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Un fallo histórico del Juzgado de Roboré ordena destruir las estructuras que mantuvieron encerrado al río San Lorenzo por más de una década y reconoce a las comunidades de la TCO Turubó Este como Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales. La sentencia sienta un precedente nacional al consolidar a los ríos como sujetos de derechos y exigir reparación por los daños causados.
La justicia boliviana dio un paso decisivo en la defensa de la naturaleza al emitir una sentencia histórica a favor del río San Lorenzo y las comunidades indígenas de la TCO Turubó Este. El Juzgado de Roboré, a cargo del juez Álvaro Flores, ordenó que en un plazo de 10 días se destruyan todas las infraestructuras —muros, desvíos y represas— que durante más de diez años encapsularon el cauce del río para beneficio privado.
El litigio se remonta a más de una década, cuando el propietario de una hacienda en la Chiquitanía construyó obras ilegales que impidieron el flujo natural del afluente y generaron una sequía artificial para las comunidades de Ipias, Buena Vista, La Ramada, San Juan y Entre Ríos. Las familias debieron comprar agua para sobrevivir, mientras el río se convertía en un embalse cerrado al servicio del ganado.
Durante la lectura del fallo, el juez Flores subrayó que “las leyes se aplican en la magnitud humana y de la importancia de la naturaleza”, consolidando el principio jurídico que reconoce a los ríos como sujetos vivos con derecho a existir, fluir y regenerarse.
El abogado de las comunidades, Rodrigo Herrera, detalló los tres puntos centrales de la sentencia: la destrucción obligatoria de las estructuras que cortan el cauce; la elaboración de un informe pericial para determinar el monto de la indemnización a las familias afectadas; y el reconocimiento de todos los miembros de la TCO Turubó Este como Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales, otorgándoles protección legal frente a futuras amenazas.
La resolución marca un precedente para Bolivia, al elevar la defensa ambiental al centro de la justicia territorial y reconocer que los ecosistemas deben ser protegidos más allá del interés humano. Para las comunidades, la sentencia cierra el capítulo del “río enjaulado” y abre una nueva etapa en la defensa de la Madre Tierra.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
