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El crimen organizado transnacional se ha consolidado como uno de los principales factores detrás de la degradación ambiental en la Amazonía y podría empujar a una parte significativa del bosque tropical más grande del planeta hacia un posible colapso ecológico, según el informe internacional “El saqueo de la selva: Blindar a la Amazonía del crimen organizado”, elaborado por International Crisis Group.
La investigación advierte que organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal de oro, el tráfico de madera y el lavado de activos ya operan en el 67% de los municipios amazónicos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. El documento sostiene que estas estructuras han ampliado su capacidad territorial, financiera y logística aprovechando las debilidades institucionales, la alta rentabilidad del oro y las nuevas rutas internacionales de cocaína.
El informe señala que la creciente demanda de cocaína en Europa y el endurecimiento de controles en rutas tradicionales desplazaron parte del tráfico hacia corredores amazónicos. Paralelamente, el aumento histórico del precio internacional del oro —que alcanzó cerca de 170 dólares por gramo en enero de 2026— convirtió a la minería ilegal en una de las economías ilícitas más lucrativas de la región.
La investigación advierte que estas actividades no solo generan deforestación directa, sino también contaminación de ríos, expansión de economías ilegales, acaparamiento de tierras, violencia armada y debilitamiento institucional. Según el documento, entre el 20% y el 25% de la Amazonía podría acercarse a un punto de no retorno ecológico, comprometiendo la capacidad natural de regeneración de la selva tropical.
El reporte identifica a organizaciones criminales como el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital (PCC) en Brasil, así como al Ejército de Liberación Nacional (ELN), Comandos de la Frontera, Los Lobos y Los Choneros, como algunos de los grupos con mayor presencia en corredores amazónicos estratégicos vinculados al tráfico de drogas, oro y madera.
En Brasil, el informe sostiene que el Comando Vermelho consolidó presencia en la triple frontera amazónica entre Brasil, Colombia y Perú, además de ampliar operaciones vinculadas a minería ilegal de oro en Madre de Dios, Perú, y extracción ilegal de madera en Loreto y Ucayali. Mientras tanto, el PCC habría fortalecido rutas internas de narcotráfico y conexiones logísticas hacia puertos de exportación utilizados para el envío de cocaína a Europa.
La investigación también alerta sobre el crecimiento de la violencia en provincias amazónicas de Ecuador, donde la tasa de homicidios pasó de 10 por cada 100 mil habitantes en 2021 a más de 50 en 2024, en medio de disputas entre grupos criminales por rutas de cocaína y yacimientos auríferos.
En paralelo, el informe sostiene que la minería ilegal transformó al menos dos millones de hectáreas de selva amazónica en áreas degradadas y sedimentos expuestos, representando un incremento del 52% en seis años. Además, documenta impactos sanitarios relacionados con mercurio, cianuro y proliferación de malaria en zonas mineras.
Uno de los casos mencionados corresponde al territorio yanomami en Brasil, donde las autoridades declararon emergencia sanitaria tras un aumento del 233% en casos de malaria en regiones afectadas por minería ilegal. Según la investigación, alrededor de 570 niños murieron en cuatro años en medio de la crisis humanitaria vinculada al avance de mineros ilegales.
El documento advierte además que las fronteras entre economías legales e ilegales son cada vez más difusas. Según la investigación, el oro extraído ilegalmente en territorios protegidos puede ingresar posteriormente al mercado formal mediante mecanismos de lavado financiero, documentación falsa o triangulación internacional.
Frente a este escenario, International Crisis Group sostiene que las respuestas estatales siguen siendo insuficientes para revertir la expansión del crimen organizado en la Amazonía. No obstante, el informe plantea que aún existe margen para reducir los impactos socioambientales mediante cooperación transfronteriza, fortalecimiento institucional, protección de comunidades indígenas y desarrollo de economías sostenibles.
Entre las recomendaciones se propone fortalecer mecanismos regionales dentro de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), mejorar la coordinación entre países amazónicos, reforzar investigaciones sobre delitos ambientales y promover alternativas económicas sostenibles como agrosilvicultura, ecoturismo comunitario y recolección de productos forestales.
El informe también señala la necesidad de exigir mayor responsabilidad corporativa sobre cadenas de suministro vinculadas a materias primas provenientes de la Amazonía y fortalecer controles internacionales para evitar que minerales, madera o productos asociados a actividades ilícitas ingresen a mercados globales.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
