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El TIM II realizó un recorrido después de vencer el plazo otorgado para retirar las operaciones mineras de su territorio. Su presidente, Lucio Ayala, asegura que encontraron 270 balsas, aunque CEJIS contabilizó alrededor de 200 y estima que el 95 % estaría en áreas no permitidas.
El ultimátum venció, pero las balsas continúan en el río. Una inspección realizada por autoridades indígenas del Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II) encontró cientos de embarcaciones utilizadas para actividades auríferas a lo largo de un tramo de 184 kilómetros del río Madre de Dios, según información difundida por ERBOL.
El presidente del TIM II, Lucio Ayala, aseguró que durante el recorrido fueron identificadas 270 balsas mineras. El dirigente precisó que al momento de la inspección las embarcaciones permanecían en el lugar, pero no estaban realizando actividades extractivas. Las autoridades indígenas sospechan que algunas podrían operar durante la noche, aunque Ayala aclaró que esta posibilidad no pudo ser comprobada durante el recorrido.
El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) acompañó técnicamente la inspección para obtener información georreferenciada y verificar la situación de las operaciones. Su responsable en Riberalta, Manuel Menacho, informó que la institución contabilizó alrededor de 200 balsas en el tramo inspeccionado y estimó que aproximadamente el 95 % estaría operando en áreas no permitidas.
Las cifras, por tanto, no son idénticas: mientras la dirigencia del TIM II habla de 270 balsas, CEJIS reporta alrededor de 200. Ambos registros, sin embargo, describen una extensa presencia de infraestructura vinculada a la minería aurífera a lo largo del tramo inspeccionado del Madre de Dios.
La inspección ocurre después de que organizaciones indígenas establecieran el 30 de septiembre como fecha límite para retirar las actividades mineras del sector del río que atraviesa el TIM II. La decisión había sido asumida en medio de denuncias sobre contaminación por mercurio, afectaciones a los peces, daños en riberas y cultivos y posibles consecuencias para la salud de las comunidades.
El plazo venció sin que la presencia de las balsas desapareciera del territorio, según los resultados del nuevo recorrido. Las organizaciones indígenas habían anunciado previamente que, ante la falta de un retiro voluntario de las operaciones cuestionadas, asumirían acciones de control territorial para defender las áreas afectadas.
La Agencia de Noticias Ambientales (ANA) informó este 7 de octubre que comunarios indígenas y campesinos iniciaron acciones para retirar las embarcaciones y que, según reportes procedentes del lugar, 96 balsas habrían sido desalojadas durante la primera hora del operativo.
Sin embargo, la información recogida por ERBOL presenta una versión diferente. Menacho señaló que inicialmente se pretendía realizar un desalojo, pero la medida no llegó a concretarse por falta de acompañamiento de instituciones estatales, entre ellas la Policía, Fiscalía, autoridades ambientales y mineras y las gobernaciones de Beni y Pando.
Ante estas dos versiones, la información disponible no permite establecer de manera independiente cuántas embarcaciones fueron efectivamente retiradas del río. Lo confirmado por ambas fuentes es la movilización indígena posterior al vencimiento del plazo y la permanencia de una elevada cantidad de balsas en el área inspeccionada.
La preocupación de los pueblos indígenas no se limita al número de balsas. Ayala sostiene que las actividades auríferas están afectando el agua, los peces, las riberas y los cultivos y denuncia consecuencias para la salud de las poblaciones asentadas en el territorio, además del ingreso de personas y maquinaria ajenas a las comunidades.
El Madre de Dios arrastra desde hace años denuncias por exposición al mercurio utilizado en la minería aurífera. ANA señala que estudios realizados entre 2023 y 2025 encontraron concentraciones de mercurio en pobladores ribereños superiores al valor de referencia de una parte por millón citado por esa fuente.
La presión minera llevó anteriormente al TIM II y organizaciones indígenas a impulsar una acción ambiental preventiva para exigir medidas frente a los impactos atribuidos a la actividad aurífera. El conflicto combina así la disputa por el control territorial con las preocupaciones por la calidad del agua, la alimentación y la exposición de las comunidades a metales pesados.
La disputa también llegó a la justicia agroambiental. Según la información proporcionada, el Tribunal Agroambiental ordenó en septiembre que el Gobierno y otras instituciones elaboren y presenten un plan integral de intervención para zonas afectadas por minería en los ríos Madre de Dios, Madidi y Tuichi.
También dispuso que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) verifique qué operaciones auríferas cuentan con derechos vigentes y que se suspendan aquellas que no acrediten la correspondiente licencia ambiental. Mientras las instituciones definen su intervención, CEJIS señala que las organizaciones indígenas están asumiendo acciones propias de control territorial.
El 13 de octubre está prevista una nueva reunión de las organizaciones para evaluar la situación y determinar las siguientes medidas. El resultado de la inspección deja ahora una imagen distinta a la esperada después del ultimátum: cientos de balsas continúan presentes en un tramo de 184 kilómetros del Madre de Dios y las comunidades vuelven a exigir una intervención estatal que determine cuáles operan legalmente, cuáles deben ser retiradas y qué impactos están dejando sobre el territorio.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
