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La Fiscalía investiga por biocidio y portación ilícita de armas la muerte de un jaguar ocurrida en un barrio de Guayaramerín, Beni. El felino fue abatido luego de ingresar a una vivienda y posteriormente habría sido decapitado, desollado y mutilado; durante las pesquisas, las autoridades recuperaron su piel y sus patas mientras el Ministerio Público anunció que solicitará detención preventiva para el principal investigado.
La muerte de un jaguar que ingresó a una vivienda del barrio San Francisco, en Guayaramerín, derivó en una investigación penal que ya no se concentra únicamente en los disparos realizados contra el animal. La Fiscalía informó que, después de abatirlo, el ejemplar fue decapitado, desollado y mutilado, y que posteriormente se recuperaron partes de su cuerpo en poder de otra persona.
El hecho ocurrió el 8 de agosto, alrededor del mediodía, según el reporte fiscal difundido por Unitel. El caso comenzó a investigarse después de que circularan en redes sociales videos en los que se observa a varias personas alrededor del felino y a un hombre manipulando un arma de fuego y realizando disparos.
La presencia del jaguar había generado temor entre vecinos de la zona. EL DEBER reportó que el animal ingresó a una vivienda y que habitantes del sector, ante el temor de un posible ataque, terminaron abatiéndolo con armas de fuego. Esa circunstancia forma parte del contexto del caso, aunque corresponde a la investigación determinar si la respuesta utilizada estaba jurídicamente justificada y quiénes participaron directamente.
Según imágenes difundidas en redes sociales y recogidas por medios nacionales, varias personas solicitaron la presencia de ciudadanos armados. Después de recibir varios disparos, el jaguar fue sujetado y finalmente trasladado del lugar.
El Ministerio Público informó que el cuerpo del animal posteriormente fue encontrado decapitado, sin piel y mutilado. En el desarrollo de las investigaciones se recuperaron la piel y las patas del jaguar, que estaban en poder de una ciudadana, según el reporte fiscal divulgado por Unitel y la agencia EFE a través de EL DEBER.
Este elemento introduce una dimensión distinta al caso. El debate inicial se concentró en si los vecinos actuaron por temor frente a un animal silvestre dentro de una zona habitada; la recuperación de partes del cuerpo obliga ahora a investigar también qué ocurrió con el ejemplar después de su muerte y con qué finalidad fueron separadas y conservadas esas piezas.
La información disponible no establece que las partes recuperadas estuvieran destinadas al comercio ilegal. Tampoco identifica públicamente alguna transacción económica vinculada con la piel o las extremidades. Por ello, cualquier relación con tráfico de fauna deberá ser demostrada mediante la investigación y no puede darse por confirmada en esta etapa.
El fiscal departamental de Beni, Alexander Mendoza, informó que el caso es investigado por los presuntos delitos de biocidio y porte o portación ilícita de armas. Entre los elementos recolectados figuran informes de la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente —Pofoma—, videos, fotografías, actas de secuestro de partes del animal y el registro del lugar del hecho.
El Ministerio Público anunció que solicitará la detención preventiva del principal investigado debido a la gravedad del hecho y a los indicios acumulados. La determinación final sobre esa medida cautelar corresponde a una autoridad judicial.
La Fiscalía también investiga la posible participación de otras personas. Las imágenes difundidas muestran que había varios ciudadanos en el lugar, pero hasta ahora la información pública no establece responsabilidades penales individuales para todos ellos.
La llegada de grandes felinos a zonas habitadas plantea un problema que va más allá de este caso. WWF identifica entre las principales amenazas para el jaguar la pérdida de hábitat, los conflictos con seres humanos, la cacería y la demanda ilegal de partes de su cuerpo.
En Bolivia, la especie está clasificada como Vulnerable en el Libro Rojo de la Fauna Silvestre de Vertebrados, mientras que internacionalmente figura como Casi Amenazada en la Lista Roja de la UICN, de acuerdo con WWF Bolivia.
La pérdida y fragmentación de los bosques puede incrementar el contacto entre jaguares y asentamientos humanos. Sin embargo, determinar por qué este ejemplar llegó específicamente al barrio San Francisco requeriría información sobre su desplazamiento, las condiciones del hábitat circundante y la disponibilidad de presas.
Organizaciones de protección animal cuestionaron que no se hubiera esperado la intervención de Pofoma y remarcaron que, ante la presencia de fauna silvestre, la recomendación es mantener distancia, evitar provocaciones y comunicar el hecho a las autoridades especializadas.
El siguiente paso estará en manos de la justicia: deberá establecer quién disparó, quiénes participaron en la mutilación del animal, por qué sus partes terminaron en manos de terceros y si existen responsabilidades adicionales. El caso también deja pendiente una discusión sobre los protocolos de respuesta en poblaciones donde la expansión urbana y la pérdida de hábitat aumentan la posibilidad de nuevos encuentros entre personas y grandes felinos.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
