intervenciones habrían modificado parte del curso natural del río y ocasionado daños en terrenos agrícolas, principalmente cultivos de plátano.
Asimismo, los vecinos expresan preocupación por el posible uso de sustancias empleadas en la actividad minera, entre ellas mercurio, aunque hasta el momento la información proporcionada corresponde a denuncias realizadas por la población y no a resultados oficiales de peritajes ambientales.
Los dirigentes también cuestionan la falta de respuestas institucionales. Señalan que hace más de un mes presentaron ante el Concejo Municipal una propuesta para declarar a La Asunta como Municipio Libre de Minería, iniciativa que, según indican, aún no fue tratada.
Entre los antecedentes difundidos por los pobladores se menciona el ingreso de retroexcavadoras, cargadoras frontales y volquetas para la remoción de tierras en sectores cercanos a áreas pobladas.
Los vecinos sostienen que la empresa observada no cuenta con un Contrato Administrativo Minero aprobado ni con licencias ambientales vigentes para desarrollar actividades extractivas, extremo que, según indican, fue ratificado mediante una respuesta de la AJAM.
Ante esta situación, solicitaron que la Dirección Departamental de esa institución formalice denuncias ante el Ministerio Público y gestione el apoyo de la fuerza pública para ejecutar la suspensión de las actividades y el decomiso de la maquinaria utilizada.
Los comunarios afirman que el desvío del cauce del río Boopi podría incrementar el riesgo de inundaciones en comunidades asentadas aguas abajo, además de afectar el equilibrio ambiental de la zona.
También manifestaron preocupación por el impacto que las actividades extractivas podrían tener sobre la producción agrícola y las fuentes de agua utilizadas por las comunidades.
Hasta el momento, las autoridades nacionales, departamentales y municipales no han emitido un pronunciamiento público respecto a las denuncias difundidas por los habitantes de La Asunta.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
