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La reestructuración del Órgano Ejecutivo ingresó a una fase decisiva con la reforma estatal impulsada por el presidente Rodrigo Paz Pereira, que proyecta un ahorro anual de al menos $us 1.000 millones. El aspecto novedoso del anuncio radica en que el Gobierno asegura que no solo está reduciendo ministerios, sino desmantelando una estructura administrativa construida —según afirma— para operar bajo prácticas de corrupción durante más de una década.
El viceministro de Coordinación de la Gestión Pública, Julio Linares, explicó que la reforma busca recortar tres puntos del déficit fiscal y modernizar el aparato estatal mediante una reorganización profunda. El Decreto Supremo 5488 reduce de 17 a 15 ministerios, aunque la cifra caerá a 14 tras el cierre del Ministerio de Justicia; además, disminuye de 58 a 54 viceministerios y elimina 15 direcciones consideradas innecesarias.
Una de las particularidades del proceso es que, pese a asumir funciones de dos ministerios fusionados, el Ministerio de la Presidencia reducirá alrededor del 30% de su personal. Para el Gobierno, esto marca una diferencia con políticas anteriores, donde la estructura estatal —según Linares— se ampliaba mediante decretos motivados por “intereses caudillistas”.
El Ejecutivo prevé consolidar la reforma mediante una futura Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE), que deberá ser tratada por la Asamblea Legislativa para cerrar definitivamente el nuevo diseño institucional y garantizar reglas claras, austeras y estables.
Si bien la administración de Paz destaca que esta transformación permitirá una gestión pública más eficiente y transparente, existen voces críticas. El exviceministro Jorge Silva advirtió que al menos 350 funcionarios quedarían sin empleo tras el cierre del Ministerio de Justicia. Algunos analistas, además, dudan que la reducción de tres ministerios y cuatro viceministerios genere un impacto suficiente en el gasto estatal.
Aun así, el Gobierno sostiene que esta reforma marca el inicio de un rediseño profundo destinado a ordenar el aparato estatal, disminuir el gasto corriente y robustecer la capacidad operativa en el marco del proceso de reconstrucción económica.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
