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La CIPOAP denuncia la presencia de unas 1.300 balsas presuntamente ilegales en el río Madre de Dios y advierte que todavía permanecen 278 embarcaciones en el territorio de 12 comunidades indígenas. Sus dirigentes exigen la intervención del Estado y medidas contra la contaminación por mercurio.
Los pueblos indígenas del departamento de Pando aseguran haber logrado el retiro de aproximadamente el 90 % de las balsas dedicadas a la extracción de oro que operaban en su territorio del río Madre de Dios, después de realizar inspecciones y exigir el desalojo de las embarcaciones. Sin embargo, denunciaron que todavía permanecen 278 balsas y establecieron un plazo de 15 días para que abandonen la zona, mientras reclaman la intervención de las autoridades nacionales frente a la minería presuntamente ilegal y la contaminación por mercurio.
Javier Fernández, presidente de la Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP), informó a Radio Fides que las inspecciones identificaron alrededor de 1.300 balsas presuntamente ilegales, además de otras 751 embarcaciones que, según documentación proporcionada por la cooperativa Asobal, contarían con autorización. El dirigente sostuvo que la cantidad de operaciones irregulares supera ampliamente a las declaradas como legales, una situación que, a su juicio, evidencia la magnitud de la actividad aurífera en la cuenca.
Fernández explicó que las comunidades indígenas iniciaron acciones de control territorial ante la presencia de embarcaciones dedicadas a la extracción de oro aluvial. Según su declaración, estas medidas permitieron que una parte importante de las balsas abandonara la zona, aunque durante una nueva inspección se contabilizaron 278 embarcaciones que todavía permanecían en el territorio.
El dirigente señaló que las comunidades solicitaron pacíficamente el retiro de las balsas restantes y otorgaron un plazo de 15 días para que los operadores abandonen el lugar. También advirtió que, si las embarcaciones continúan en la zona después de ese periodo, las organizaciones indígenas podrían adoptar nuevas medidas pacíficas para exigir su salida.
La dirigencia presentó estas acciones como una respuesta frente a las actividades mineras que consideran incompatibles con la protección de su territorio. No obstante, las cifras del retiro corresponden a estimaciones de las organizaciones indígenas y todavía requieren una verificación independiente que permita establecer cuántas balsas operaban inicialmente, cuántas fueron retiradas y cuántas permanecen en el río.
Uno de los principales cuestionamientos de CIPOAP se relaciona con la cantidad de embarcaciones que desarrollan actividades auríferas en el río Madre de Dios. Fernández afirmó que la cooperativa Asobal proporcionó documentación sobre 751 balsas consideradas legales, mientras que las organizaciones indígenas identificaron aproximadamente 1.300 embarcaciones que presuntamente operarían sin autorización.
El dirigente cuestionó que las balsas irregulares no contribuirían mediante los mecanismos tributarios correspondientes y que su presencia incrementaría las presiones ambientales sobre el río. Sin embargo, la condición legal de cada embarcación deberá ser comprobada por las autoridades competentes, mediante la revisión de autorizaciones, contratos y demás documentos exigidos para la actividad minera.
Las cifras también reflejan la necesidad de diferenciar el número de balsas identificadas a lo largo del río de aquellas que permanecen específicamente dentro del territorio indígena inspeccionado. La información difundida no permite determinar si todos los recuentos corresponden a una misma extensión territorial o a distintos momentos de la intervención.
Las acciones de control se desarrollan en una zona del río Madre de Dios donde se encuentran asentadas 12 comunidades indígenas, cuyos representantes denuncian que la expansión de la minería aurífera afecta sus territorios y recursos naturales. Fernández sostuvo que la intervención comunitaria permitió reducir la presencia de embarcaciones en determinados sectores, pero advirtió que el problema continúa en otras partes de la cuenca.
El dirigente también manifestó preocupación por la presión de distintos sectores económicos sobre el territorio de Pando, incluidos operadores mineros y grupos vinculados con el aprovechamiento de recursos forestales. Según su denuncia, las comunidades enfrentan una creciente disputa por el uso de los recursos naturales, mientras consideran insuficiente la respuesta de las autoridades departamentales y nacionales.
Las organizaciones indígenas sostienen que el control territorial no debería recaer exclusivamente sobre las comunidades, sino que debe contar con la participación de las instituciones responsables de regular las actividades extractivas, proteger el medio ambiente y garantizar los derechos de los pueblos indígenas.
Más allá del número de embarcaciones, CIPOAP identificó la contaminación por mercurio como una de sus principales preocupaciones. Fernández sostuvo que tanto la minería autorizada como la presuntamente ilegal pueden generar impactos ambientales cuando emplean sustancias peligrosas o desarrollan prácticas que afectan la calidad del agua.
El dirigente advirtió que el retiro de balsas de una parte del territorio no resuelve necesariamente los problemas ambientales de toda la cuenca. Señaló que el río Madre de Dios recibe aguas procedentes de Perú y atraviesa distintos sectores de Bolivia, por lo que considera indispensable una intervención que abarque una extensión mayor del sistema fluvial.
La utilización de mercurio en la minería aurífera representa un riesgo ambiental y sanitario por su capacidad de ingresar en los ecosistemas acuáticos y acumularse en organismos vivos. No obstante, las declaraciones difundidas no incluyen resultados recientes de análisis de agua, peces o muestras biológicas que permitan cuantificar la contaminación actual o establecer los niveles de exposición de las comunidades mencionadas.
El presidente de CIPOAP cuestionó la ausencia de una intervención estatal que, según su evaluación, permita controlar de manera efectiva las operaciones mineras en la región. Por ello, solicitó la participación de los ministerios e instituciones competentes para desarrollar acciones de fiscalización y protección ambiental en todo el tramo del río Madre de Dios correspondiente a Pando.
Fernández explicó que las comunidades han logrado intervenir en su propio territorio, pero no cuentan con las atribuciones ni los recursos necesarios para controlar las actividades extractivas a lo largo de toda la cuenca. También pidió que se evalúen alternativas tecnológicas para reducir o eliminar el uso de mercurio en la extracción de oro, sin desconocer la importancia económica que esta actividad representa para distintos sectores.
El dirigente insistió en que las organizaciones indígenas no se oponen necesariamente a toda actividad productiva, sino a aquellas prácticas que generan contaminación y afectan sus territorios. En ese sentido, demandó que las autoridades y los propios operadores auríferos busquen métodos de extracción que reduzcan los impactos sobre los ríos y las comunidades.
El ultimátum de 15 días anunciado por CIPOAP marca una nueva etapa en las acciones indígenas para exigir el retiro de las balsas que todavía permanecen en su territorio. La dirigencia sostiene que continuará realizando inspecciones y demandando la participación de las autoridades, mientras insiste en que la respuesta debe extenderse a otros sectores del río Madre de Dios.
La situación plantea interrogantes sobre la cantidad real de operaciones mineras, la legalidad de las embarcaciones, el cumplimiento de las normas ambientales y las medidas necesarias para reducir la contaminación por mercurio. También pone en evidencia la importancia de contar con información pública verificable sobre las autorizaciones mineras existentes en la cuenca.
Por ahora, el retiro del 90 % de las balsas constituye una afirmación de la dirigencia indígena y no un resultado confirmado mediante un registro oficial independiente. Las próximas inspecciones y la respuesta de las autoridades permitirán establecer el alcance de las acciones emprendidas y el cumplimiento del plazo otorgado a los operadores restantes.
Fuentes: Radio Fides; declaraciones de Javier Fernández, presidente de la Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP); pronunciamiento de representantes indígenas de Pando, según las transcripciones proporcionadas. Unitel Pando.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
